La nueva ley de vivienda afectará a 11.496 grandes propietarios de la Región de Murcia

La mayoría de los consistorios, además de no aclarar el número de grandes tenedores de viviendas en sus municipios –no es el caso de San Javier, que cifra en 45 los grandes propietarios de la localidad–, prefieren esperar a conocer su contenido definitivo para tomar una decisión sobre si aplicarla o no, mientras otros la critican, porque «ataca directamente al mercado inmobiliario». También los hay quienes confiesan que la utilizarán, pero con reservas, y quienes se muestran satisfechos, porque se trata de un «instrumento ágil», para trabajar en el ámbito de la vivienda protegida. Incluso los hay, en su mayoría, que se niegan a pronunciarse, como el primer edil de Mula, Juan Jesús Moreno, entre otros.

Entre los que ya se pronunciaron a favor está el de Murcia, José Antonio Serrano, quien prevé aplicar la normativa en sus competencias, como recargos en el IBI y cesiones de terrenos para pisos protegidos, como publicó el pasado lunes LA VERDAD. En este caso hay 315 grandes tenedores.

El Consistorio de la ciudad portuaria se mostró cauto y aunque admite que aplicará la ley, dice que lo hará dependiendo de su contenido definitivo. Aun así, fuentes de la alcaldía recuerdan que ya están en marcha medidas concretas para incentivar el sector, como una reducción del IBI del 90% para los propietarios que pongan sus viviendas en alquileres sociales, así como la reducción del ICIO para las construcciones que se lleven a cabo en el casco histórico de Cartagena. Los constructores creen que la norma crea más inseguridad, que provocará que se construya menos y que finalmente quedará en «agua de borrajas», porque están seguros de que la Comunidad Autónoma mantendrá su posición de no aplicarla.

El alcalde de la ciudad del sol, Diego José Mateos, ve una oportunidad para «rescatar» la empresa municipal de suelo y vivienda (Suvilor), que estaba en fase de liquidación desde 2012, «como herramienta para facilitar la aplicación de la normativa». Y añadió: «Necesitábamos disponer de un instrumento ágil para trabajar en el ámbito de la vivienda protegida. La empresa pública servirá para la promoción de pequeños proyectos inmobiliarios destinados a jóvenes, que se desarrollarán preferentemente en el casco histórico». En Lorca hay una veintena de grandes propietarios.

El concejal de Vivienda, Mariano Vicente, está a la espera del desarrollo del decreto para saber qué opciones tiene la Administración local. Admitió que el texto incluye un nuevo concepto de vivienda asequible incentivada, «una figura necesaria para incrementar la oferta a corto plazo con precios asequibles». En este municipio hay 30.000 viviendas y, según datos de 2011, un 20% estarían vacías: unas 5.000.

Para la alcaldesa yeclana Remedios Lajara, el derecho a la vivienda «debe estar amparado por medidas que permitan el acceso a las mismas, pero nunca con medidas intervencionistas por parte del Estado», porque, a su juicio, «repercutirán negativamente en el mercado». En su opinión, las administraciones deben ayudar al desarrollo de la actividad y no fomentar una dependencia del Estado.

El concejal de Hacienda de Cieza, Antonio Martínez Real, descartó que vaya a revisar al alza el Impuesto de Bienes Inmuebles en su municipio para el año 2022, y tampoco tiene previsto hacerlo en 2023, ni para viviendas ocupadas ni para las que están vacías. Respecto a la nueva ley, el edil declinó realizar cualquier tipo de valoración.

Pese a que hay que esperar a «ver la letra pequeña», el edil de Juventud, Participación Ciudadana y Transparencia de Águilas, Juan Andrés Torres, cree que la regulación de los precios de alquiler, la promoción de nuevas viviendas y destinar el 30% a casas sociales «son medidas buenas», porque van a «potenciar» que se equilibre la oferta y la demanda del mercado.

Para el primer teniente de alcalde de Archena, Mario Alcaraz, el Gobierno central «está atacando directamente al mercado inmobiliario, ya que es una nueva ley intervencionista, que ataca a las personas que han estado trabajando toda su vida para obtener un bienestar».

Desde el Consistorio de Alguazas, esta nueva ley «supone un ataque a la propiedad privada y las familias ». Para la alcaldesa, Silvia Ruiz Serna, «es sin duda el traslado a España de políticas propias de países comunistas». Por eso, descartó subir los impuestos en las viviendas no habitadas y recordó que su localidad «es de las que menos IBI se paga de toda la Región».