La 'Operación Brubaker' rastrea nuevas implicaciones en la trama de corrupción de la prisión de Sangonera

La 'Operación Brubaker', en la que la Guardia Civil investiga supuestas actividades corruptas en el seno de la prisión de Sangonera la Verde, está tratando de establecer hasta dónde se extiende esa supuesta trama delictiva, por la que hace un mes ya fue encarcelado uno de los jefes de servicio de este centro penitenciario, J.M.S., como sospechoso de facilitar drogas y objetos prohibidos a los reclusos a cambio de dinero.

Fuentes próximas a estas diligencias, que coordina el Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia, confirmaron a LA VERDAD que las pesquisas se extienden al menos a otro funcionario de prisiones, a quien un interno habría señalado directamente en una misiva remitida a finales del año pasado al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Agentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Guardia Civil habrían tomado declaración a este interno, que actualmente se encuentra cumpliendo condena en Villena (Alicante) y este habría ratificado todas sus imputaciones y habría aportado nuevos datos sobre la forma de actuación de esta presunta red delictiva.

Entre los servicios que supuestamente facilitaban estos dos funcionarios a cambio de dinero se encontrarían desde la introducción de drogas en el centro penitenciario Murcia I hasta la venta de teléfonos móviles -un objeto totalmente prohibido para los presos- y la facilitación de contactos 'vis a vis' con amigas. Incluso podrían haber mediado con otros compañeros y haber ejercido influencia en el seno de la prisión para que se concedieran permisos y beneficios penitenciarios de forma irregular a algunos internos.

Tal como publicó este periódico en exclusiva hace unos días, las tarifas del jefe de servicio J.M.S. oscilarían entre los 300 y los 500 euros a cambio de facilitar esos contactos 'vis a vis' adicionales o, por ejemplo, de permitir llamadas de teléfono fuera de las establecidas en el régimen interno de la prisión.

Pero la vía por la que principalmente habría obtenido importantes cantidades de dinero, incluso de varias decenas de miles de euros, consistía en ofrecer a los reclusos o a sus familiares que participaran en supuestos negocios inmobiliarios en los que decía estar inmerso y con los que, según las denuncias, ofrecía una elevada rentabilidad.

Así, habría llegado a entregar documentación falsa sobre operaciones de compraventa de terrenos con una compañía china inexistente, lo que le sirvió en apariencia para conseguir hasta 60.000 euros de un clan históricamente vinculado al narcotráfico.

Cuando al cabo de un tiempo, los perjudicados comenzaron a pedirle explicaciones sobre el destino del dinero y los beneficios que les había prometido con esa inversión, el jefe de servicio les habría ido dando toda serie de excusas, e incluso habría montado reuniones en las dependencias de la Agencia Tributaria, en apariencia por mediación del alto funcionario con el que colaboraba en sus manejos, para convencerles de que iban a recuperar su dinero. Algo que parece que nunca ocurrió.

En el sumario de la 'Operación Brubaker' se investigan presuntos delitos de cohecho, tráfico de drogas, estafa, frustración de ejecución, fraude a la Administración, falsedad documental y pertenencia a organización o grupo criminal.

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