Preocupación en Doña Inés por el proyecto de una planta de biogás en el Cerro Tornajo

Los vecinos de la pedanía de Doña Inés están de nuevo en pie de guerra tras la nueva amenaza ambiental que se cierne sobre el Cerro Tornajo mientras está en tramitación la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para blindar su protección atendiendo a la singularidad de su ecosistema. A las roturaciones en el yacimiento paleontológico, que fue destruido parcialmente, y a la construcción de explotaciones ganaderas sin licencia se suma ahora el proyecto de construcción de una planta de biometano. Esta se situaría a 1,3 kilómetros del núcleo urbano de la pedanía, explicó en declaraciones a LA VERDAD el presidente de los vecinos de Doña Inés, José Antonio García.

El proyecto promovido por la empresa Biometano Doña Inés SL prevé una inversión de 24,8 millones de euros, la superficie construida será de 19.700 metros cuadrados y tendrá una capacidad de tratamiento máxima de 316.160 toneladas de residuos al año, entre los que se encuentran los purines. La producción de biometano alcanzará los 9,7 millones de metros cúbicos al año, que se inyectarán a la red gasista. Se obtendrán 33.900 toneladas de fertilizante sólido y la regeneración de agua tras el tratamiento de residuos será de 100.800 toneladas, según figura en el proyecto básico consultado por LA VERDAD. Representantes de los vecinos se reunieron ayer con los concejales de Urbanismo y Pedanías, María Hernández y Ángel Meca, a los que mostraron su preocupación por la viabilidad que puede tener este proyecto en una zona que luchan por proteger.

Meca reconoció a este diario que no tenía conocimiento de esta iniciativa, porque los promotores no se han dirigido al Ayuntamiento sino a la Comunidad Autónoma para solicitar la autorización ambiental integrada. No obstante, añadió, una instalación de este tipo está sujeta a la declaración de interés social por parte del Consistorio y «no vamos a concederlo a ningún proyecto que genere conflicto social» como en este caso. «No tiene ningún recorrido», añadió. Explicó que para «ordenar» este tipo de instalaciones el Ayuntamiento impondrá «una serie de condiciones para su implantación» con la participación de los vecinos afectados. De hecho, ya se trabaja en la elaboración de un documento que incluya determinadas condiciones técnicas, según el tipo de planta que se proyecte. Deberán situarse a una distancia mínima de 3 kilómetros de los núcleos rurales, tendrán que presentar itinerarios para el trasiego de camiones que eviten atravesar los núcleos de población y también prevenir el impacto visual en las zonas rurales.

Según Meca, otra de las condiciones será que estas plantas produzcan un beneficio en el entorno donde se ubiquen porque, argumentó, el problema del tratamiento de los residuos como los purines «hay que resolverlo». Añadió que «tenemos que ver nuestras necesidades de tratamiento de residuos» y analizar si son adecuadas en el entorno en el que se proyectan.

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