Nueve de cada diez solicitudes del carné monoparental esperan resolución

Según datos de la Consejería actualizados a 1 de diciembre, Política Social ha recibido 881 solicitudes, de las que todas ya cuentan con expediente tramitado, pero solo 82 de ellas han sido valoradas de forma definitiva. El resto, casi nueve de cada diez, se encuentran a la espera de respuesta, pese a que la ley de familias monoparentales establece un plazo máximo de tres meses para dar una resolución. De esos 82 expedientes valorados, 67 han sido aprobados, 15 han sido denegados «por confusión en el concepto de monoparentalidad», según explicaron fuentes de la Consejería, y tres han recibido un requerimiento para aportar documentación faltante.

Fuentes de la Consejería señalaron a LA VERDAD que «el resto de expedientes serán valorados de forma definitiva en las próximas semanas, ya que la tramitación exhaustiva del procedimiento ya ha sido realizada con celeridad para cumplir en tiempo y forma con el plazo previsto y atendiendo a la fecha del registro de la solicitud».

La representante de Madres Solteras por Elección en la Región de Murcia (MSPE), Ana Fiore, señala que de las 82 integrantes de la asociación ninguna cuenta todavía con la aprobación del reconocimiento de su condición de familia monoparental. «Y eso que todas presentamos la solicitud el mismo día 8 de septiembre o como mucho el 9, porque también hubo problemas con la página web para realizar la solicitud el primer día».

«La gente se impacienta porque llevamos ya mucho tiempo esperando, teniendo en cuenta que la tramitación de la ley tuvo muchos problemas y muchos retrasos hasta que se aprobó en febrero», señala. Tras la luz verde de la Asamblea, las familias tenían que esperar seis meses para la entrada en vigor de la nueva normativa. Es decir, que debía empezar a aplicarse desde el 15 de agosto. «Estábamos pendientes, pero al ser en pleno verano, tuvimos que aguardar hasta septiembre para que se abriera el plazo», explican desde la asociación.

La ley regional recoge que la obtención del título de familia monoparental, con las categorías de general y especial, supone el acceso a beneficios en el pago de tasas y rebajas en los precios públicos. El texto recoge que la administración pública debe otorgar beneficios, «como mínimo, idénticos a los que disfrutan las familias numerosas». Además, la ley establece que la Comunidad debe promover ventajas en la empresa privada y abre la puerta a ayudas universitarias, de transporte y de acceso a la vivienda, entre otras. Otro de los beneficios es la deducción a la hora de liquidar el impuesto de la renta (IRPF).

La ley supuso la atención a una antigua reclamación de estas familias para solventar la situación de desigualdad económica a la que se enfrentan, el empobrecimiento, la precariedad y, en ocasiones, el riesgo de exclusión social que conlleva la asunción en solitario de los cuidados y los gastos, que derivan en problemas económicos y de conciliación.

Rosario Gila, una madre soltera de Murcia con dos gemelas que tienen 15 meses y que forma parte de MSPE, es una de las cabezas de familia que presentó la solicitud el primer día de apertura del plazo. En su caso, del reconocimiento de su condición de madre de un hogar monoparental depende que pueda ahorrarse más de 8.000 euros en la compra de una casa que tuvo que retrasar varios meses, ya que en estas operaciones, contar con el carné o no y una serie de requisitos adicionales que ella cumple, supone la diferencia entre pagar el 8% del impuesto de transmisiones patrimoniales o el 3%. «Estábamos todas esperando, y cuando entramos, nuestra sorpresa fue que nuestro modelo de familia, donde no hay progenitor masculino, ni siquiera aparecía. Llamamos a la Consejería y nos reconocieron que efectivamente no se había tenido en cuenta y nos dijeron que escogiéramos una de las otras opciones».

Como el plazo máximo era de tres mes, llamó para informarse cuando se acercaba su fin. «Me dijeron que hasta que no se cumplieran los tres meses, no podían hacer absolutamente nada por mí, ni mirármelo ni nada porque ese era el plazo establecido, pero que contara con que en tres meses no iba a estar. Y que para febrero tampoco iba a estar», señala. La ley establece que «en aquellos supuestos en que no se produzca resolución expresa en el plazo señalado, se entenderá que las solicitudes han sido estimadas por silencio administrativo», aunque la situación inquieta a las familias a falta del documento con el que poder acreditar su condición.