El patinazo del Consell y el lío en el Supremo con el Trasvase

Es justamente lo contrario, advierte el Scrats: este demandó al Supremo que dejara en suspenso todos los escalones de subida de caudales ecológicos, incluido el primero. Tal es así que ha tenido que presentar un escrito a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo advirtiendo de que su demanda es distinta a la del Consell, y solicitando además un Complemento del Auto sobre la decisión que han tomado los magistrados. Asimismo, los regantes sostienen que la Sala no se ha pronunciado sobre la segunda petición: que deje también en suspenso una disposición final del Plan del Tajo que también recoge expresamente la aplicación de los tres escalones de subida progresiva de caudales.

De confirmarse el equívoco (considerar idénticas dos peticiones que no lo son), y de no pronunciarse sobre otra solicitud, tales hechos requerirán una rápida rectificación o aclaración. El asunto puede ser judicialmente arduo, pero tiene una trascendencia importante para el Trasvase Tajo-Segura.

El erróneo camino judicial que tomó el Consell valenciano el año pasado, bajo el gobierno del socialista Ximo Puig, le ha hecho un flaco favor al Trasvase Tajo-Segura. En primer lugar, Ximo Puig aceptó que se subiera el caudal ecológico de 6 a 7 metros cúbicos por segundo, y pidió que se suspendieran los otros dos. La Sala lo rechazó indicando que se trataba de unas previsiones que no se aplicarían hasta los años 2026 y 2027, y que para entonces ya se habría dictado sentencia sobre el recurso principal. Justo un año después (a principios de este mes), llegó dicha sentencia con un varapalo al Ejecutivo valenciano, al señalar los magistrados que aquel no aportó «prueba técnica alguna» sobre su queja de los caudales «que soporte las apreciaciones puramente subjetivas contenidas en la demanda». La sentencia, incluso, iba en dirección contraria y afirmó –ojo al dato– que la fijación de estos caudales se ha realizado «sobre la base de las instrucciones metodológicas y técnicas» marcadas por la Instrucción de Planificación Hidrológica. Resumiendo, el Consell de Puig metió doblemente la pata hasta el fondo y puede haber condicionado los fallos de los demás recursos.

Los regantes de Extremadura se han movilizado para que se revise el Convenio de Albufeira entre España y Portugal, con el propósito de que el país vecino reciba menos agua del Tajo y del Guadiana. Según dicho acuerdo, cada año hay que garantizar la entrada de 2.700 hectómetros del Tajo, pero hay ejercicios en los que se duplica, lo cual obliga a los pantanos extremeños a desembalsar más agua, con unos esfuerzos extraordinarios en los años de sequía, como los actuales, aunque el convenio contempla períodos de excepción. Los regantes extremeños y onubenses reclaman que se revise el acuerdo entre ambos países. Algo que también han solicitado los usuarios del Trasvase. La abundancia de los volúmenes del Tajo que entran en Portugal –ya regulados en la parte española– contrastan con la situación en la cabecera y el recorte de los trasvases a los regadíos del Levante.