La nueva ley adelanta a 2023 la elaboración del Plan de Ordenación Territorial del Mar Menor

La Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor, desarrollada a partir de la Ley Integral aprobada como decreto el pasado diciembre, ya es una realidad. Tras una tramitación de urgencia que ha durado casi siete meses, la Asamblea Regional la ratificó ayer en pleno con los votos a favor de los diputados de los tres grupos mayoritarios, el PSOE, el PP y Ciudadanos, lo que, de entrada, le augura un largo recorrido al margen de los ajustes que pueda tener en los próximos años fruto de la experiencia en su aplicación. Como estaba previsto, los diputados de Vox y Podemos, muy críticos con la alianza de los otros tres partidos, votaron en contra. El texto tampoco convence ni a los agricultores ni a los conservacionistas de la plataforma SOS Mar Menor.

La ley establece una relación de medidas para permitir los usos turísticos, urbanísticos y agrícolas con las tareas de regeneración ambiental de la laguna. Entre las nuevas medidas que entrarán en vigor destacan la creación de una franja de protección de 1.500 metros donde solo estará permitida la agricultura ecológica y sostenible de precisión nunca a menos de 500 metros del agua. También quedan restringidos los usos de abonos en toda la cuenca, donde las grandes explotaciones deberán controlar con sensores los aportes de riego y fertilizantes para evitar la contaminación del acuífero cuaternario, que filtra agua y nitratos a la laguna. Los regadíos no consolidados desaparecerán.

También ha sido rebajado de cinco a tres años el plazo para la elaboración de un Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente, que regulará la adaptación de los usos agrícolas y ganaderos al nuevo escenario. Además, impulsará un corredor ecológico alrededor del Mar Menor con el fin de que actúe de filtro ecosostenible y de retenedor de escorrentías. Habrá una regulación de la densidad urbanística en el entorno ribereño, una mejora de la calidad urbana de las áreas ya construidas y la protección de suelos vulnerables. Evidentemente, están prohibidos los vertidos.

Del cumplimiento de la nueva ley en el ámbito agrícola se encargarán los operadores agroambientales que cada empresa deberá tener para asesorar y vigilar, así como un nuevo cuerpo de inspectores de la Comunidad.

El presidente regional, Fernando López Miras, dijo que, aunque no es el texto que hubieran querido ni PP, ni PSOE, ni Ciudadanos, «es una buena ley conseguida desde los distintos posicionamientos». También destacó que la norma hace compatible la complicada tarea de recuperar el Mar Menor con la labor agrícola «sostenible y de precisión».

López Miras trasladó un mensaje a los agricultores, a los que aseguró que su Gobierno ayudará a conseguir la transformación necesaria del sector. También pidió más implicación del Estado para desarrollar las infraestructuras del Plan de Vertido Cero. Tras denunciar que la Confederación Hidrográfica del Segura «pone piedras en el camino», criticó que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva 45 días sin contestar a sus peticiones de colaboración.

El debate y votación de la ley fue seguido en la Asamblea por representantes de organizaciones, cooperativas y comunidades agrarias. El sector la ve abocada al fracaso por considerar que está elaborada sin el suficiente criterio técnico. Auguran que eso se traducirá en el cierre de fincas y la desaparición de cientos de puestos de trabajo. En el otro lado, SOS Mar Menor critica que la mayoría de medidas «no constituyen avances reales» y que beneficia «claramente» al sector agroindustrial «y no a la laguna salada».