La pandemia pasa factura al campo

Justificó que las medidas para proteger a los trabajadores han sido prioritarias y han encarecido el coste del producto cuyo precio, sin embargo, ha permanecido estable hasta ahora. Advirtió de que «es hora de poner en valor el esfuerzo del sector agrario de cara a los clientes y que sepan reconocer que hemos estado donde teníamos que estar». Durante la crisis sanitaria, «no hemos valorado si el gasto era más o menos porque lo importante era la salud de las personas y el suministro de alimentos en los supermercados».

Dijo que «hay que incrementar un poco el precio para intentar contrarrestar los gastos que hemos tenido que afrontar» y eso se debería traducir en una subida «de entre un 25% y un 35% dependiendo de si las confecciones del producto son manuales o están más mecanizadas».

Para el presidente de Alimer, «todo el sector ha estado a la altura y el consumidor no ha notado que hubiera desabastecimiento». Aludió a que han tenido que afrontar una situación «muy complicada» y que han realizado una importante inversión para cumplir los protocolos de prevención y seguridad en el trabajo pese a que la producción se vio reducida un 35% al descender el número de trabajadores en los transportes, en las plantaciones y en los almacenes.

Julián Díaz hizo estas afirmaciones durante la visita a la cooperativa Alimer del consejero de Agricultura, Antonio Luengo, y del alcalde, Diego José Mateos, para mostrar su apoyo al sector primario. El consejero dijo que durante la crisis provocada por el coronavirus «hubo un momento en que los cooperativistas no miraban el precio, lo importante era recolectar y garantizar el suministro de alimentos en los lineales de los supermercados. Nadie ha mirado si había que hacer un sobreesfuerzo para poder garantizar el transporte o las inversiones en las instalaciones para proteger a los trabajadores». Añadió que es el momento de «intentar devolver» ese esfuerzo y «esas grandes inversiones» que han tenido que realizar.

El alcalde también puso de relieve el «importante esfuerzo económico» efectuado por las empresas agroalimentarias para adaptar sus instalaciones a las nuevas exigencias sanitarias con el fin de evitar la propagación del virus.