Un nuevo golpe al expolio arqueológico en la Región acaba con seis investigados

La Guardia Civil, en el marco del 'Plan para la Defensa del Patrimonio Histórico Español', desarrolló la segunda fase de la operación 'Al-Hadra', que se saldó con la investigación de ocho personas en Murcia y Madrid, como presuntas autoras de los delitos de receptación y apropiación indebida, y la recuperación de 3.300 piezas arqueológicas y fósiles de considerable valor.

Efectivos de la Benemérita especializados en Policía Judicial iniciaron la operación el pasado año 2018 para investigar una actividad delictiva relacionada con el patrimonio histórico que en un principio podría afectar a varias provincias del levante español.

La primera fase de la operación se desarrolló principalmente en los municipios valencianos de Liria y San Antonio de Benagéber, donde se detuvo a los cinco integrantes de un grupo delictivo como presuntos autores de delito sobre el patrimonio histórico, estafa y pertenencia a organización criminal. En los registros domiciliarios efectuados se incautaron 3.300 piezas procedentes de yacimientos arqueológicos de Valencia, Alicante, Castellón, Murcia, Albacete, Teruel y Zaragoza, entre otras provincias, así como detectores de metales, útiles y herramientas empleados para el expolio.

El análisis de la información obtenida durante la primera fase, así como el seguimiento de las piezas puestas a la venta por el grupo criminal desmantelado, dio lugar a la continuación de la investigación con el desarrollo de una segunda fase que culminó durante los últimos días y que permitió a la Guardia Civil recuperar otras 3.300 piezas arqueológicas y paleontológicas que, presuntamente, fueron expoliadas en numerosos yacimientos del centro y sureste español, y que posteriormente habían sido puestas a la venta, tanto a través de internet como directamente por el principal cabecilla del grupo criminal, que se atribuía la condición de anticuario.

En muchos de los casos se intentaban legalizar las piezas confeccionando documentación falsa que diera trazas legales a la procedencia y al origen de estas, lo que hizo más dificultosa la investigación. Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil desarrolló la segunda fase de la operación en la que se investigó a ocho personas como presuntas autoras de los delitos de receptación y apropiación indebida en la Región de Murcia (6) –Murcia, Abarán, Bullas y Cartagena– y en la Comunidad de Madrid (2) en Torrelodones y Titulcia.

De las piezas que la Benemérita recuperó en esta segunda fase destacan un gran número de ellas por su originalidad y escasez en fondos museísticos españoles, tales como el caso de un casco de legionario romano tipo Montefortino, de entre los siglos II a. C. y I d. C., y cuya venta en el mercado ilícito podría superar los 60.000 euros. También destaca una cabeza de caballo de tipo escultórico ibérico y en piedra arenisca. Los investigadores pudieron constatar que ambas piezas fueron expoliadas en algún yacimiento del noroeste murciano.

Entre los efectos recuperados se encuentra más de un millar de monedas ibéricas, romanas y musulmanas de ceca hispana, vasijas cerámicas completas como cráteras, onichoes, kylix, lucernas, pondus y otras áticas en barniz negro del s. IV a. C., una falcata ibérica, espadas y cuchillos, así como un gran número de piezas metálicas y de pequeño tamaño, tales como juegos de pesas, hebillas, fragmentos de exvotos, puntas de flechas, entre otras.

El carácter metálico de estas piezas y sus reducidas dimensiones indica que su hallazgo sería fruto del expolio, en el que se habría usado detectores de metales y otros útiles y herramientas, unos medios que causan un considerable perjuicio en los yacimientos arqueológicos, ya que en muchas ocasiones estos quedan desvirtuados para los arqueólogos por las remociones de tierras y destrucción de sus estratos. A uno de los investigados, además, se le intervino un gran número de piezas fósiles, como amonites, belemnites, espículas, dubalias o bivalvos procedentes muchos de ellos del expolio de yacimientos murcianos.

Todos los efectos intervenidos, tras ser puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mula (Murcia), que ejerce la dirección judicial de la operación, fueron depositados en las instalaciones del Archivo Intermedio, dependiente de la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), para elaborar los correspondientes informes periciales que determinen su originalidad y procedencia, así como los trámites y documentación necesaria tanto para la tenencia como el comercio de las mismas. Los detenidos, los efectos recuperados y las diligencias instruidas fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes, ejerciendo la dirección judicial de la operación el Juzgado de Instrucción de Mula (Murcia).