Juan Luis Vivas
Lunes, 21 de diciembre 2015, 17:08
El alcalde de Molina de Segura, Eduardo Contreras, rechazó dimitir este lunes, durante el Pleno ordinario de diciembre, pese a las insistentes peticiones de buena parte de la oposición para que dejara su cargo. Estas exigencias llegan después de que el primer edil y el exconcejal de Urbanismo de este municipio Luis Gestoso fueran llamados a declarar ante el juez en calidad de imputados por su relación con un presunto caso de prevaricación por la permuta de terrenos de la Escombrera del Panderón de los Giles.
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«Consideramos que no debe presidir este pleno un alcalde imputado por un caso de corrupción» comenzó diciendo Fernando Miñana, el portavoz de Cambiemos. «Es un espectáculo inmoral y grotesco, por lo que le pedimos que no presida el pleno si quiere que se desarrollo con normalidad», advirtió después la portavoz socialista, Esther Clavero. A partir de ahí, los rifes rafes fueron continuos.
Contreras acusó a ambos de mentir por decir que él estaba imputado. «Sé cuál es mi responsabilidad y actuaré en función de cómo tenga decidido hacerlo, pero veremos cómo se quedan cuando la situación cambie y seguro que va a cambiar», señaló, al tiempo que condicionó su posible salida a la decisión que tome el instructor tras la toma de declaración, el próximo 26 de enero.
El diputado de Ganar Molina, Antonio López, se mostró igual de crítico, aunque el portavoz de Ciudadanos, Estanislao Vidal, le echó un cable al pedir a los portavoces que se respetara el reglamento, invitándoles a esperar al turno de ruegos y preguntas. La tensión fue creciendo por momentos, con acusaciones constantes y debates persistentes en torno al auto judicial entre el alcalde y la portavoz socialista.
A pesar de los continuos roces, se aprobó por unanimidad la moción que presentó Cambiemos Molina de Segura, en la que se pide la creación de una comisión de investigación sobre la concesión de la permuta del Panderón de los Giles.
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La causa está relacionada con el polémico acuerdo que adoptó en 2006 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, cuando dio el visto a la permuta de un terreno rústico de unos 15.000 metros cuadrados que eran propiedad del que fuera presidente del Sindicato de Riegos, Juan Manuel Alcañiz- por 50.385 metros cuadrados de terreno urbano residencial que, tras una posterior medición, resultó que tenía más superficie, unos 80.000 metros cuadrados, según la denuncia de los regantes. Ambos terrenos fueron valorados en algo más de 755.000 euros.
Transcurrido tan sólo un año, los terrenos urbanos adquiridos por Alcañiz mediante la permuta, fueron aportados a Fadesa Inmobiliaria S.A. por un valor de casi 9.000.000 de euros. Esta presunta ganancia de más de siete millones fue la que originó una investigación en el Juzgado de instrucción Número 3 de Molina.
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