La nueva ley obligará al SMS a ofrecer la posibilidad de abortar en la sanidad pública

El Gobierno enviará el martes al Congreso su proyecto de nueva ley del aborto con tiempo para que la debata, apruebe y entre vigor en el primer trimestre de 2023. Es el último empujón político a un texto que ensanchará el camino abierto en 2010 por la 'ley Aído' justo cuando el derecho al aborto libre está en cuestión, con el mundo pendiente de que el Tribunal Supremo de EE UU, de mayoría ultraconservadora, lo prohíba en ese país medio siglo después de autorizarlo.

El Ejecutivo debate vacunarse contra un riesgo similar. Los negociadores que ultiman el texto barajan no hacer una reforma sino una nueva ley del aborto, que amplíe, sustituya y derogue la anterior. De triunfar la fórmula, la nueva norma vaciará de contenido el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP hace 12 años contra la ley de plazos y que ahora el presidente conservador de la corte, Pedro González Trevijano, quiere sacar del cajón. La impugnación popular decaería. Al anularse la norma de 2010, el debate del recurso perdería todo su contenido y sentido jurídico.

El punto central de la nueva ley garantiza las interrupciones voluntarias del embarazo en hospitales públicos, de forma que las clínicas privadas queden solo como apoyo. Este planteamiento entra en colisión con las políticas hasta ahora desarrolladas en la Región de Murcia, donde la inmensa mayoría de abortos se llevan a cabo en centros concertados. Según la estadística del Ministerio de Sanidad, en 2020 se realizaron 3.232 intervenciones de este tipo en la Región, todas ellas en clínicas privadas. No obstante, La Arrixaca practicó ese año una veintena de abortos «por causas excepcionales» que no figuran en esta estadística porque Salud no trasladó en su día esta información al Ministerio. En todos los casos, se trató de intervenciones a partir de la semana 22 de gestación.

Después de años de fuerte polémica, el Servicio Murciano de Salud ha sacado recientemente a licitación un nuevo contrato para regular las derivaciones, y contempla que las mujeres puedan someterse a la interrupción voluntaria del embarazo en hospitales públicos a partir de la semana 20, si así lo prefieren.

La Consejería de Salud siempre se ha escudado en la objeción de conciencia por parte de los profesionales para justificar la no realización de abortos en el sistema público. Sin embargo, la última encuesta realizada por el SMS a los ginecólogos de La Arrixaca reveló que solo un 30% objetaría ante cualquier aborto, independientemente del supuesto o las circunstancias.

La nueva ley que prepara el Ministerio de Igualdad regulará de forma más estricta la objeción de conciencia. Ahora, pueden ejercer este derecho todos los profesionales sanitarios de áreas implicadas en la realización de un aborto. En principio, deben hacerlo por escrito y por anticipado, aunque no ha sido esta la tónica en la Región de Murcia. Con la reforma, además, deberán anotar la objeción en un registro autonómico para que las autoridades puedan organizar los servicios y asegurarse de que siempre hay un especialista que realiza las intervenciones.

La ley, en definitiva, pone orden en el ejercicio de un derecho que se ha desnaturalizado. Muchas españolas han tenido que recorrer cientos de kilómetros porque donde viven no hay un solo centro que haga abortos. En la Región de Murcia, mujeres que abortaban a partir de la semana 20 fueron derivadas durante años a Madrid u otras comunidades. Ahora, la norma acaba con las objeciones colectivas en un hospital o en toda una autonomía. El ejercicio será individual, por escrito, previo y registrado.

La nueva regulación derriba los obstáculos que sabotearon la norma de 2010 en muchas autonomías. Cualquier mujer mayor de 16 años será la única que decida qué hace con su cuerpo y su embarazo y, si opta por un aborto voluntario, lo tendrá asegurado en un centro público, cerca de su casa y eligiendo método.

Aún hay puntos centrales del texto sin cerrar. Con seguridad incluirá la gratuidad por ley de los anticonceptivos hormonales (pastillas, parches, anillos o dispositivos intrauterinos) y de la píldora del día después; distribuirá otras fórmulas (como el condón) en campañas formativas que llevará a los institutos, fomentará el uso de anticonceptivos masculinos y establecerá la gratuidad de productos de higiene menstrual en prisiones y para mujeres en riesgo de exclusión social.

Entre las propuestas de Igualdad pendientes de ser aceptadas están la eliminación del IVA de las compresas, copas y tampones (ahora el 10%), una baja médica de tres días para mujeres que sufran reglas dolorosas, un nuevo permiso remunerado prenatal que podrá utilizar cualquier embarazada a partir de la semana 36 y hasta el parto, y una baja por duelo perinatal en caso de aborto espontáneo antes de los seis meses.

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