Marisa Maldonado Zambudio: «Que los niños empiecen el colegio en aulas prefabricadas lo dice todo; no es respeto»

–¿Cómo empezó en el asociacionismo y qué balance hace?

–Estoy dentro de las Ampa desde que uno de mis dos hijos, que ha cumplido 20 años, comenzó con tres años en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Juan Carlos I, de Llano de Brujas (Murcia). Había un problema, porque entró en un aula prefabricada. Las familias iniciamos una lucha, porque no íbamos a permitir que nuestros hijos estuviesen mucho tiempo ahí y que esas aulas se consolidaran. Con nuestra constancia de varios años, se consiguió la ampliación de Infantil. Yo animo siempre a unirse a las asociaciones de padres y madres, porque implicarnos en la educación de nuestros hijos sirve para mejorar y para cambiar las cosas. Debemos hacer fuerza en muchos temas, desde que haya tutorías en horario de tarde, para facilitar la conciliación laboral, hasta que la participación en los Consejos Escolares sea más real y no sean puros instrumentos de gestión burocráticos.

–El problema de los barracones en colegios e institutos públicos persiste. En Los Alcázares, este curso hay ya diecinueve aulas prefabricadas, dos más. En toda la Región son 51. ¿A qué lo achaca?

–Situaciones como la de Los Alcázares generan enorme tristeza. Lo fundamental es cuidar y proteger a nuestros niños y niñas y, sin embargo, comienzan la educación en una situación de poco respeto. Eso lo dice todo. En la Región, cada vez hay más aulas de este tipo, con unos 2.000 alumnos. Hay una falta de previsión para adaptar y hacer nuevas infraestructuras. Que las aulas prefabricadas se consoliden en el tiempo demuestra que para la Consejería de Educación, el cuidar y preservar la educación pública no es algo prioritario. No puede estar más interesada en dar la batalla contra el Gobierno de España que en salvaguardar los intereses del alumnado de la Región, donde están gobernando desde hace treinta años. Debe estar a la altura de las exigencias. El penúltimo ejemplo es la incertidumbre, el estrés y la ansiedad que se ha generado al alumnado de Bachillerato y a sus familias, al no estar los modelos para preparar la prueba de acceso a la Universidad, que determina su futuro académico, con el curso comenzado.

–También hay retrasos en la climatización de los centros y en retirar los tejados de amianto.

–El tema del bienestar térmico de nuestros escolares también deja mucho que desear. Consentimos que los menores estén a altas temperaturas en las aulas. Es algo impensable en la población adulta. Si ocurre en los trabajos, ponemos el grito en el cielo. En cuanto al amianto, quedan muchos centros con uralita. Está claro que desde nuestra Comunidad Autónoma hay un mensaje de libertad de elección de centros que no es real.

–¿A qué se refiere?

–No todas las familias tienen posibilidad de elegir un centro que garantice la igualdad de oportunidades con recursos, servicios e infraestructuras adecuados. Esa supuesta libertad de elección lo que está ocasionando es que, cada vez más, se estén consolidando las escuelas gueto. Y es claro y evidente que no se ayuda para nada a reducir el elevado fracaso escolar. La Región de Murcia lleva años encabezando el fracaso escolar y es algo muy triste, nos define como sociedad. La que estamos construyendo no es la adecuada, no debemos fomentar una falsa libre elección de centros y, con ella, las escuelas gueto y la desigualdad. La Región tiene un 20% de media en fracaso escolar, veinte de cada cien menores no acaba la educación obligatoria. Y la mayor inversión en la enseñanza concertada no hace más que agravar esta situación.

–¿Qué balance hace la Fapa sobre el sistema de distrito único? Algunas voces advierten de que, cada vez en más municipios, hay centros públicos con tasas muy elevadas de alumnos de padres inmigrantes respecto al resto y, a la vez, una derivación de estudiantes de padres españoles hacia centros concertados.

–Lo vemos mal. Hablamos de libertad, pero no lo es. Es una libertad que solo pretende facilitar un tipo de centros, un modelo que la Administración no debe fomentar. Si alguien quiere elegir la concertada, está en su derecho. Pero la Consejería debe fomentar, proteger y cuidar la educación pública, para que llegue a todos por igual. Tiene abandonados muchos centros públicos, en cuanto a recursos humanos e infraestructuras. No puede ser que el acceso a centros públicos bien dotados dependa de la familia en la que te haya tocado nacer, de la renta y de la zona en la que estés.

–El Ministerio de Educación comenzará la negociación con las patronales y los sindicatos de los colegios concertados y su personal para actualizar la asignación de fondos del Estado. ¿Qué le parece esa mayor financiación?

–Desde todas las administraciones debe haber una apuesta clara por la educación pública. Debe ser la prioridad. El acceso a la educación concertada es un derecho, sí, pero no en detrimento de la educación pública. Nuestra Comunidad ha recibido fondos para educación de 0 a 3 años, FP y Bachillerato y ha elegido concertar plazas. Si se devalúa y abandona la educación pública, esa supuesta libertad de elección no es tal. Ocurre con las becas de comedor.

–Cientos de familias se han quedado sin esa ayuda este curso.

–Las becas son insuficientes. Seis de cada diez familias que las solicitaron se han quedado sin la ayuda, y la Consejería dice que hay problemas con la documentación y que el número de beneficiarios aumentará. Pero lo cierto es que el umbral de renta exigido está muy por debajo del umbral de pobreza que marca el Instituto Nacional de Estadística (INE). Y eso deja sin beca a muchísimas familias. Contamos con un 30% de pobreza infantil y, para muchos menores, la comida del comedor escolar es la única del día en condiciones. No lo debemos permitir.

–El comedor es clave para la conciliación familiar. Ustedes piden extenderlo a los institutos.

–En Secundaria, ni siquiera hay opción de comedor. ¿Es que cuando un niño pasa al instituto, con 11 o 12 años, ya no necesita comer? Eso también tendríamos que hacérnoslo mirar: que haya comedores o, al menos, se facilite a los alumnos el acceso a alimentos durante la jornada.

–El año pasado, el inicio de curso fue muy complicado por la huelga de las empresas concesionarias del transporte escolar. ¿Cuál es la situación actual?

–Ahora están todas las rutas cubiertas, pero hemos trasladado a la Consejería el problema de los dobles trayectos. Hay autobuses que hacen dos veces el mismo recorrido. Hay alumnos que llegan a sus centros una hora antes del inicio de las clases y vuelven una hora después; otros tienen que esperar que haya asientos libres; otros tienen que cambiar de parada, porque algunas no se hacen... Es algo que va improvisándose. Es intolerable y no ayuda nada al rendimiento escolar. Muchas veces los centros no tienen información. Y, sobre todo, se perjudica a los grupos más vulnerables y se fomenta el absentismo.

–La Plataforma 'Ningún Niño sin ATE' denuncia que en catorce colegios faltan auxiliares técnicos de educación, para temas como higiene, alimentación y desplazamiento. La Consejería lo niega y dice que ha incorporado a 33 nuevos este curso y que hay 1.000 horas más de atención.

–La Consejería sabe que no hay ATE para atender todas las necesidades. En muchos centros no tienen la jornada completa, terminan a la una. Eso impide a algunos niños ir al comedor y obliga a las familias a tener que ir a recogerlos. Hay que dotar los centros de todos los recursos necesarios para ATE, Orientación, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje y garantizar, así, la atención a la diversidad. No podemos dejar a ningún niño atrás. Y es preciso aumentar el personal de apoyo a estudiantes con discapacidad en Secundaria y Bachillerato, para que haya igualdad de oportunidades y una educación inclusiva.