El magistrado del 'caso Púnica' procesa a veinte imputados de la trama murciana

Hubo un paso atrás, pero la Audiencia Nacional sigue adelante con el procesamiento de la rama murciana de la 'trama Púnica'. En un auto notificado ayer a las partes, y al que tuvo acceso 'La Verdad', el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, el magistrado Manuel García Castellón, suscribió punto por punto el auto de procedimiento abreviado (PA), el equivalente al procesamiento, que su predecesor -el magistrado Velasco- dictó en febrero del pasado año. En él, el juez instructor enumera todos los presuntos delitos que atribuye formalmente a veinte imputados de la pieza murciana del 'caso Púnica', que quedan de esta manera situados a un solo paso de sentarse en el banquillo.

El magistrado Velasco, entonces instructor de la 'Púnica', ya dictó en febrero de 2017 un auto que concretaba los cargos que pesaban sobre todos los procesados, pero ese escrito fue revocado por la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional al entender que quedaban pendientes aún de realizar una serie de diligencias. Practicadas estas, García Castellón da por finalizada la instrucción de esta causa y reproduce los hechos que ya recogía ese escrito al entender que permanecen inalterados. «Se han practicado y agotado las diligencias de investigación propias de la instrucción en esta pieza separada», remarca el magistrado, que insta al fiscal, al Ayuntamiento de Cartagena, a la acusación popular y a las defensas a formular sus escritos de acusación o exculpación. Para ello, da un plazo de diez días. Si alguna de esas partes decide acusar, como es previsible, todo apunta a que el instructor abrirá juicio oral en poco tiempo.

En su auto, el instructor del 'caso Púnica' dirige formalmente la acusación contra el exconsejero de Turismo e Industria Juan Carlos Ruiz, de quien afirma que autorizó la contratación de los servicios de dos presuntos líderes de la trama, José Antonio Alonso y Alejandro de Pedro, para que le hicieran trabajos de mejora de su reputación en internet. Todo ello en el contexto de la carrera política por suceder a Ramón Luis Valcárcel como candidato del PP al Gobierno regional, en la que competía con el entonces consejero de Educación y posterior presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

Para ello, supuestamente, se simuló un contrato de publicidad para la captación de turistas británicos, cargados al Instituto de Turismo que dirigía Mariola Martínez, y se preparó otro para la promoción de la imagen del Instituto de Fomento (Info), a cuyo frente estaba Reyes Samper. Las supuestas maquinaciones habrían contado con la activa colaboración del jefe de gabinete de Ruiz, Fidel Saura, y del secretario de esa consejería, Jesús Norberto Galindo.

En el mismo 'paquete', el magistrado incluye al exalcalde popular de Molina de Segura, Eduardo Contreras, ya que presuntamente se iba a crear un diario digital en su localidad con cargo al contrato del Instituto de Turismo, también con el aparente propósito de vender una mejor imagen suya en internet.

En el auto, el instructor dedica un apartado expreso a la rama que salpica al Ayuntamiento de Cartagena. En este sentido, el magistrado da por hecho que la exalcaldesa y senadora Pilar Barreiro -cuya pieza se sigue en el Tribunal Supremo- habría contratado los servicios de mejora de su imagen con su amigo José Antonio Alonso y el socio de este, Alejandro de Pedro. Sostiene que habrían abonado 4.840 euros por los trabajos realizados de junio a septiembre de 2014. Un dinero que, presuntamente, se cargó a las arcas públicas de Cartagena, facturado como 'campaña de publicidad Turismo Cartagena 2014'.

Esos trabajos de reputación 'online' habrían consistido en apariencia en la creación de un periódico digital con el propósito de publicar exclusivamente noticias favorables a Barreiro. Aunque el juez no puede actuar contra la hoy senadora, sí procesa a quien era su jefe de gabinete, Francisco Ferreño, y a la funcionaria Mar Conesa, a quienes acusa de participar en el amaño. Su auto se dirige, además, contra un amplio grupo de trabajadores de las empresas Madiva, Duravit, Linkatic y Mistral, vinculadas a José Antonio Alonso y a De Pedro.

En su escrito, el magistrado instructor también hace alusión a los hechos que atañen a la Consejería de Educación, en aquel momento encabezada por el expresidente regional Pedro Antonio Sánchez, aunque deja a este fuera de la lista de procesados. Fue el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia -dada entonces su condición de aforado- el que lo encaminó al banquillo en junio del pasado año por los trabajos de limpieza de la reputación personal que supuestamente concertó en 2014 con dos presuntos líderes de la trama delictiva, De Pedro y Alonso. Más tarde, la causa quedó en manos de este mismo magistrado. García Castellón sí procesa, sin embargo, a quien era su asesor y mano derecha, David Conesa, por presunto fraude y revelación de información reservada.