Unos 40 municipios dispondrán de 130 millones más para inversiones gracias a su superávit

Hasta ahora el departamento de Cristóbal Montoro no permitía 'caprichos' a las administraciones locales que lograban cerrar el año con superávit, ya que debían destinar ese montante a amortizar deuda y a gasto sostenible. Hernández ejemplifica que ese tipo de gasto responde «a infraestructuras que se pueden mantener por si solas sin generar costes, por ejemplo, podíamos instalar luces Led porque perduran en el tiempo y reducen la factura de la luz».

El cambio de criterio del Ministerio, que quedará plasmado próximamente en un decreto ley, según el presidente de la Federación de Municipios de la Región, permitirá que los consistorios puedan emplear el dinero ahorrado en «hacer mejoras en instalaciones deportivas, culturales y sociales, en empleo, en servicios, como la atención a domicilio, y en medio ambiente, habilitando carriles bici». Incluso en la construcción de nuevas infraestructuras, entre otras obras.

Los ayuntamientos están esperando esta medida como agua de mayo. En 2016, un total de 37 consistorios cerraron el ejercicio sin números negativos en la contabilidad, sumando entre todos ellos un superávit de 117.257.662 euros.

La Federación de Municipios carece del dato de 2017 porque las administraciones locales disponen hasta el 31 de marzo para enviar el estado de liquidación de sus cuentas a los gobiernos central y autonómico, pero Joaquín Hernández espera que el superávit que se invierta en los municipios de la Región, gracias a la «liberalización» que permitirá el Ministerio, supere los 117 millones de 2016. «Podría llegar a 130 o 140 millones de euros», calcula.

Partiendo de los datos de 2016 se prevé que entre 37 y 40 ayuntamientos cierren sus cuentas de 2017 con números positivos. «En veinte días el Ministerio aprobará el decreto ley», y en mayo o junio se espera que entre en vigor la norma.

Medida «electoralista»

Desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), su secretario general, José María Mollinedo, subraya que «esta mano que abre Montoro no nos ha sorprendido porque estamos en el año previo a las elecciones municipales y hay ayuntamientos en los que les interesa seguir manteniendo la mayoría». No obstante, Gestha valora «como positiva» la decisión del Ministerio y remarca que las entidades locales fueron la única administración pública que cumplió en 2016 con los objetivos de estabilidad. «El superávit de los municipios está compensando el déficit de algunas comunidades autónomas».

El presidente de la FMRM añade otro argumento para apoyar la reivindicación de los regidores ante Montoro: «Se trata de dinero de los ciudadanos». En Lorquí están cerrando la cuenta de 2017, pero Joaquín Hernández avanza que las arcas municipales dispondrán de unos 700.000 euros. En cuando el Ministerio emita el decreto, invertirán el superávit en la mejora del sistema de riego del campo de fútbol de césped natural Juan de la Cierva y en la reposición del césped artificial del otro campo, así como en la renovación de pavimento de pistas deportivas y la eliminación de goteras en pabellones. «No creo que ningún ayuntamiento intente quitarse más deuda», apunta.

Y no se equivoca con tal previsión Hernández, ya que en el Ayuntamiento de Águilas están cerrando los números del pasado año y prevé que el superávit ascienda a 4,2 millones, que se emplearán en la construcción de un carril bici, que unirá la localidad con Calabardina; se ampliará el cementerio municipal y habrá una reparcelación en el polígono industrial, consistente en urbanizar una zona para que puedan incorporarse nuevas empresas. Todas las actuaciones, matiza el edil de Hacienda, Tomás Consentino, «estarán dentro del catálogo tasado por el Ministerio de Hacienda». En Mazarrón, el superávit se sabe que es de 2,6 millones, pero el concejal de Hacienda, Pedro Martínez Pagán, admite que «todavía no tenemos inversión alguna prevista porque estamos a la espera de que salga la nueva normativa para saber dónde podemos invertir». Tampoco saben qué hacer en Yecla con los más de dos millones de euros ahorrados en 2017. El portavoz local, Juan Miguel Zornoza, apunta que «estamos a lo que decida el Gobierno de España».

Fuera de la 'fiesta' inversora

En Caravaca de la Cruz, Los Alcázares, Mula, Bullas, Pliego, Blanca y Albudeite, los técnicos trabajan contrarreloj para cerrar los números del pasado ejercicio y ver si pueden beneficiarse de este incentivo del Ministerio. En Cehegín se quedarán fuera de la 'fiesta inversora' porque no habrá superávit. Lo mismo ocurrirá en Totana, no porque vayan a cerrar el pasado año con números rojos, sino por la enorme deuda que arrastra el Ayuntamiento. «De tener superávit no podríamos utilizarlo como otros ayuntamientos por la deuda financiera que tenemos adquirida», explica Ana María Cánovas, titular de Hacienda.

En Villanueva del Río Segura el equipo de gobierno del PSOE se encuentra en una situación similar, debido a que el anterior ejecutivo, PP, dejó una deuda de 3.148.923 euros. El alcalde, Jesús Viciana, se resigna y avanza que el remanente positivo de 780.145 euros de 2017 «se aplicará a amortización de deuda, que en la actualidad se sitúa en 1.162.356 euros».

El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, cree que ese superávit, de entre 130 y 140 millones que previsiblemente generarán los municipios con equilibrio presupuestario y que se destinará a inversiones, «generará un pequeño aumento del empleo». Es lo esperable ante algunos de los proyectos que pretenden ejecutar administraciones como la de Santomera, que destinará el superávit, cercano al medio millón de euros, a obras para mejorar la accesibilidad y los servicios básicos de distintos barrios, mediante la instalación de pavimentos de plataforma única. También se sustituirán luminarias de vapor de mercurio o sodio por otras tipo Led, y se renovará la red de abastecimiento de agua potable que todavía conserva en gran parte tuberías de fibrocemento y acometidas de hierro y plomo.

El decreto del Ministerio también será un revulsivo para rescatar proyectos que dormían el sueño de los justos, como las nuevas dependencias de la Policía Local de Abarán, cuyas obras están paralizadas desde hace más de cinco años. La construcción se retomará este 2018. Los trabajos se paralizaron porque el Ayuntamiento solo pagó 500.000 euros a la empresa adjudicataria y esta entró en concurso de acreedores. El edil de Hacienda, José Luis Tornero, alerta de que «el proyecto debe estar terminado antes del 31 de diciembre de 2018, si no tendremos que devolver los 700.000 euros concedidos por la Comunidad Autónoma». El presupuesto para acabar las dependencias es de 350.000 euros y el superávit ascenderá a 400.000 euros. Con lo que sobre se comprarán dos vehículos para el servicio de limpieza y se arreglará la avenida del Río Segura.

La media de Montoro va en la línea de las buenas sensaciones económicas que tienen los grandes ayuntamientos de la Región, como Murcia, con 350.000 euros de superávit el pasado año. «Y esto además de haber 'congelado' la inmensa mayoría de impuestos, tasas y precios públicos en los últimos cinco ejercicios», apuntan desde La Glorieta.