El Miteco inicia casi 400 expedientes sancionadores en el Mar Menor por uso privativo de aguas sin autorización

El informe de situación recoge los avances en la ejecución de la Hoja de Ruta, puesta en marcha en octubre de 2019 con el doble objetivo de frenar el deterioro de la laguna salada, única por su alto valor ecológico, y contribuir a la recuperación de su dinámica natural, informaron fuentes del MITECO en un comunicado.

En este sentido, el Ministerio anunció que continúa trabajando en la preparación de un Programa Verde Integrado para la recuperación integral del Mar Menor que ordena, selecciona y prioriza las acciones a realizar. La Hoja de Ruta identifica aquellas actuaciones inmediatas que permiten reducir los aportes de contaminantes a las aguas superficiales y subterráneas en origen y/o que contribuyen a evitar modificaciones de los ecosistemas litorales.

Estas actuaciones consisten en la vigilancia de las actividades que, o bien no tienen autorizaciones o derechos concesionales de uso de agua, o bien generan vertidos no autorizados, así como en la vigilancia y control del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT).

Así, se incrementaron en varias áreas los efectivos dedicados a estas labores, lo que se ha traducido en un aumento de los expedientes sancionadores. Estos expedientes se envían puntualmente a la Comunidad para su conocimiento, al efecto de que lleve a cabo las actuaciones necesarias en el marco de sus competencias.

Desde hace unos meses también se comunican los del resto de la cuenca y los expedientes se trasladan a la Fiscalía Superior de la Región. En conjunto, se han remitido a la Comunidad Autónoma 168 expedientes sancionadores en toda la cuenca, de los que 138 corresponden al Mar Menor. En el entorno de la laguna, el número de expedientes sancionadores iniciados desde 2018 por uso privativo de aguas sin autorización --regadío en zonas sin derechos inscritos en el Registro de Aguas o regadío fuera del perímetro aprobado-- es de 393.

La superficie que ya ha sido objeto de resolución sancionadora es de 2.964 hectáreas, mientras que la superficie denunciada, pero todavía sin resolución, es de 2.988. En 74 de esos 393 expedientes, la Comunidad ya comunicó que se inicia el proceso de restitución de cultivos. Asimismo, los agentes medioambientales continúan las inspecciones en la cota 120 de la comunidad de regantes Campo de Cartagena, que tiene en riego 1.000 hectáreas más de las 11.220 autorizadas. Ya se ha revisado una superficie superior a las 13.837 hectáreas, de las que 11.570 (el 84%) dispone de sistema de riego.

En marzo de 2021, de la superficie obtenida por teledetección en 2019 --9.500 hectáreas iniciales con vegetación con aspecto de ser regada--, finalmente son 8.460, una vez eliminadas las superficies de cultivos de secano, montes y otras con vegetación, pero que no disponen de sistemas de riego, a lo que habría que incluir otras superficies de riego sin derechos que aparecen en las inspecciones visuales realizadas por el Servicio de Policía.

Igualmente se ha potenciado la acción inspectora sobre los vertidos potencialmente contaminantes. También se ha redoblado el esfuerzo de inspección sobre las desalobradoras que no cuentan con autorización. En lo referente al control de vertidos, el número de expedientes sancionadores abiertos al cierre de 2019 por vertido contaminante de agua residual a Dominio Público Hidráulico fue de 135. Desde principios de 2020 se iniciaron 130 expedientes adicionales por vertidos a cauce público.

Los expedientes abiertos por detección de desalobradoras en el entorno del Mar Menor al cierre del año 2019 se elevaron a 93, lo que duplicaba la cifra de 2018. Se siguen desarrollando los trabajos de inspección de las desalobradoras ubicadas en Alicante. Asimismo, se han precintado 191 desalobradoras ilegales en el Campo de Cartagena y se han iniciado 86 expedientes sancionadores a las que no han realizado el mismo. Adicionalmente, los agentes medioambientales han informado de que 53 desalobradoras han sido retiradas o desmontadas.

La Hoja de Ruta recoge, por otro lado, la declaración el pasado julio del acuífero del Campo de Cartagena «en riesgo de no alcanzar el buen estado químico» por la elevada presencia de nitratos en su agua, lo que supone la activación de los trámites para que el organismo de cuenca elabore un plan de ordenación de esta masa de agua. Además, el pasado octubre la Junta de Gobierno de la CHS ratificó las medidas cautelares adoptadas en julio y acordó la ampliación del perímetro de la zona afectada (4.218 hectáreas).

Para valorar la eficacia que supone la aplicación de las medidas cautelares se encargó a la Universidad Politécnica de Valencia la realización de los trabajos de asistencia técnica para la simulación de la evolución del contenido en nitratos de la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena. Asimismo, se ha licitado el servicio de asistencia técnica para la recopilación, análisis y efectos de las medidas de protección de la calidad de las aguas en la comarca del Campo de Cartagena, relacionadas con el uso agrario de regadío.

En relación con la vigilancia y control del Dominio Público Marítimo Terrestre, en diciembre de 2019 se incoaron expedientes sancionadores a los ayuntamientos de San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares por no haber atendido al requerimiento de retirada o legalización de las ocupaciones del DPMT por tuberías que vierten al Mar Menor y que no cuentan con título habilitante.

Por otra parte, se han incoado 4 expedientes de recuperación posesoria de los bienes de DPMT cuya legalidad no ha sido acreditada, y 37 expedientes tendentes a determinar los derechos de los propietarios de ocupaciones existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas. Se pretende determinar qué ocupaciones son ilegales, con la finalidad de proceder a su levantamiento y a la restauración del DPMT.

Asimismo, se recogen las conclusiones del informe del Instituto Español de Oceanografía (IEO), elaborado a solicitud de la Dirección General de la Costa y el Mar del MITECO, que analiza el estado actual del Mar Menor, causas de su deterioro y posibles soluciones.

El informe apunta a los aportes de nutrientes y materia orgánica como principal motor de eutrofización, a lo que se unen otros factores que contribuyen a la degradación del ecosistema lagunar: la contaminación metálica; la contaminación química orgánica; las respuestas y efectos biológicos asociados a la contaminación química; y las obras costeras, puertos, dragados y mantenimiento de playas. El informe del IEO concluye que su recuperación pasa por atajar la entrada de sedimentos y nutrientes a la laguna.

La nacra es la única especie marina declarada en situación crítica que, a diferencia de lo que ocurre en el resto del Mediterráneo, mantenía unas abundantes poblaciones en el Mar Menor antes de los episodios de contaminación y de la DANA de septiembre de 2019.

El pasado septiembre se reunió un Grupo de Trabajo coordinado por el MITECO, que evaluó la situación de la especie y las actuaciones urgentes que han de acometerse, siendo una de las más prioritarias el balizamiento de las nacras supervivientes que se encuentran a escasa profundidad. En espera de los resultados del informe del IEO, dicho balizamiento se llevará a cabo como primera medida preventiva.