La nueva ley de universidades dará fijeza al plan plurianual de financiación

La Consejería de Universidades detalló hace semanas que la normativa «promoverá las alianzas universitarias, la internacionalización del sistema para adaptar mejor a los alumnos a un mercado laboral más globalizado y atenderá también el sistema de financiación de la educación superior». En ese último apartado, la nueva normativa se remitirá a la fórmula ideada para la aprobación del último plan plurianual de financiación, firmado en mayo del pasado año.

El plan, que garantiza la estabilidad financiera de las dos universidades públicas de la Región hasta 2029, llegó con cuatro años de retraso y tras tensas negociaciones, y la nueva ley pretende evitar nuevos escenarios de incertidumbre.

El pilar del vigente plan de financiación que la ley incluirá, más que la asignación global, se sustenta en lo que los negociadores denominaron la 'fórmula'. El acuerdo blinda la asignación por parte de la Comunidad del llamado 'capítulo 1', esto es, las nóminas del personal y los gastos corrientes, al 100%. Es decir, las dos universidades públicas tienen garantías de que dispondrán de fondos suficientes del Gobierno regional para pagar todos los meses a su personal y levantar la persiana de los campus con los gastos que acarrean, incluso en el caso de que la aprobación de cambios normativos implique subidas salariales. Las cantidades asignadas en el plan plurianual al 'capítulo 1' no tendrán que encajar pues variaciones derivadas de nuevas normas y legislaciones, como subidas salariales y modificaciones de las figuras docentes derivadas de la reforma universitaria LOSU o de nuevas legislaciones.

El incremento de la financiación media por estudiante, que permite un crecimiento exponencial, también es básico en la concepción de las cuentas.

La fórmula delimita la financiación estructural de las universidades, es decir, las nóminas de los profesores, investigadores y personal técnico, de gestión y de administración y servicios, los incrementos retributivos de cualquier naturaleza y los gastos corrientes que permitan alcanzar el funcionamiento básico de la universidad, «incluyendo las particularidades de las infraestructuras». Y estructura otro apartado vinculado al cumplimiento de objetivos basados en indicadores propuestos por las universidades y por la Comunidad que repercutan en cuestiones estratégicas para la competitividad y el bienestar de la Región.

El hecho de que la nueva ley de Universidades cite la figura del plan plurianual y recurra a la fórmula para estructurar de forma periódica la financiación de la UMU y la UPCT no supondrá, en cualquier caso, un blindaje, ya que, por ejemplo, la coyuntura podrá imponer una prórroga, como ocurre con los presupuestos regionales.

El borrador de la ley regional ha despertado interés entre la ciudadanía y los agentes sociales. El proyecto de normativa ha recibido 221 aportaciones en el proceso de consulta pública previo de instituciones, organizaciones, colectivos y a título individual, un número inusualmente alto en este tipo de procedimientos. Tras su paso por la toma en consideración del Consejo de Gobierno, se trasladará a los agentes sociales implicados, incluidas las tres universidades de la Región, y al resto de consejerías para recabar sus consideraciones al texto y completar su redacción definitiva, que irá en paralelo a la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Región.