Los regantes se ven otros 4 años con el agua de Ribera

Al trasvasismo le queda como último recurso lo que sentencie el Tribunal Supremo cuando aborde el fondo de los recursos presentados, aunque por lo conocido hasta ahora -el rechazo sistemático de las medidas cautelares para frenar la aplicación de los caudales ecológicos- todo apunta a que prevalecerán los criterios medioambientales sobre los agrícolas. En cualquier caso, lo que haya que modificar -y presumo que no será para trasvasar más- se abordará en el próximo ciclo hidrológico.

En el Ministerio conocido hasta ahora se solapan dos mundos: el que orbita alrededor de la ideología y la política, y otro mucho más práctico habitado por los técnicos y gestores, encargados entre otras cosas de ejecutar el plan de desalación y todo lo que conlleva, con los convenios que firmarán los regantes del Trasvase con Acuamed, todavía pendientes y quizás al albur de la constitución del próximo Gobierno de la nación. Volviendo a Teresa Ribera: quien dice agua, dice Mar Menor, Portmán, Puerto Mayor, etc.

Se ha abierto otra polémica con los trasvases para el abastecimiento de medio centenar de municipios de la llanura manchega (de los que solo 12 tienen convenios para recibir agua). El presidente de los regantes del Trasvase, Lucas Jiménez, está dispuesto a llegar hasta el Tribunal Supremo en contra de la decisión del Ministerio de imputar a los regadíos del Levante los caudales destinados a las poblaciones del Guadiana. Jiménez recalca que no está en contra de que estos municipios reciban agua de la cabecera del Tajo a través de la 'Tubería Manchega', sino que se haga recortando la asignación al regadío, habida cuenta de que la ley prevé una transferencia máxima de 50 hectómetros anuales para el Guadiana, y de 600 para el Segura. Por lo tanto, cada cuenca tiene su asignación, y existen dudas legales de que todo se pueda meter en el mismo paquete, en menoscabo del Levante. En definitiva, más obstáculos a los trasvases para riego.

La ley también especifica que los trasvases se distribuirán en un 25% para los abastecimientos y en un 75% para los regadíos, asegurando siempre al menos 7,5 hectómetros al mes para la población. El Ministerio debe aclarar sus intenciones: si se trata de otro recorte quirúrgico añadido al ya previsto.

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha acuñado el concepto de «deuda hídrica», a su juicio creada por Pedro Sánchez. «A la deuda por la infrafinanciación autonómica se une ahora la deuda hídrica con nuestra tierra y con nuestros regantes y no lo vamos a tolerar», declaró. La 'deuda hídrica' no se compadece con la realidad, más terca y compleja: primero porque Feijóo no va a trasvasar más agua aunque pudiera; segundo porque la cuenca del Segura concentra uno de los mayores polos de desalación que existen; y tercero porque hay muchas poblaciones en otras zonas de España con problemas de abastecimiento debido a la sequía, y que no tienen recursos alternativos como aquí. Amén del cambio climático.