Luengo se escuda en la mala financiación para justificar el atasco en la tramitación ambiental

«En los últimos años hemos sido testigos de cómo la carga burocrática se ha ido incrementado por las exigencias medioambientales», aseguró. Cualquier proyecto requiere evaluación previa de su impacto ambiental, así como una inspección y un control continuos, que se traduce en una carga de trabajo «bastante importante» para los funcionarios, añadió. Apostó por fórmulas políticas, como las leyes de simplificación que ya hay en marcha, y herramientas telemáticas para agilizar trámites entre administración y administrados.

Al respecto, los técnicos de la Consejería realizaron el año pasado 1.337 inspecciones de control a explotaciones ganaderas en la Región «para garantizar el cumplimiento de las exigencias incluidas en la ley, el bienestar animal, la protección del medio ambiente y la excelencia en la calidad de la carne producida», declaró Luengo. Como resultado de ellas abrieron 103 expedientes sancionadores, según fuentes de ese departamento. La comparecencia parlamentaria del consejero fue a propósito de las declaraciones en diciembre del ministro de Consumo, Alberto Garzón, a un periódico británico sobre la calidad de la carne que exporta España.

Veinte inspectores son actualmente los encargados de hacer todas esas revisiones en las explotaciones. Su trabajo, según Luengo, permiten mantener el control de las autorizaciones, del Plan Nacional de Investigación de Residuos, de las normas de bienestar animal y del sacrificio en mataderos, del uso de medicamentos veterinarios, del transporte de los animales, así como del control de explotaciones ubicadas en zonas vulnerables.

Sin embargo, el consejero dejó sin respuesta las preguntas de la diputada de Ciudadanos Ana Martínez Vidal, quien se interesó por conocer los resultados de esas inspecciones, así como los motivos por los que no aparecen en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes las conclusiones de las revisiones a las 157 grandes granjas que hay en Murcia, como es preceptivo. La exconsejera defendió a los pequeños productores y autónomos del sector para los que pidió agilización administrativa y ayudas económicas. Recordó igualmente que miles de personas residen junto a grandes explotaciones ganaderas y sufren las molestias que estas generan.

Como consecuencia de las preguntas de Martínez Vidal, Luengo informó de que su departamento abrió el año pasado 1.025 expedientes sancionadores por presuntas infracciones medioambientales. No obstante, la diputada le previno por una «dejación de funciones» que «viene de lejos», especialmente en la cuenca del Mar Menor. Y recordó que su antecesor Antonio Cerdá se enfrenta a peticiones de penas de cárcel en el 'caso Topillo' por contaminación en la laguna.

Entre los avances previstos, la Comunidad trabaja en el desarrollo de una herramienta informática que mejore la coordinación con los ganaderos en materia de normativa y autorizaciones. Con ella quiere agilizar los trámites administrativos, la aplicación de mejoras técnicas, la trazabilidad de los subproductos, así como reforzar la transparencia y la participación.

Con el asalto al pleno de Lorca como telón de fondo y asunto recurrente durante toda la sesión, el socialista Fernando Moreno pidió al consejero aprovechar los recursos que la Administración central pone a disposición del sector para su modernización y defendió la gestión del ministro de Agricultura, Luis Planas.

Como ya es habitual en la Asamblea, el lío llegó durante la intervención de la diputada de Podemos María Marín, que además de defender a Garzón, acusó del «asalto trumpista» de Lorca al PP y a la «ultraderecha de Vox». El portavoz popular, Joaquín Segado, exigió la retirada de esas palabras y ella insistió en que «llevaban un mes preparando este asalto». La intervención del presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, hará posible que en el diario de sesiones aparezcan esas afirmaciones precedidas por el término «presuntamente». Aunque Marín no se quedó ahí: también acusó al consejero de hacer «la vista gorda» con empresarios del sector, dijo que los grupos que sostienen al Gobierno defienden los intereses de «don Tomás» y avanzó que presentará en la Asamblea una iniciativa para frenar nuevas «macrogranjas».

Por momentos, los representantes de los grupos Ciudadanos, Popular y Vox llevaron el debate a derivadas de la política nacional, como la influencia del comunismo en nuestra sociedad y los pactos de Pedro Sánchez con separatistas vascos y catalanes.