La red de narcopisos de 'El Karateca'

Cuando le detuvieron llevaba en el bolsillo la nada despreciable cantidad de 2.440 euros en metálico. Tal suma es un buen ejemplo de los supuestos beneficios que 'El Karateca' estaba obteniendo con la red de narcopisos que tenía distribuida por el territorio regional y que presuntamente había convertido en invernaderos de interior para producir marihuana a gogó. Para el jefe de la comisaría de Policía Nacional de Alcantarilla, Alberto Benavente, más que un objetivo prioritario era casi una obsesión desmontar esta organización y, para ello, puso en marcha la 'Operación Pitón', cuyos resultados fueron tremendamente exitosos a tenor de lo intervenido: 281 kilos de 'maría' valorada en 400.000 euros; más de 330.000 euros procedentes del tráfico de drogas...

Un año y seis meses después de uno de los mayores golpes en la historia de la comisaría de Alcantarilla contra el mercado de la marihuana, el Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia ha emitido un auto de procesamiento contra treinta personas por los supuestos delitos de tráfico de drogas en el marco de una organización criminal y defraudación de fluido eléctrico. A tales ilícitos algunos de los imputados también suman el de tenencia ilegal de armas.

El auto, al que ha tenido acceso 'La Verdad, sitúa a Pedro S. G., alias 'El Karateca', «como el principal responsable de la organización, realizando labores de dirección y control sobre el resto de integrantes, apareciendo como el dueño de las plantaciones incautadas, y siendo quien gestionaría todo el entramado logístico, económico y humano, abonando incluso sus emolumentos a los demás miembros de la organización».

La red de narcopisos y locales se extendía por las pedanías murcianas de Puebla de Soto, Sangonera la Seca, Churra y La Raya, la urbanización La Alcayna de Molina de Segura, las calles Menorca y Lope de Vega de Alcantarilla, la calle Río Luchena y Camino de la Egesa de Librilla, la avenida Ginés Campos de Alhama y el paraje de La Muela en Cehegín. El 'modus operandi' siempre era el mismo: uno de los lugartenientes de 'El Karateca' buscaba pisos, chalés, fincas, locales o sótanos con el objetivo de habilitar invernaderos clandestinos.

Una vez alquilados los inmuebles, por importes que oscilaban entre 500 y 750 euros mensuales, entraba en funcionamiento el resto de eslabones de la presunta organización criminal. Así lo refleja en el auto la magistrada Sacramento Ruiz: «Una de las personas de confianza del líder de la organización asumiría el arrendamiento de los inmuebles y, tras aportar el presunto líder la financiación suficiente para la instalación del material necesario y de las plantas, la vivienda se subarrendaría a una persona situada en un escalón inferior de la organización y que sería la encargada de realizar la última fase de los cuidados y mantenimiento de la plantación».

La estructura de la organización, según la magistrada, era piramidal, con una «distribución de roles perfectamente definidos». De hecho, en cada inmueble había una plantación y un responsable de la misma, que contaba con numerosos recursos humanos: desde vigías a peones «para deshojar los cultivos de marihuana»; incluso electricistas y albañiles para acondicionar hasta el último detalle de los invernaderos.

El auto de procesamiento enumera dieciséis inmuebles dedicados a «mantener una producción constante y múltiple de marihuana con fines de tráfico». Era tal el consumo eléctrico que generaban los focos que empleaban para potenciar la producción que en el piso que usaban de invernadero en el Camino de Pepe la Pequeña, en Sangonera la Seca, generaron una factura astronómica: 26.245 euros en solo ocho meses. La organización no corría riesgos y cuando la cosecha de 'maría' estaba recogida, la magistrada detalla que la transportaban «a domicilios seguros».

Las fuertes medidas de seguridad que adoptaban incluían la instalación de videocámaras de vigilancia o habilitar dobles tabiques en los inmuebles. Llegaron a ser capaces de conectar dos viviendas a través del sótano, en la calle Río Luchena de Librilla, con el objetivo de ocultar 794 plantas. Tampoco escatimaban recursos a la hora de invertir en sustancias para producir hierba a todo trapo. Prueba de ello es que entre la abundante documentación incautada por el Grupo de Policía Judicial de Alcantarilla hay facturas de 13.794 euros por la compra de estimuladores de raíces, nutrientes, aditivos para la floración, potenciadores de sabor...

También invertían en I+D+i, ya que los invernaderos 'indoor' contaban con estaciones meteorológicas, sistemas de climatización, compresores y extractores de aire, depósitos de agua y difusores de riego, transformadores eléctricos, ordenadores...

