«Estuvimos negociando las reformas que se podían proponer en el manifiesto y mi compañera de Bilbao defendía que se mantuviera el cupo vasco, aunque yo quería que se quitara. Ella apostaba por la República y yo por la Monarquía. Al final, consensuamos que debe ... haber un cupo vasco, pero calculado con criterios objetivos y transparentes para que no sea un privilegio. Y se mantiene la Monarquía, pero revisando su régimen jurídico y prerrogativas». Así resume el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia (UMU), Germán Teruel, las reuniones que han mantenido varios jóvenes constitucionalistas españoles para elaborar el manifiesto titulado 'La Constitución de 1978 como pacto intergeneracional para la convivencia en democracia', y que pretende ser «una propuesta para la actualización» de la Carta Magna.
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Sin dejar de reconocer las virtudes de la Constitución de 1978 como «marco para la convivencia pacífica en democracia», como una «norma de consenso», el medio centenar de firmantes del manifiesto reivindican «el valor simbólico de nuestra Transición y del proceso constituyente, así como la necesidad de preservar ese espíritu de tolerancia y concierto», los valores de «libertad, justicia, igualdad y pluralismo político» que actúan como ejes vertebradores del pluralismo político. Sin embargo y de igual modo, el manifiesto deja claro que hay cuestiones que el proceso constituyente dejó «abiertas» en 1978 y que «convendría cerrar» después de cuatro décadas. Entre ellas, la «desconstitucionalización del modelo de organización territorial, que en los últimos años se ha visto sometido a fuertes tensiones». También se refiere el texto al «avance inexorable del proceso de deterioro de las instituciones constitucionales», a lo que hay que añadir el «importante cambio generacional que se ha producido y que ha hecho que, en buena medida, haya desaparecido el sustrato político que caracterizó la Transición, lo que invita a tratar de reforzar la legitimación intergeneracional de la actual Constitución». Por ello, es conveniente, explica el manifiesto, «asumir la prioridad de emprender un proceso reformista de nuestro ordenamiento constitucional si no queremos repetir la tragedia del constitucionalismo histórico español, con normas que no fueron capaces de reformarse y que terminaban superadas por la realidad político-social». Así, los firmantes apuestan por «reformar para conservar lo mejor de nuestra Ley Fundamental y para adaptarla, al mismo tiempo, a los retos y desafíos del presente. La reforma no es un menoscabo del espíritu constitucional, sino su mejor garantía política y jurídica».
«Cuando se habla de reforma constitucional parece que se habla de pelea, de ir a darnos tortas, cuando debe ser todo lo contrario. Es la vía ideal para mejorar, pero siempre que lo hagamos con consenso», resume Teruel, que ha coordinado la elaboración de este manifiesto, junto al profesor de la Universidad de Extremadura Gabriel Moreno. «Necesitamos cambiar de tercio, una catarsis para que nuestro modelo constitucional no se degrade aún más. No podemos caer en el inmovilismo. Tenemos una casa muy buena, pero se está desgastando, y corremos el riesgo de que la casa colapse», ilustra.
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El manifiesto aboga también porque «todos los actores institucionales, pero muy especialmente los partidos, han de manifestar una verdadera voluntad de Constitución». En este sentido, explica el documento que «prácticas como el 'sistema de botín', que lleva a un reparto por cuotas partidistas en la designación de los magistrados y vocales de órganos constitucionales, son quizá el ejemplo más evidente de esa falta de voluntad constitucional». Por ello, pretenden también «generar una cultura constitucional y un sano patriotismo constitucional».
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El valor de la Constitución. Los consensos fundamentales El manifiesto deja claro en sus conclusiones las virtudes de la Carta Magna como marco para la «convivencia pacífica en democracia», y reivindica el valor simbólico de la Transición y del proceso constituyente de 1978, donde se forjaron los «consensos fundamentales que sintetiza la Constitución». También advierte y reconoce el manifiesto la «vocación» integradora de la Carta Magna.
«Incapacidad» ante los cambios. Los avances de las últimas décadas Entendiendo que supone «un reto generacional recuperar el espíritu de diálogo», el texto reconoce que «han sido muchos los avances que se han producido en las últimas décadas para consolidar la democracia, pero preocupa la incapacidad para acometer las reformas que mantengan vivo el ordenamiento constitucional ante la evolución experimentada por la propia sociedad española»
Una remodelación prioritaria. Un pacto básico sobre ordenación territorial El manifiesto propone «un pacto básico sobre la ordenación territorial» que complete equilibradamente los principios sentados en el artículo 2 de la Constitución y dote de un orden institucional adecuado al Estado. «Un pacto, que ha de permitir una mayor integración de las comunidades en las decisiones colectivas, que facilite la colaboración y coordinación entre las distintas autonomías y el nivel central».
Mejorar la calidad democrática. Revisar el régimen jurídico de la Corona El texto propone «un conjunto de medidas para mejorar la calidad democrática y garantizar unos contrapesos institucionales eficaces». Del mismo modo, entiende «oportuno revisar las prerrogativas parlamentarias y el régimen jurídico de la Corona, incluido acabar con la discriminación por razón de sexo en la sucesión». También plantea «avanzar hacia una democracia más participativa».
Derechos fundamentales. Una actualización de la protección El manifiesto, que pide «reivindicar la necesidad de fomentar una cultura constitucional», apuesta por «actualizar la protección y garantía de los derechos fundamentales que ofrece la Constitución para que su realización sea plena, de acuerdo con las nuevas tendencias avanzadas en el Derecho comparado». Todo ello, para que la Constitución siga siendo un pacto intergeneracional para la convivencia en democracia.
Para Germán Teruel, el mayor valor que puede tener esta iniciativa es el «pedagógico», porque se trata de un grupo de jóvenes, «comprometidos con la democracia y con diferentes perfiles ideológicos, que han hecho del constitucionalismo toda su vida», resume. Una de estas jóvenes que también han firmado el manifiesto es la doctoranda de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Sofía Lucas. «En este país, la reforma es un melón que nadie quiere abrir. Todos nosotros tenemos en mayor o menor medida una gran preocupación por la situación política actual, y tenemos claro que la Constitución sufre algunas deficiencias y se ha desactualizado desde su aprobación hasta hoy. Este manifiesto supone un consenso en algunas cuestiones en las que hay que afrontar un debate. La intención, precisamente, es abrir ese debate en la clase política y en la ciudadanía en general», explica Lucas. «Creemos que la Constitución sigue siendo un buen punto de partida, pero, en otras cuestiones, debe ser actualizada y adaptado su catálogo de derecho a las nuevas realidades de la sociedad».
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