El Observatorio de Igualdad de la Región de Murcia apenas funciona tres años después de su creación

El Observatorio de Igualdad no acaba de arrancar en la Región de Murcia. La normativa que marcaba su creación fue aprobada hace diecisiete años y quedó constituido formalmente en diciembre de 2020. Integra a sindicatos, agentes sociales y representantes del sector empresarial, pero, a preguntas de este diario, sus miembros no se ponen de acuerdo a la hora de señalar cuándo y para qué los convocaron por última vez. Unos hablan de marzo de 2023, otros de noviembre del año pasado y los hay que aseguran que no han sido citados. La Consejería de Política Social aclara que las últimas dos reuniones se celebraron el 22 de febrero y el 22 de noviembre de 2023 y que volverá a reunirse este mes. Además, en estos momentos se está gestionando la sustitución de algunos de sus miembros debido a cambios en las entidades a las que pertenecen.

Para la diputada socialista Marisol Sánchez, «el Observatorio de Igualdad está prácticamente paralizado». No lo ve así la Consejería, que aclara que, a través de este organismo, se han elaborado los presupuestos de este año con perspectiva de género. También en marzo de 2023 se elevó a consulta pública la modificación de la Ley de Violencia de Género.

Además, recuerdan que en el último encuentro del Observatorio (en noviembre de 2023), no sólo se informó a sus miembros sobre el grado de cumplimiento del primer Pacto Regional contra la Violencia de Género sino que también se adelantaron algunas medidas que se incluirán en el segundo pacto regional. Entre ellas, citan el refuerzo de programas y recursos que fomenten la autonomía personal de las mujeres víctimas de violencia de género para facilitar su inserción sociolaboral; implicar a las víctimas en los diferentes órganos participativos relacionados con la violencia hacia las mujeres y en actos institucionales; desarrollar campañas de sensibilización y prevención en lectura fácil para que sea accesible a personas con discapacidad y también dirigidas a los jóvenes para abordar el ciberacoso y violencias a través de las nuevas tecnologías.

El primer Pacto Regional contra la Violencia de Género caducó en 2022. El balance de la Consejería destaca que cerró con el 98% de las medidas contempladas en marcha. Sin embargo, sindicatos y oposición minimizan su eficacia y echan de menos que no se avance en la aprobación de un segundo plan.

En el año 2018, con motivo de la celebración del 8 de Marzo, el presidente Fernando López Miras anunció la creación de un Observatorio de la Igualdad entre Hombres y Mujeres en la Región de Murcia, que terminó creándose en diciembre de 2020.

La Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres de la Comunidad Autónoma, aprobada en 2007, contemplaba en su artículo 8 la creación de un Observatorio de Igualdad, adscrito a la Consejería con competencias de Mujer, con el encargo de estudiar y hacer visibles «las discriminaciones que se produzcan por razón de género (...) y se manifiesten a través de la violencia». El decreto del año 2020, lo que hizo fue desarrollar el reglamento de funcionamiento de ese observatorio y su composición.

Sobre el papel, el Observatorio de Igualdad se encarga de recabar, analizar y difundir información sobre los indicadores de igualdad de mujeres y hombres en la Comunidad para que sirvan de base a propuestas políticas dirigidas a mejorar la situación en diferentes ámbitos de la sociedad. Sin embargo, su creación anuló la pasada legislatura el funcionamiento de los consejos asesores de Mujer y Contra la Violencia contra la Mujer, que venían de la etapa de Violante Tomás, según Anna María Mellado, de CC OO, que cree que eran importantes porque «por ahí pasaban los borradores de los anteproyectos de ley». Ella explica que son organismos que no se pueden desactivar porque forman parte del organigrama regional, pero si no se convocan, se mueren y eso fue, añade, lo que pasó con Isabel Franco. Ahora Conchita Ruiz ha reactivado el Consejo Asesor de la Mujer, que se reunió la semana pasada.

En la práctica, el Observatorio de la Igualdad, dividido en cuatro comisiones (igualdad, violencia de género, publicidad e imagen no sexista y discapacidad) no ha dejado rastro de su actividad, más allá de la aprobación de su composición, que incluye a 38 miembros en un mandato de cuatro años. Entre ellos, representantes de la Consejería de Política Social, de la Federación de Municipios, sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones que trabajan en temas de igualdad, personas con discapacidad, Tribunal Superior de Justicia, grupos de atención a la mujer de la Guardia Civil y la Policía Nacional, universidades, prensa.... Varios miembros consultados confirman que existir, existe, pero no funciona.

