Una nube de exigencias difumina la negociación presupuestaria con Vox en la Región de Murcia

Porque la parálisis trasciende a la Comunidad y se hace extensiva al resto de territorios donde los populares dependen de ese apoyo y donde también Vox echó el freno a los acuerdos: Aragón, Baleares, Castilla y León, Extremadura y Valencia. Mientras ese momento llega, no dejan de sumar exigencias, marcar 'líneas rojas' y plantear ultimátums que actúan más como golpes de efecto o cortinas de humo con los que mantener la tensión y, sobre todo, el foco mediático.

Esta semana fue la reforma de la Ley de Participación Institucional lo que tensó esa cuerda, y cuando el PP asumió que tendría que cambiarla si querían seguir contando con sus antiguos socios de Gobierno, ahora la formación liderada a nivel regional por José Ángel Antelo ha puesto su punto de mira en las políticas de igualdad y diversidad sexual. «Si encontramos un solo céntimo destinado al lobby LGTBI, la ideología de género y la Agenda 2030, tumbaremos los presupuestos», dicen.

Los portavoces del PP, tanto en el Gobierno como en la Asamblea, Marcos Ortuño y Joaquín Segado, se lo piden también casi cada semana a Vox: esperan «responsabilidad» y que dejen de lado «intereses partidistas», «priorizando el interés general de la Región de Murcia». A los populares se le acumulan esas 'líneas rojas' mientras intentan apagar otros frentes. Así, después de que ante 1.500 personas Abascal criticara esas políticas de la UE que «arruinan a la Región de Murcia con todo tipo de trabas a los agricultores» y de que Antelo, por su parte, exigiera a López Miras partidas económicas concretas para ello y un pronunciamiento «claro y contundente» contra el Pacto Verde, Núñez Feijóo llegó esta semana a Librilla. Allí criticó a los organismos europeos por «las prácticas desleales y las barreras a la competitividad que están perjudicando al campo español» y demandó que «tienen que ser revisadas», además de anunciar un paquete de medidas fiscales para este sector.

Para encontrar el primer 'peaje' del PP a Vox hay que remontarse a 2019, cuando –en un escenario político y portavoces distintos–, estos arrancaron en el acuerdo presupuestario la aplicación del conocido como 'veto parental' en la Región. De una forma más ligera y con un impacto muy lejos del pretendido por Vox, comenzó a funcionar en 2021 cuando le dieron a este partido la Consejería de Educación. «Se va a poner en marcha, no tenga ninguna duda», volvió a remarcar en 2023 su portavoz parlamentario Rubén Martínez Alpañez tras firmar en la Asamblea con el popular Joaquín Segado el acuerdo de Gobierno que despejó la investidura de López Miras. Ese 'veto parental', sin embargo, no aparece recogido en ninguno de los 30 puntos de ese pacto. Para el PP es el único documento válido para trabajar la negociación. Y todo ello, a pesar de la ruptura del Gobierno de coalición en julio de 2024.

«El tiempo ha pasado y no se pueden dejar estas cuestiones en el olvido o guardadas en un cajón», dijo a comienzos de febrero Antelo sobre la Ley del Mar Menor tras reunirse con COAG. Éste fue uno de los escollos que mantuvo en el aire la investidura de López Miras. Era la línea roja de Vox entonces, tras una campaña electoral donde fue su gran tema. Habiendo duplicado su presencia parlamentaria, de nuevo la demoscopia les marcaba donde llevar la negociación. Presentaron, en solitario, una proposición de reforma que no prosperó y la han vuelto a registrar. El tema lo han recuperado estos días, igual que lo hicieron en septiembre a la vuelta del verano.

Otro de sus frentes es acabar con las ayudas públicas que reciben patronal, sindicatos y partidos políticos. «Cuando podamos, las eliminaremos por completo», remarcó Vox después de que Antelo hablara de pasar «la motosierra» e imponer «aranceles» a estas organizaciones. Emulan así el lenguaje de Javier Milei y Donald Trump, igual que otras veces han hecho con Giorgia Meloni. De nuevo vuelven a su constante: cabalgar sobre la ola a la que más partido creen que le puedan sacar.