La Unidad de Control del Padrón de Lorca inspeccionó en el último mes 82 viviendas

La Unidad de Control del Padrón de Lorca ha inspeccionado desde que se puso en marcha hace casi un año 200 inmuebles en los que había empadronadas ocho o más personas. En el último mes los agentes de la Policía Local han visitado 82 viviendas y han identificado a 438 personas, de las que casi el 40% no residían en el domicilio en el que figuraban en el padrón municipal de habitantes.

Lo desveló este jueves la concejala responsable de esta unidad, Belén Pérez, que anunció que tras la incorporación de personal de la Concejalía de Sanidad se han impuesto las primeras sanciones por la insalubridad de cuatro viviendas al detectar en su interior chinches y garrapatas. Los propietarios se enfrentan a multas de 3.000 euros por infracción de la Ley General de Salud Pública.

Pérez explicó que hay abiertos siete expedientes sancionadores por incumplimiento de la ordenanza que regula el padrón municipal de habitantes y los infractores se enfrentan a multas que van desde los 375 a los 3.000 euros.

Se han abierto 18 expedientes de infracción urbanística por la realización de obras sin licencia, por lo que los promotores se enfrentan a una orden de demolición por haber vulnerado el ordenamiento urbanístico vigente, señaló la concejala.

Destacó la coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil que investigan 20 posibles infracciones de la Ley de Extranjería. También se derivó al servicio de catastro 26 expedientes por alteraciones en viviendas o locales, cuatro a Servicios Sociales, 28 al servicio de actividades y obras y cinco a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Hasta el momento, la unidad ha generado la apertura de 95 expedientes de baja de oficio en el padrón y el número de requerimientos supera los 300, entre propietarios y arrendatarios a los que se les ha solicitado que lleven a cabo los trámites necesarios para regularizar su situación.

Según Pérez, estudian dotar a la unidad de más personal para poder actuar con mayor eficacia y resaltó el «importante efecto disuasorio» que ha generado su puesta en marcha porque muchos ciudadanos acuden al padrón a regularizar su situación.

También se plantea la modificación de la ordenanza para ampliar su ámbito de actuación e incorporar nuevas casuísticas no recogidas y aumentar las sanciones por su incumplimiento. El objetivo, aseguró, es «acabar con el modelo de ciudad dormitorio» y por ello el trabajo de la unidad es «continuo», con reuniones de coordinación de los miembros que la integran cada 15 días.

La concejala subrayó el interés que ha despertado la aplicación de la ordenanza en otros municipios de la Región, como Mula, Santomera, Puerto Lumbreras y Totana, y en localidades de comunidades autónomas como Cataluña, Castilla La Mancha y Andalucía, para evitar actividades fraudulentas en el padrón municipal de habitantes.

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