La 'Operación Valley' llevará al banquillo al exalcalde de Villanueva a partir de mayo de 2026

Habrá pasado más de una década pero, si se cumple el calendario, el juicio por la conocida como 'Operación Valley' arrancará el próximo mes de mayo de 2026 en la Audiencia Provincial. José Luis López Ayala, alcalde popular de Villanueva del Segura durante dos décadas ininterrumpidas (1995-2015), deberá sentarse en el banquillo de los acusados a partir del 6 de mayo para responder de hasta cinco supuestos delitos de corrupción, en los que habría incurrido mientras en apariencia se dedicaba a enriquecerse con el saqueo de las arcas públicas de varias instituciones. Entre ellas, las del propio Ayuntamiento que presidía y las de la Mancomunidad de Municipios del Valle de Ricote, al frente de la cual también permaneció durante ocho años. La operación que permitió desmantelar esta presunta red corrupta, bautizada como 'Valley', fue desarrollada en el año 2013 por la Guardia Civil.

El tribunal ha reservado hasta una docena de sesiones para esta vista, que está previsto que concluya el 11 de junio. El fiscal reclama para el exalcalde José Luis López Ayala –defendido por el letrado Mariano Bó–, once años y medio de prisión por cinco presuntos delitos; para quien fue concejal de Archena por el PP y luego por Unión Independiente del Pueblo, Brígido Palazón, cuya defensa tiene asumida el abogado Raúl Pardo-Geijo, dos años de prisión por un supuesto delito, y para el empresario José Andrés D. M., cinco años por otros dos presuntos delitos.

Los hechos que describe el fiscal Miguel de Mata en su escrito indican que José Luis López y Brígido Palazón encabezaron durante años el Grupo Gescom de asesoría y que, con el supuesto fin de obtener un ilícito beneficio y de propiciar importantes e irregulares desgravaciones fiscales a sus clientes, crearon un entramado de sociedades ficticias que se dedicaban a la emisión de facturas falsas. Para ello habrían contado con la decisiva colaboración de José Andrés D. M., que fue quien, en apariencia, constituyó hasta nueve mercantiles instrumentales –sin trabajadores, sin actividad y con domicilios sociales inventados–, que habrían llegado a emitir facturas mendaces por importe de seis millones de euros.

Estos hechos constituirían un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Pero el supuesto entramado corrupto iba mucho más allá, pues afectaba de lleno a las instituciones públicas del Valle de Ricote. El alcalde de Villanueva y el edil de Archena, empresarios y servidores públicos, habrían logrado sortear el régimen de incompatibilidades que les afectaba y logrado contratar con ambos ayuntamientos y con la Mancomunidad de Municipios del Valle de Ricote, a los que prestaron servicios a través del Grupo Asesor Valle de Ricote. Esta mercantil, que estaba administrada por meros testaferros, facturó a las instituciones públicas un total de 248.000 euros entre 2007 y 2014. En estos hechos, el fiscal aprecia delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas de funcionarios públicos.

En el año 2008, el Ayuntamiento de Villanueva del Segura recibió una subvención directa del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) para la reforma del centro social de mayores, por importe de 32.208 euros, a los que habrían de sumarse otros 10.736 aportados por el Consistorio. Pues bien, el alcalde López Ayala, con el supuesto objetivo de beneficiar a un amigo, Elías B. S., le adjudicó de forma directa esas obras, sin cumplir con el obligado precepto legal de recabar tres ofertas diferentes. Cuando el IMAS detectó esas irregularidades, el primer edil dispuso presuntamente que se justificara de forma mendaz esa concurrencia de otras empresas, lo que se logró con la creación de documentos falsos por parte, supuestamente, de un técnico municipal, Eduardo G. M., también acusado –como el beneficiario de los trabajos– en este procedimiento. El fiscal les atribuye un delito continuado de falsedad en documento público y otro de prevaricación por estos hechos.

El mismo presunto interés en beneficiar a su amigo Elías B. M. habría llevado al alcalde a otorgarle varios trabajos de instalación eléctrica para el municipio, aunque en ningún caso debían de habérsele adjudicado por tener deudas pendientes con Hacienda y la Seguridad Social. Así, lo habría hecho a dedo y sin expediente alguno de contratación. En 2012, para poder abonarle los trabajos, habría creado una sociedad ficticia, Servicios Industriales Genéricos SL, que fue la mercantil que acabó cobrando los 29.472 euros en sustitución de Elías B. M. Estos hechos conformarían a su vez un delito de prevaricación, según la calificación provisional del fiscal De Mata.

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