La Consejería de Medio Ambiente ha culminado esta semana todos los expedientes sancionadores que inició en 2021 contra varias empresas y agricultores del Campo de Cartagena que fueron denunciados por llevar a cabo vertidos de salmuera al Mar Menor o a los acuíferos de la comarca. En total, el departamento de Juan María Vázquez ha tramitado siete casos, de los que seis finalmente han acabado con multa económica. Las sanciones, cuya cuantía total asciende a 2,37 millones de euros, han sido impuestas por hacer uso de desalobradoras ilegales que derivaron en el rechazo de importantes volúmenes de aguas salinas con altas concentraciones de nitratos agrícolas. La compensación económica es una forma de reparar los daños medioambientales causados y responde al principio de 'quien contamina paga', reflejado por la Ley de Responsabilidad Ambiental.
Publicidad
El último expediente tramitado ha sido el del empresario Isidro Soto Pedreño, que quedó exculpado de la primera causa del 'caso Topillo' durante su instrucción, pero que deberá hacer frente a la multa por infracción administrativa. Según la información recabada por la Guardia Civil y la Confederación Hidrográfica del Segura, Soto llevó a cabo entre 2013 y 2017, desde su finca en Torre Pacheco, vertidos continuos procedentes de su desaladora por el salmuereducto de la rambla de La Señora, que originó 330.000 metros cúbicos de salmuera en ese periodo de tiempo. Las multas también buscan responder al trabajo de desmantelamiento de dichas instalaciones y a la clausura de la red de tuberías del Campo de Cartagena por donde circulaban los vertidos hasta el Mar Menor, y que llevaron a cabo los técnicos de la CHS. La cantidad global asciende a casi 900.000 euros.
Otro de los casos pendientes era el de la empresa Vanda Agropecuaria, cuyo expediente ha quedado archivado de forma definitiva al aceptar la Consejería las alegaciones de la mercantil. La compañía se enfrentaba a pagar un importe de 353.000 euros. Por tanto, son seis firmas agrícolas o empresarios los que deberán responder económicamente a la degradación que causaron con estos rechazos cargados de nitratos: G's España (1.105.690 euros); Plantas Carthago SL, cuyos administradores son Juan Pedro López Reinaldos y Bernardino Vidal Garre (18.846 euros); Roque Madrid Pérez (161.249,55 euros); Inagrup SL (97.603 euros); Ciky Oro (798.852,49 euros) e Isidro Soto. Tanto la Benemérita como la CHS llegaron a precintar durante las primeras operaciones en el Mar Menor más de 200 desalobradoras.
Obligada por el TSJ
La tramitación de estos expedientes fueron requeridos por la Fiscalía de la Región de Murcia hace más de tres años al margen del proceso judicial que se instruía por la contaminación del Mar Menor. Varios de los sancionados por Medio Ambiente están acusados de un delito contra el medio ambiente y a la espera de juicio. Sin embargo, la entonces Consejería de Agricultura, dirigida por Antonio Luengo, negó tener responsabilidad en la tramitación de dichas sanciones, algo que derivó en una denuncia del Ministerio Fiscal ante el TSJ de Murcia, que obligó a la Comunidad a llevar a cabo este cometido.
Las sanciones establecidas no son firmes, ya que los expedientados podrán recurrir la decisión ante los tribunales.
El plan de ordenación de los acuíferos del Campo de Cartagena, para el verano
El plan de ordenación de los acuíferos Cuaternario y Andaluciense del Campo de Cartagena, declarados en riesgo de no alcanzar el buen estado químico y cuantitativo respectivamente, estará redactado y aprobado antes del próximo verano. La Confederación Hidrográfica del Segura asegura que estos documentos, esenciales para regular las extracciones de agua y las medidas para lograr su recuperación, estarán listos tras recabar durante dos años información sobre el cumplimiento de las medidas cautelares por parte de los regantes y ver cómo afecta el regadío al estado de las aguas subterráneas. Antes de esa fecha, se deberá elaborar un paquete de medidas, «las más eficaces para revertir en el menor plazo posible la situación de riesgo», en este caso, en el acuífero Cuaternario.
Publicidad
Al margen de estas novedades en los deberes que tiene pendiente la CHS sobre la protección de las masas de agua del subsuelo de la comarca, el organismo de cuenca ha informado de que la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena ha enviado «en plazo» 485 informes que se corresponden con unas 37.600 hectáreas correspondientes al año hidrológico 2022-2023 del total sobre 38.631 que debían presentarse. Esto supone el 97 % de la superficie que debe acreditarse. Fuera de plazo se han presentado 256,71 hectáreas.
Ahora, los técnicos de la CHS revisarán dicha documentación, una tarea lenta que ya se hizo con la información presentada en el periodo 2021-2022. «Como se ha venido informando, la acreditación de las medidas cautelares debe realizarse una vez finalizado el año hidrológico, dentro del trimestre siguiente», explica la CHS. Cuando termine el actual año hidrológico en septiembre, los regantes deberán acreditar las medidas cautelares antes del 31 de diciembre de 2024.
Este contenido es exclusivo para suscriptores
El mundo cambia, LA VERDAD permanece: 3 meses x 0,99€
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión
Te puede interesar
Lo más leído
- 1 Los dos fallecidos del coche en sentido contrario que provocó el accidente múltiple de Caravaca venían de Valencia
- 2 Recuperan el cadáver del desaparecido en aguas del río Segura en Murcia
- 3 El hombre hallado ahogado en el río Segura es un trabajador del campo de origen africano
- 4 La Fiscalía pide prisión para el presunto falso perito de varias causas criminales
- 5 Las cañas ocupan hasta un 60% en algunas riberas de la cuenca del Segura
Publicidad