La causa abierta por un juzgado de Cartagena contra el anterior cura de San Antón por presuntos abusos sexuales a una adolescente de su parroquia abarca ya a una segunda posible víctima, también menor de edad. Se trata de una chica que asegura haber ... sufrido besos y tocamientos por parte del cura, a quien el obispo José Manuel Lorca Planes llevó a la Fiscalía y apartó de sus funciones en abril tras la denuncia por hechos similares formulada ante él por la familia de la primera niña.
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Según confirmaron fuentes judiciales a LA VERDAD, la denuncia relativa a la segunda menor fue realizada ante la Policía Nacional y ha sido incorporada a las diligencias penales por parte del Juzgado de Instrucción 3 de Cartagena. En la causa está personada como acusación la Fiscalía, que tomó declaración al sacerdote en Murcia hace dos meses y que investiga ya los nuevos hechos, muy similares a los primeros.
Las fuentes consultadas por este diario indicaron que en ambos casos los abusos habrían empezado cuando las chicas tenían quince años de edad. El cura habría aprovechado la relación de confianza establecida con ellas en el ámbito de la iglesia parroquial para sobrepasarse sexualmente con ellas tanto en el templo como en su vivienda.
La primera denunciante afirmó que el cura la sometió a tocamientos en sus pechos y en los órganos genitales. El sospechoso se habría acercado a la chica tras ganarse la confianza de la familia. Fue el 14 de marzo cuando la familia de la adolescente comunicó lo ocurrido en la parroquia de San Antonio Abad al Obispado de Cartagena, que a los cinco días ordenó informar del asunto a la Fiscalía. Además, según explicaron en un comunicado fuentes de la Diócesis, Lorca Planes apartó «temporalmente» de sus responsabilidades al sacerdote, hasta «el esclarecimiento de estos hechos». Y todo ello «sin menoscabar el derecho a la presunción de inocencia».
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La Delegación para la Protección del Menor y de los Adultos Vulnerables de la Diócesis activó su protocolo para atender a la menor y al sacerdote investigado.
El Obispado recalcó que, «independientemente de que estos presuntos hechos se estén investigando en la jurisdicción canónica, la Diócesis siempre actuará ante estos delitos execrables de conformidad con la Ley de Protección Jurídica al Menor y de acuerdo con la política de cooperación con la jurisdicción estatal exigida por los papas Benedicto XVI y Francisco a toda la Iglesia universal». Y habló de la «tolerancia cero» con estos comportamientos, lamentó con «gran dolor» los sufrimientos causados y pidió rezar para que los hechos «se esclarezcan y prevalezca siempre la verdad».
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