El Ministerio calcula que la Región de Murcia tendrá que acoger a 195 menores migrantes más

El reparto de menores migrantes no acompañados ya tiene sus primeras cifras. El Ministerio de Infancia y Juventud presentó en la mañana de este miércoles un documento de trabajo a las comunidades autónomas con su propuesta de distribución de los niños y adolescentes extranjeros que actualmente desbordan los servicios de acogida de Canarias y Ceuta.

Según este informe, que el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, entregó a la directora general de Familias, Infancia y Conciliación de la Región de Murcia, María Luisa Lozano, y al resto de representantes de las autonomías en la Comisión Sectorial de Infancia, la Región de Murcia debería hacer hueco a 195 menores migrantes no acompañados más de los que acoge en la actualidad. Este incremento formaría parte de la adaptación de la capacidad ordinaria de los distintos territorios del país que el Ministerio considera necesaria para dar una respuesta solidaria a la acogida de los más de 15.600 menores extranjeros que hay contabilizados en esta situación actualmente.

El cálculo del Gobierno central, realizado a partir de la información aportada por las comunidades autónomas, concluye que cada una de ellas debería acoger a una media de 32 niños por cada 100.000 habitantes. Esa estimación será clave a la hora de realizar derivaciones y establecer cuándo una comunidad está saturada. Aunque las estimaciones se han realizado teniendo en cuenta una información no del todo actualizada y con algunas lagunas, ya que algunas comunidades no han facilitado los datos requeridos por el Gobierno central o lo han hecho de forma incompleta, como Baleares, Valencia, Galicia y Aragón.

La tabla comunicada a las comunidades señala que la Región de Murcia cuenta con un total de 309 plazas destinadas a menores migrantes no acompañados en la actualidad y que, según los criterios establecidos, debería disponer de 504, lo que obligaría a la Región a incrementar su capacidad un 63%. No es la única autonomía en esta situación, casi todas se encuentran por debajo de la capacidad ordinaria apuntada en el informe de Infancia y Juventud. Únicamente Canarias y Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tiene más menores en sus recursos de lo que les correspondería.

Las estimaciones comunicadas por el Ministerio volvieron a incendiar los ánimos en el Gobierno regional. Tras la reunión, la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad rechazó la propuesta «por falta de rigor; por no adaptarse a la realidad de las comunidades autónomas y por estar hecha con datos manipulados». La directora general María Luisa Lozano defendió que el documento del Ministerio obedece a «una sucesión de datos erróneos» que «en ningún momento recoge cuál sería el reparto real de menores migrantes que correspondería a cada comunidad».

Lozano destacó que la tabla se ha realizado tomando «la información como el Ministerio ha creído conveniente para así imponer su modelo de reubicación de menores». En este sentido, denunció que «en el caso de algunas comunidades, se han utilizado datos acumulados del registro de menores no acompañados de 2024 y, en el de otras, el pico máximo de menores acogidos en un día determinado de ese mismo año». «El propio Gobierno central ha admitido durante la Comisión que los datos que se han presentado eran erróneos», afirmó.

También criticó la insistencia de señalar plazas específicas para extranjeros. «La Región de Murcia no dispone de centros específicos para menores migrantes no acompañados porque, para el Gobierno regional, extranjeros o no, todos son menores que necesitan protección».

Por todo esto, solicitó nuevamente al Ejecutivo central que «aclare y explique de dónde salen los números y cómo están utilizando los datos que solicitaron a las comunidades». Aclaraciones que ya se pidieron por escrito por parte de la Consejería de Política Social, sin que haya respuesta del Ministerio, según informaron fuentes de la Consejería de Política Social.

La tabla del Ministerio es de momento una propuesta abierta a las aportaciones de las comunidades, aunque en la última Conferencia Sectorial, el diálogo quedó roto, tras una reunión de cuatro horas que puso en pie de guerra a todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular, y donde expresó también su oposición el Ejecutivo de Castilla-La Mancha del socialista Emiliano García-Page.

En este contexto tendrá que celebrarse la próxima Conferencia Sectorial, prevista en junio, donde el Ministerio espera fijar los criterios definitivos para el reparto que tiene intención de iniciar este mismo mes de julio, aunque el decreto establece un plazo máximo de un año para hacerlo.

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