La obligación de cotizar por todos los becarios hace peligrar las prácticas de 20.000 alumnos

La medida inquieta a las dos universidades públicas, la de Murcia (UMU) y la Politécnica de Cartagena (UPCT), donde más de 11.000 estudiantes realizan prácticas, curriculares (las obligadas en el plan de estudios) o extracurriculares, que son las que desempeñan los alumnos para mejorar su formación de forma voluntaria. La mayoría de los títulos que imparte la Politécnica, además, incluyen prácticas curriculares en su plan de estudios obligatorio.

La novedad, que las dos universidades confían en frenar antes de que sea aprobada, afectaría también a los 7.000 estudiantes de grado medio y superior de Formación Profesional, que realizan prácticas no laborales y formativas incluidas en sus planes de estudios, y que tendrían, como los universitarios, que ser dados de alta en la Seguridad Social durante los periodos de prácticas no remuneradas, lo que implicaría un gasto de cerca de 60 euros por alumno y mes.

El millonario coste de las cotizaciones deberían asumirlo las instituciones (universidades y consejerías) o las empresas que participan en la formación de los estudiantes. Según establece el borrador, en el caso de prácticas y programas formativos remunerados, «el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social corresponderá a la entidad u organismo que financie el programa de formación, que asumirá a estos efectos la condición de empresario». En el caso de las no remuneradas, le tocará a la empresa, institución o entidad en la que se desarrollen, «salvo que en el convenio que se suscriba para su realización se disponga que esas obligaciones corresponden al centro educativo en el que los alumnos cursen sus estudios».

El coste de la cotización por todas esas prácticas sería millonario, pero ni las universidades ni la Consejería de Educación se atreven a ponerle una cifra. El precio del abono de esas obligaciones a la Seguridad Social estaría, en cualquier caso, bonificado. «En el supuesto de prácticas y programas formativos remunerados y prácticas no laborales en empresas, se efectuará aplicando las reglas de cotización correspondientes a los contratos para la formación y el aprendizaje, con una reducción del 75% en la cuota empresarial por contingencias comunes», reza el borrador de decreto. En el supuesto de prácticas y programas formativos no remunerados, «la cotización consistirá en una cuota diaria por cada día de realización de prácticas de 0,57 euros».

Más allá del gasto económico, a las universidades les preocupa la gestión de esas obligaciones con la Seguridad Social, que supondría un ingente trabajo. «Son miles y miles de altas y bajas, una tarea de gestión que la Universidad de Murcia tendría muy complicado asumir», dice José Luján, quien tiene claro que la aplicación del decreto «pondría en peligro la pervivencia de las prácticas universitarias». Un temor que comparte Luis Javier Lozano Blanco, vicerrector de Profesorado y Promoción Institucional de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

A las dos universidades les preocupa también que la aplicación de ese decreto retraiga a las empresas que ofrecen formación a los estudiantes. «Es complicado mantener esa disposición por parte de las empresas, que ayudan a formar a los alumnos y pueden no querer asumir obligaciones que no les corresponden», advierte Lozano.

El objetivo de la ley es evitar el uso fraudulento de los contratos en prácticas, un fin al que, considera Luján, puede aspirarse aplicando «un mayor control del cumplimiento de la ley vigente. Deben reforzarse las inspecciones para impedir que se abuse de la figura o se incurra en un fraude, pero para alcanzar ese propósito no es necesario aplicar este decreto», reivindica el rector de la UMU, quien confía en que la intermediación de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y de las consejerías de Educación frene la aplicación de la nueva normativa.

Hasta ahora el Gobierno solo obliga a cotizar por las prácticas remuneradas. Además, en el caso de las prácticas curriculares, que son aquellas que son obligatorias para los alumnos al formar parte de los planes de estudio como una asignatura más, estaban bonificadas al 100% por la Seguridad Social, una exención que desaparece en la nueva regulación. Esas prácticas obligatorias para obtener el título de grado son las que realizan, por ejemplo, los alumnos de los grados de Medicina, Enfermería, Educación y Administración, Dirección de Empresas (ADE), ingenierías... en hospitales, colegios, empresas y entidades. La norma establece un cambio radical en las prácticas externas de todos esos estudiantes, ya que obliga a que los becarios, sin distinción, sean dados de alta y se cotice por ellos.

Los rectores de todas las universidades, agrupados en CRUE Universidades, ya mostraron su malestar y preocupación por las obligaciones introducidas por el decreto cuando se planteó una regulación similar hace dos años, y exigieron al Gobierno que negocie la medida para que solo se pague en formación voluntaria remunerada y nunca por la obligada en las carreras.

Los estudiantes de FP Dual no estarían afectados por el nuevo decreto, ya que estos son dados de alta por el empresario que contrata con una bonificación de la cuota del 100%. El medio millar de estudiantes de FP Dual (el programa que combina la formación académica con prácticas en empresas) reciben una remuneración del 80% del Iprem, unos 430 euros al mes si están 40 horas semanales en la empresa.