Seis de los ganaderos imputados por el asalto al Pleno de Lorca responden ante la jueza

Solo el letrado de tres de los encausados, Pedro Víctor Montes Sánchez, se detuvo con la prensa a las puertas del juzgado y aseguró que sus clientes «están tranquilos» y que «no hay nada de lo que preocuparse». Reconoció, sin embargo, que «a nadie le gusta estar metido en un procedimiento judicial y menos cuando crees que has actuado correctamente y en defensa de los intereses tuyos, de tu trabajo y de tu familia».

Las declaraciones de este martes ante la magistrada de los implicados en los hechos, investigados por resistencia y desobediencia a la autoridad, se suman a las que realizaron el 13 de junio los siete ganaderos que fueron detenidos y puestos en libertad tras la turba y que están considerados presuntos autores de un delito de desórdenes públicos.

Esos siete investigados fueron identificados por la Policía como parte del grupo de asaltantes que boicoteó la celebración del Pleno en el que se iba a debatir una normativa urbanística más restrictiva para las granjas de porcino. Fueron reconocidos por los agentes tras la exhaustiva revisión de las grabaciones del altercado realizadas por las cámaras de seguridad del edificio del Centro de Desarrollo Local. En aquella ocasión políticos de Vox y del PP acudieron a la puerta del juzgado para respaldar a los comparecientes y a sus familias, aunque esa escena no se repitió durante la jornada de ayer.

La instrucción del caso proseguirá el próximo 8 de noviembre con la declaración ante la jueza de otros cinco investigados más, ya que la citación prevista para ellos, fijada para el pasado el 19 de septiembre, se pospuso hasta esa fecha porque uno de los abogados de la defensa tenía otro señalamiento.

En la causa judicial también declararon el concejal de IU Pedro Sosa, varios agentes de la policía y el presidente de la asociación Adespolorca de ganaderos de porcino, Francisco Román. Esta organización era la promotora de la manifestación de ganaderos de la que se desgajó el grupo de personas que irrumpió en el edificio para boicotear el Pleno.