El Ministerio clausura 1.007 de las 8.500 hectáreas de regadío ilegal en el Mar Menor

Aunque está bien que se vayan dando pasos, todavía queda mucho para acabar con las 8.500 hectáreas ilegales que la CHS tiene localizadas en el área del Campo de Cartagena. Así que la ministra tendrá complicado cumplir el compromisoque alcanzó en noviembre en Murcia, cuando dijo que «en el plazo de cinco meses» estarían concluidos la mayoría de expedientes. Este viernes matizó y afirmó que se refería a que antes de que acabara mayo pretendía que todos los procedimientos estuvieran en marcha.

Esta lentitud en los procedimientos tiene su explicación en que se realizan «con las máximas garantías para los afectados», en palabras de la vicepresidenta tercera del Gobierno de España.

No obstante, a esta lista de regadíos ilegales precintados está previsto que se una próximamente mucha más superficie. Teresa Ribera comunicó que la CHS ha enviado 144 apercibimientos de ejecución subsidiaria a otros tantos propietarios de explotaciones, que suman 2.141 hectáreas, para que desconecten las bocas de riego. En unos casos (628 hectáreas), el proceso será mucho más rápido, pues los expedientes están resueltos por la vía judicial y el Ministerio solo está a la espera de la autorización del juzgado para entrar en la finca y proceder al cierre del grifo. En el resto de superficie, habrá que aguardar a que los tribunales resuelvan los recursos presentados por los afectados.

Por otra parte, la ministra indicó que se ha intensificado la inspección de explotaciones agrarias en la franja de 1.500 metros más cercana al Mar Menor, desde Cabo de Palos hasta la rambla de Mendoza, «para valorar si es necesario o no que los agentes medioambientales levanten acta».

Ribera detalló que, desde 2018, la CHS abrió un total 283 expedientes sancionadores por uso privativo de aguas sin autorización en el entorno de la laguna salada, con una superficie total de 4.917 hectáreas. Por otra parte, la superficie cuyo expediente se encuentra abierto o pendiente de finalización asciende a 2.400 hectáreas. En total, se han remitido a la Comunidad 203 procedimientos de regadíos ilegales para que proceda a la restitución el uso que tenían anteriormente estos cultivos. Otros 249 expedientes se enviaron a la Fiscalía.

Por otra parte, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, anunció que el Marco de Actuaciones Prioritarias para la Recuperación del Mar Menor contará con unos 102 millones de euros más (26%), que se sumarán al gasto de 382 millones anunciado por ella misma en su visita a la Región en noviembre, para sumar una cifra total de 484 millones de euros.

El aumento de dotación presupuestaria se debe a que se han incorporado más medidas como consecuencia de las aportaciones recibidas durante el periodo de información pública, que acaba de concluir. El documento recibió más de 600 aportaciones, de 79 organismos. Otro hito importante para esta hoja de ruta fue la declaración de interés general de muchas de sus actuaciones, entre ellas la renovación de la impulsión en la rambla del Albujón, que el Gobierno regional señala como la principal fuente de entrada de nitratos al Mar Menor.

Ribera resaltó que la mitad de estas 600 alegaciones a su hoja de ruta proceden de la ciudadanía, aunque en el proceso de consulta pública participaron también administraciones, organizaciones agrarias, colectivos sociales y universidades, entre otros. La mayoría de propuestas rechazadas lo fueron «porque invadían competencias propias de la Administración regional y local». Hasta en tres ocasiones reclamó la ministra la implicación del Gobierno de la Región para poder poner fin a la degradación de la laguna. Sin embargo, admitió que en los últimos meses se han dado pasos positivos en la colaboración entre los dos ejecutivos.

Aunque no se refirió a ella en su comparecencia ante los medios de comunicación, Teresa Ribera confirmó a los promotores de la iniciativa legislativa popular (ILP) para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor que el Gobierno de España ha dado el visto bueno a la misma, según indicó la profesora de la UMU e impulsora de la iniciativa, Teresa Vicente. Esta ya se ha enviado a la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados.

Los integrantes de la Plataforma SOS Mar Menor (ANSE, Pacto por el Mar Menor, FAVCAC y Ecologistas en Acción) y la asociación WWF valoran positivamente el plan de la ministra y su apuesta por actuar en origen. Las organizaciones agrarias, aunque elogiaron el buen tono exhibido por Ribera, echaron de menos propuestas para los agricultores de la zona.