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Un tema de conversación suena con bastante fuerza estos días en los rellanos de los edificios de la Región de Murcia. A partir de hoy, entra en vigor la nueva normativa del Ministerio de Industria y Turismo para reforzar la seguridad en los ascensores de ... todas las comunidades de vecinos. Estas instalaciones deben pasar unos nuevos requisitos recogidos en la Instrucción Técnica Complementaria (ITC), lo que obligará a ejecutar importantes cambios en función de la antigüedad de los elevadores y sus diseños.
La Asociación Empresarial de Ascensores de la Región de Murcia, integrada en la Federación Regional de Empresarios del Metal (FREMM), estima que, de 35.000 aparatos registrados y en funcionamiento, aproximadamente entre un 40% y un 45% de ellos deberán adaptarse o sustituirse. Es decir, la nueva 'ITV' de los ascensores afectaría de lleno a 15.000 de ellos. Variadores de frecuencia para nivelar las paradas y evitar escalones entre el suelo del ascensor y el piso; dispositivos de control de peso para alertar de sobrecarga en el aparato o una cortina láser en toda la vertical de la puerta son algunos de los cambios más importantes que deberán asumir las comunidades de propietarios.
«El parque de ascensores de la Región tiene más de 30 años de media», asegura Juan Marcos Vivancos, presidente de la patronal, «la normativa va buscando más seguridad, pero nos ha pillado a todos un poco por sorpresa». Antonio Ruiz, portavoz del Colegio de Administradores de Fincas de Murcia, cree que el Ministerio debía haber establecido una moratoria o un periodo de transición. La nueva regulación deja margen para los cambios. Varían en función de si las cabinas fueron instaladas antes de 1952, entre ese año y 1967 o a partir de ahí. Desde la primera inspección a la que se sometan a partir de ahora, los propietarios contarán con entre 3 y 10 años para cumplir.
La forma de pagarlo, aventura Ruiz, puede ser un problema. Por ello, los administradores de fincas están tratando de negociar «el mejor descuento» posible con las empresas de mantenimiento o pagar a plazos la instalación de nuevas cabinas, motores u otros componentes. «Queremos que haya flexibilidad mediante financiaciones y que las comunidades no tengan que hacer una derrama», explica Ruiz. Cambiar el ascensor por completo, con albañilería incluida, supone un desembolso de 40.000 a 50.000 euros.
Habrá ascensores de 60 o 50 años que exigirán presupuestos grandes para adaptarse a la nueva inspección. Vivancos reconoce que hay barrios o zonas urbanas en las grandes ciudades con tantos años de historia que una gran parte de sus edificios tendrán que invertir en un nuevo ascensor. El portavoz de los administradores de fincas apunta que, ahora mismo, estos profesionales tratan de llevar información a los vecinos y «hacerles ver que es por su seguridad». Las empresas del sector ya tienen lista de espera hasta otoño para implantar los cambios.
La mayoría de los ascensores que deban someterse a una remodelación de su infraestructura conllevará un gasto que podrán asumir las cuentas de la comunidad. Sin embargo, sustituir un elevador implica un coste que pone en serios aprietos a la economía doméstica. El arquitecto Paco Sola, presidente de una comunidad de vecinos en Murcia, alerta de que habrá familias que deban invertir 5.000 y hasta 6.000 euros si hay que cambiar la cabina o los sistemas de accionamiento. «Es un esfuerzo para los vecinos. En los edificios antiguos viven personas mayores o familias que tienen recursos económicos muy limitados».
Sola espera que haya planes específicos de ayudas para poder sufragar estos gastos. El presidente de la patronal de los ascensores remarca, por su parte, que las empresas están pasando «muchos presupuestos» a las comunidades de vecinos, e incluso las inspecciones técnicas se han adelantando estos días para obtener el visto bueno antes de que entren en vigor las nuevas reglas.
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