La mayoría de padres de la concertada pagan cuotas «alegales» de hasta 60 euros de media

Las familias de cerca del 80% de los colegios concertados españoles –el porcentaje en Murcia es inferior, más cercano al 60%– ingresan todos los meses pagos que en teoría son voluntarios, y que llegan al colegio de forma indirecta, a través del AMPA y de fundaciones. Esas cuotas, calculan los autores del estudio, que han cruzado los datos del gasto de los hogares con las cuentas de explotación de los centros, oscilan de media entre los 600 y los 800 euros al año.

El informe no desagrega las cifras de la Región (incluida en el estudio), donde la red de centros concertada, donde estudian más del 30% de los alumnos murcianos, es muy diversa. Los 121 colegios concertados que funcionan en la Región son exponente de realidades heterogéneas: decenas de centros, cerca del 40%, no cobran ningún tipo de aportación y realizan una destacada función social; otros considerados de élite ingresan pagos mensuales por alumno de entre 90 y 300 euros al mes, y otro bloque pide a los padres una aportación voluntaria (y sin consecuencias si no se abona) de entre 20 y 40 euros. En las cooperativas, el cobro de cuotas está taxativamente prohibido por la patronal. Aun asumiendo esa diversidad, la norma en los colegios concertados, especialmente en los más antiguos, grandes, urbanos y con reconocimiento, pasa por el cobro de cuotas que, justifican, cubren la diferencia de «un concierto insuficiente. Los colegios que piden una aportación a los padres lo hacen porque de otra manera no pueden mantener el centro ni los servicios que ofrecen», defiende la presidenta de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza de la Región de Murcia (Fere-Ceca), la hermana Alicia Plaza.

La Confederación Católica de Padres de Alumnos de la Región (Concapa) tampoco encuentra pega alguna a que las familias contribuyan a la financiación: «Los padres eligen libremente un centro conociendo las condiciones, y en cualquier caso las aportaciones son voluntarias», reivindica el presidente de la entidad, Alberto González Costea. Desde la escuela pública regional, padres y sindicatos reclaman a la Consejería inspecciones para atajar la financiación adicional que, consideran, «favorece la segregación e implica competencia desleal» en un momento en el que la caída de la natalidad y la falta de alumnos ha recrudecido la competencia por el alumnado, coinciden la FAPA y CC OO.

Según el estudio de Esade, al menos dos de cada tres colegios concertados españoles cobran cuotas a los alumnos de las etapas obligatorias, de Infantil a ESO, pese a que la ley establece que son enseñanzas gratuitas, motivo por el que las administraciones subvencionan los gastos docentes de estos centros privados. El primer estudio nacional sobre esta materia, realizado por los expertos de Esade, desvela cuántos centros concertados cobran a sus alumnos, cuánto les cobran y con qué objetivo lo hacen.

Los autores creen que más importante que si formalmente los centros cumplen o no la legalidad, algo que siempre puede camuflarse a través de las supuestas aportaciones voluntarias, es que las cuotas exigidas a los estudiantes, en una proporción muy importante, «contribuyan a la desigualdad y a la segregación educativa», porque actúan como barreras que seleccionan al alumnado y dificultan e incluso impiden el acceso de muchos menores con bajos ingresos. Esto es de una gran relevancia, pues en este tipo de centros se forman tres de cada diez alumnos españoles.

El trabajo establece que entre el 66% y 75% de los colegios concertados en España, según la etapa educativa, cobran cuotas a los alumnos. Pero no todos son iguales ni actúan de la misma manera. Quienes cobran en su práctica totalidad y además mucho más dinero son los colegios grandes, los de más de 500 alumnos. Entre los medianos y pequeños el porcentaje oscila entre el 60% y el 70%. Con independencia del tamaño, quienes también piden más cuotas y más altas son parte del 20% de centros que no cubre gastos con la subvención.

El capítulo más revelador es en el que los expertos determinar qué razones llevan a cobrar a cada centro. Empiezan por aclarar que entre un 25% y un 34% de los concertados españoles no cobran. Son los únicos que cumplen a rajatabla el principio de gratuidad. La mayor parte son colegios que están adecuadamente financiados por los fondos públicos, pero algo menos de la mitad no piden dinero a los padres pese a estar infrafinanciados.

Pero la gran diferencia de motivación está entre los que sí cobran. Un tercio de ellos, sobre el 25% de los concertados, pide dinero a los padres para tapar el agujero financiero que deja la infrafinanciación pública. Sin embargo, casi la mitad de todos los centros en España (en la Región el porcentaje es inferior, sobre el 45%), lo hace o para aumentar más los servicios y asemejarse a un centro privado o directamente por puro lucro. De este grupo, las dos terceras, sobre el 30%, cobran cuotas para cubrir gastos no concertados, como servicios extraescolares, transporte, comedor, custodia, etcétera. Y el otro 15%, en el que está la gran mayoría de los centros de más de 500 estudiantes, busca diferenciarse para poder elegir alumnos y aumentar sus beneficios. Actúan como un privado, pero con la rebaja de precios que permite el aporte público.

Las grandes cuotas están focalizadas en las autonomías con más escuela concertada, donde pagan no menos de nueve de cada diez alumnos. La lista la encabeza Cataluña, con un abono medio anual de 1.696 euros, seguida de Madrid (1.156 euros) y el País Vasco (959), con el resto de territorios españoles con pago medio de 557 euros.

Los analistas tienen su propia teoría sobre por qué esta realidad, que como mínimo tildan de «alegal», es una situación generalizada desde hace décadas, en la que nadie parece que quiere poner el cascabel al gato. Su conclusión es que beneficia a todos. A las administraciones, porque la concertada le sale más barata que la escuela pública; a las familias, porque a cambio del copago cuentan con la selección social del alumnado; y los centros, porque la fórmula les asegura la continuidad y demanda amplia.

Los expertos de Esade proponen a las administraciones educativas adoptar seis medidas para garantizar a un tiempo suficiencia financera y equidad en el acceso en los centros concertados, como el análisis del coste de la plaza educativa en cada autonomía para ajustar el concierto, auditar cuotas y gastos de todos los centros no deficitarios para saber si son legales y voluntarias, liquidar conciertos de centros sobrefinanciados y con cuotas elevadas y dedicar el dinero a los deficitarios, controlar que no cobran por el comedor más que la pública, regular y establecer umbrales en pública y concertada para el pago de actividades complementarias, vincular parte de la subvención pública al acceso real de alumnado de rentas bajas.