Una de las mayores incautaciones de plantas de la 'Operación Pitón' se produjo en Alhama de Murcia, con 1.817 ejemplares de 'maría' distribuidos en el sótano de un local en la avenida Ginés Campos. Este era solo uno de los inmuebles arrendados por los 'agentes inmobiliarios' que tenía la organización. De hecho, la magistrada señala al hermano y a la pareja del 'El Karateca' como responsables de buscar pisos para la causa, junto a F.H.S., alias 'Fran', el cual también tenía como misión abastecer a las plantaciones de productos de abono.

Otro de los ojeadores era C. C. C., alias 'Chulillo'. Entre sus funciones también destacaba, al parecer, el montaje de los invernaderos, el transporte de las sustancias estupefacientes y funciones de protección del líder. 'El Karateca' era intocable. Uno de sus lugartenientes era F. J. P. M, alias 'Pato'. La juez le atribuye «labores de transporte y protección y de control, recorriendo casas con plantaciones para comprobar la producción».

Cuando 'Pato' fue detenido en mayo de 2017, en uno de los muchos registros practicados en la 'Operación Pitón', tuvo la osadía de amenazar a los policías nacionales que le custodiaban en el calabozo: «Voy a ir a por vuestras mujeres para que sufran lo mismo que está sufriendo mi mujer aquí; como no me saquéis ya os vais a enterar, no sabéis lo que estáis haciendo. Sois muy valientes aquí, pero en la calle corréis y miráis para otro lado, soy boina verde y no me vais ni a ver llegar».

Era tal la estructura pseudoempresarial que habían constituido en torno a la producción de marihuana que hasta contaban con una empresa proveedora de aparatos de climatización y departamentos de 'recursos humanos' y 'contabilidad', ya que a C. L .S., alias 'Pepino', se le acusa de encargarse de seleccionar a los responsables de cada plantación y de realizar pagos. Los ingresos que percibían eran tan altos que explotaban un local de copas en el polígono Oeste. Y lo hacían a lo grande: barra americana y chicas explosivas a mansalva.

La sofisticación de los invernaderos que construían en los inmuebles les permitía superar ampliamente el ciclo natural de la marihuana, que es de dos cosechas al año.

Para ganar espacio de producción, eran capaces de tirar abajo todas las paredes de una casa que habían alquilado a un particular y que desconocía el uso que le iban a dar a su propiedad. Prueba de ello es que cuatro arrendadores se han personado en la causa para reclamar daños y perjuicios. Entre los afectados también se encuentra Iberdrola, que reclama 112.826 euros por los enganches ilegales. En previsión de la indemnización por responsabilidad civil a la que se enfrentan los treinta encausados, la magistrada establece en el auto que entre todos ellos aporten una fianza de 220.000 euros.

La suma puede parecer elevada, pero llegaron a mover tanta hierba, que también exportaban a Inglaterra. El auto subraya que para ello contaban con Adif S., un hindú que residía en tierras británicas y que era el presunto cerebro que diseñaba las rutas. «Sería la persona encargada de realizar las labores de carga, camuflaje y transportes de la marihuana», según la investigación.

Precisamente, el supuesto enlace británico de la organización fue el primero que cayó en el inicio de la operación, a las 22.20 horas del 23 de abril de 2017, cuando el Grupo de Policía Judicial de Alcantarilla se adentró en el garaje comunitario del residencial Verona II, de Puebla de Soto. Los investigadores pillaron a Adif, junto a 'El Karateca' y a otros dos de sus hombres, en una furgoneta Mercedes Benz en la que realizaban «labores para la carga y transporte de marihuana». En su interior, los agentes hallaron material para el montaje de escenarios que ocultaba dos baúles con cuarenta bolsas de 'maría'. Fue el principio del fin.

El registro se extendió a la tercera planta del edificio: al domicilio particular de 'El Karateca'. Allí se incautaron de 25,93 kilos de hierba, más de 300.000 euros en metálico, un presupuesto para realizar un porte a Inglaterra, abundante documentación sobre plantaciones...

En el domicilio de 'El Karateca', los investigadores también se percataron de la presencia de un sistema de videovigilancia y un sensor de movimiento, que controlaba el otro piso de la tercera planta. Y en su interior solo hallaron una inquilina: 'maría'. Este inmueble ejercía de 'caleta', almacenando cuarenta bolsas con cogollos listos para la venta, luminarias, transformadores...

La anécdota al operativo la puso el intento de fuga de una vecina del residencial Verona II, integrada en la organización. Abandonó dicho portal de forma «apresurada y sigilosa, llevando consigo documentos y dinero, con la intención de ocultarlos», según el auto. También fue detenida. Durante estos registros, lo que más sorprendió a los investigadores fue la cantidad de armas que intervinieron: seis escopetas; tres rifles semiautomáticos; dos fusiles de asalto y una pistola. La organización de 'El Karateca' parecía estar lista para la guerra y ahora tendrá que prepararse para la batalla judicial que se les viene encima.