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El puerto de contenedores de El Gorguel, sobre el papel una infraestructura estratégica de gran calado socioeconómico para la Región de Murcia, y también para España y la Unión Europea, ha recibido el tiro de gracia por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, a ... través de una resolución que arroja algunos interrogantes sobre el fondo y la forma. De entrada, resulta llamativo que el órgano ambiental despache el proyecto coincidiendo con la salida de la ministra Teresa Ribera, cabeza de lista al Parlamento Europeo. Y ello después de que haya transcurrido la friolera de 14 años –mareando la perdiz– desde que se inició el trámite de evaluación ambiental.
Qué casualidad que justo ahora se resuelva un procedimiento a todas luces kafkiano. ¿Cómo se explica que el trámite y veredicto sobre El Gorguel haya tardado 14 años, y la ampliación de Escombrera tan solo dos años, ya que las resoluciones ministeriales han llegado con una semana de diferencia?
La desgana política, algo de torpeza de los promotores, y la creciente desconfianza en el proyecto por su impacto ambiental –exigía medidas correctoras, pero no imposibles– han prolongado la agonía de El Gorguel, con el PP y el PSOE en La Moncloa. Precisamente la clave para impulsar el proyecto era la declaración de Interés Público de Primer Orden, la cual se debía aprobar en Consejo de Ministros.
Con dicho reconocimiento estatal, El Gorguel habría tenido posibilidades de salir adelante, siempre que las medidas compensatorias fueran las adecuadas –recalco– para reparar la afección medioambiental. (De existir impactos irreparables, no habría más de qué hablar, pero la cuestión radicaba en las medidas correctoras y en la aplicación del régimen excepcional basado en el interés general del puerto). No obstante, dicha declaración no se produjo en la etapa de Mariano Rajoy (la afinidad con el Ejecutivo regional era evidente), y tampoco en la de Pedro Sánchez. Sorprende pues que el Ministerio argumente a estas alturas –como uno de los motivos por los que rechaza el proyecto– que no existe un acuerdo específico del Consejo de Ministros que declare El Gorguel de interés público.
Añade que tampoco se aporta el resultado de la pertinente consulta a la Comisión Europea, otro trámite que se inició supuestamente hace diez años y que no se ha completado, entre líos competenciales y no se sabe qué más.
Una cosa es la dársena de El Gorguel, y otra Barlomar. Son dos proyectos distintos y complementarios para el futuro del Puerto de Cartagena, que es el cuarto en importancia a nivel nacional. Es una pieza importante en el engranaje del Corredor Mediterráneo, y pese a ello, Cartagena sufre el castigo del retraso de las obras de alta velocidad.
El hecho de que también se pongan reparos a la ampliación de Escombreras supone rizar el rizo y estrangular el futuro del puerto de Cartagena. El colmo. Máxime cuando el ministro Óscar Puente dio en diciembre sus bendiciones a la ampliación del puerto de Valencia, brindando con Carlos Mazón. Valencia, el principal competidor de Cartagena, manejará 5 millones de contenedores al año con una nueva infraestructura «ecológica», dijo el ministro, pese al impacto en las playas del Saler, según sus detractores.
Se utilizan distintas varas de medir (véase también la ampliación del puerto de Rottterdam). Puede que El Gorguel tuviera mucho en contra, empezando por los competidores comerciales, pero este desenlace merece algunas explicaciones.
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