A nivel nacional se mantiene el Observatorio de Igualdad desde octubre de 2000, centrado en evaluar la situación de la mujer en empleo, educación, reparto de responsabilidades, poder, toma de decisiones, salud, exclusión social, así como las políticas de igualdad que se ponen en marcha. Los informes relacionados con igualdad en el ámbito doméstico y administrativo no se actualizan desde 2011. Aún así, hay una percepción generalizada de que se ha avanzado. Desde la Plataforma Colombine de Mujeres Periodistas explican que «si nos fijamos en 2018, sí vemos cambios; antes habría sido impensable que la sociedad afeara el gesto del expresidente de la Federación de Fútbol con la selección femenina. No vamos tan deprisa como quisiéramos, cada paso debe ser firme para no retroceder».

También desde Colombine destacan que «la igualdad real sigue siendo uno de los grandes retos sociales. Estéticamente el discurso ha calado, pero estructuralmente no».

La Consejería de Política Social convocó la semana pasada el Consejo Asesor de la Mujer para dar cuenta de las actuaciones que va a desarrollar la Comunidad para fomentar la participación femenina «en todos los ámbitos de la sociedad, favorecer su desarrollo profesional y conseguir compatibilizar su vida familiar con la laboral». A lo largo de este mes tiene previsto convocar el Observatorio de la Igualdad con un orden del día centrado en proponer medidas y actuaciones a incluir el II Pacto Regional contra la Violencia de Género. En el primer plan entraron principalmente iniciativas centradas en la asistencia y protección a las víctimas, su posterior inserción sociolaboral y en la ejecución de acciones de sensibilización y prevención.

«Muchas de estas acciones tendrán carácter de continuidad en el próximo pacto dada la importancia de las mismas y la necesidad de seguir impulsando actuaciones que refuercen la atención integral a las víctimas», señalan desde la Consejería.

También destacan que este año el presupuesto de Mujer supera los 16 millones de euros. El grueso de esa partida «se destinará a avanzar en igualdad» y a «combatir cualquier discriminación por cuestión de género».

Entre las iniciativas realizadas por la igualdad está la puesta en marcha del programa 'Mujer lidera', dirigido a promover el emprendimiento y liderazgo femeninos. La idea es «fomentar la igualdad de oportunidades y combatir los estereotipos entre hombres y mujeres, poniendo en valor el talento femenino».

Desde la Consejería destacan que se ha aumentado la partida de conciliación y corresponsabilidad con 8,4 millones y que «por primera vez, se cuenta con la participación de entidades privadas sin ánimo de lucro para ampliar los programas y actividades que favorezcan esa conciliación». Asimismo, se ha «impulsado» la formación gratis a empresas sobre igualdad retributiva y laboral con el objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, dentro del ámbito laboral.

Otra iniciativa es el proyecto 'Murcia, Región de mujeres' que promueve la Consejería para visibilizar la historia de mujeres referentes dentro del ámbito educativo, empresarial, cultural o deportivo, con localizaciones en entornos urbanos y arquitectónicos de cada municipio.

Un informe interno de la Dirección General de Mujer considera necesario reformar la Ley de Igualdad y de Protección contra la Violencia de Género para superar la dispersión normativa y para «adaptarla a la realidad y a las características actuales del ámbito prestacional de las administraciones públicas».

El documento, fechado el pasado viernes, plantea además, entre los objetivos de la reforma, la revisión y actualización de la Ley de Igualdad del año 2007 y el cumplimiento de las medidas del Pacto Regional que implican una modificación de esa normativa vigente. El informe también recomienda introducir cambios, ya que desde 2007 han salido otras disposiciones y normas estatales y autonómicas que «hacen necesaria la reforma» de este texto legal aprobado hace diecisiete años.

La idea es adaptar la legislación regional al decreto ley de 2018 de medidas urgentes para desarrollar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género; al decreto de 2019 de medidas urgentes para la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación; a la resolución de 2021 de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género relativa a la acreditación de las situaciones de violencia de género; a la ley de 2022 de garantía integral de la libertad sexual; al decreto ley de 2022 de medidas urgentes de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania; y a la Ley Orgánica de ese mismo año que modificó el Código Penal para agravar las penas previstas para delitos de trata de seres humanos desplazados por un conflicto armado o una catástrofe humanitaria. También debe adaptarse a normativas autonómicas como, por ejemplo, la ley del año 2016 sobre igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.

El proyecto de reforma de la Ley de Igualdad y de Violencia de Género de 2007 salió a exposición pública del 16 de enero al 4 de febrero de 2023.

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