Noventa granjas cercanas al Mar Menor afrontan sanciones por incumplir la ley

El importe total de las sanciones propuestas por la Administración es de 50.000 euros y «se han finalizado diez expedientes» relativos a otros tantos establecimientos ganaderos distintos, mientras que el resto está en trámite. La multa planteada en cada uno de esos casos es de 5.001 euros, al tratarse de una infracción grave de la normativa aprobada por la Asamblea Regional.

«Las infracciones detectadas con mayor frecuencia fueron la ausencia de comunicación de los movimientos» de purines al registro electrónico de movimientos de deyecciones ganaderas (Remodega); así como «la ausencia de comunicación o la falta de acreditación, mediante estudio del subsuelo, de la impermeabilidad natural de los sistemas de almacenamiento de deyecciones en explotaciones ganaderas», indicaron estas fuentes.

En octubre pasado, la Administración regional informó también sobre la existencia de sanciones por «la falta de ejecución en el plazo establecido de las actuaciones de impermeabilización artificial» de las balsas de purines. Esta ausencia de sellado genera malos olores y riesgo de desbordamiento de la carga de heces y orines, sobre todo en caso de lluvias torrenciales y, con ello, la contaminación de las ramblas, de los acuíferos y del mar.

Los controles en el Campo de Cartagena se realizaron en el marco del Plan de Inspección de Explotaciones Agrícolas para el trienio 2022-2024, orientado a minimizar los excedentes de nutrientes (nitratos y fosfatos) y los arrastres contaminantes, así como a garantizar que las granjas se ciñen a los nuevos requerimientos legales. Eso incluye el artículo 57 de la ley, relacionado con la aplicación de fertilizantes en las explotaciones.

Las inspecciones efectuadas durante los dos últimos años se han centrado en la zona 2 de la ley, donde los funcionarios de la Comunidad lograron peinar 324 de las 515 granjas registradas ahí, es decir, un 63%. Según los datos de la Consejería, hay 312 explotaciones de porcino, 172 de caprino y ovino y 31 de bovino. «El 80% de las granjas en la cuenca vertiente cumplen con todos los requisitos de la ley», señalaron en la Comunidad, si bien aún quedan instalaciones por fiscalizar. En cualquier caso, la consejera, Sara Rubira, destacó el esfuerzo de los ganaderos por cumplir la normativa medioambiental.

«Valoramos muy positivamente el trabajo que está haciendo el sector ganadero por adaptarse a la norma. En este momento, el cumplimiento de la misma es muy elevado. El objetivo es que todos los ganaderos se adapten a la misma y, por eso, durante los últimos meses se han celebrado reuniones en municipios como Fuente Álamo, Totana y Lorca. Estamos en contacto directo con ellos y les transmitimos toda la información que necesitan», comentó Rubira a este diario.

La titular de la Consejería recordó, asimismo, que «se ha puesto en marcha la Mesa de Ordenación Ganadera, un nuevo espacio de diálogo entre administración y profesionales del sector, que esperamos responda a los retos que tienen por delante». Este órgano da cabida a técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y a organizaciones del sector primario.

El Registro Electrónico de Movimiento de Deyecciones Ganaderas es una de las medidas de la ley del Mar Menor. Es una «herramienta de información que permite el control» sobre las dos opciones de gestión de excrementos permitidas: entregar los desechos a un gestor autorizado para su tratamiento o, «alternativamente, su aplicación al suelo como fertilizante bajo ciertas condiciones». El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, afirmó días atrás que «hay que atacar el problema de las deyecciones de la ganadería» y señaló que su organismo pidió datos a la Consejería. «Si uno calcula las toneladas que se producen, es que no hay superficie suficiente para absorberla en el Campo de Cartagena. Es una cuenta muy sencilla», afirmó. Por ahora, Urrea no ha dado cifras de ese cálculo. Fuentes de la Comunidad indicaron que las inspecciones han elevado en cerca de un 5.000%, casi 50 veces, el volumen de deyecciones declarado en la zona 2, al pasarse de 3.484 m3 en 2021 a 172.391 en 2023. Del total, 45.276 (26%) fueron a gestores y 127.115 (74%) se usaron como enmienda agrícola (abono).

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia emitió el año pasado 62 dictámenes favorables a la Comunidad Autónoma en su decisión de revisar de oficio otras tantas autorizaciones de cambios de orientación productiva en granjas de cerdos en distintas zonas de la Región, entre ellas el entorno del Mar Menor. Estos permisos fueron concedidos por la Dirección General de Ganadería durante varios años, hasta 2020, sin evaluaciones ambientales.

En su informe anual sobre 2023, el Consejo Jurídico explica que los cambios de orientación productiva o zootécnica y las ampliaciones de explotaciones «deben ajustarse» a una orden de 1996 de la entonces llamada Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua. Y ello, debido a la «trascendencia y esencialidad de los trámites ambientales».

La Comunidad consintió pasar de la cría de cerdas reproductoras a la de lechones en 70 granjas. Solo los 23 primeros expedientes revisados afectaban a 80.000 cabezas. El sector está intentando regularizar los cebaderos, asesorado por la Consejería, que no da datos actualizados del resultado. En octubre, había ordenado reducir en 30.000 animales el aforo de 22 explotaciones, 9 de ellas en Fuente Álamo.