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Unas 200 familias damnificadas por los terremotos de 2011 están dispuestas a encerrarse desde el día 11 en la sala de cabildos del Ayuntamiento, como ya lo hicieron en 2018, para reclamar a las administraciones el pago de las ayudas pendientes para el alquiler o ... la reconstrucción de sus casas. Cuando han pasado más de 12 años desde la catástrofe, los gobiernos de España y Murcia aún les adeudan un millón de euros. «Me siento como un náufrago en una isla, nadie nos hace caso», lamentó José Luis Méndez, uno de los afectados. Dijo que «esto no va de partidos ni de bandos, va de ciudadanos y no queremos luchas políticas, sino la solución». Derribaron la casa de sus padres por los graves daños causados por los terremotos y su madre murió sin poder ver finalizada la nueva vivienda. Pese a que la obra terminó hace seis años y justificaron los gastos, todavía no han recibido el dinero.
El portavoz de la coalición IU-Podemos-Alianza Verde, Pedro Sosa, compareció ayer en el Ayuntamiento con un buen número de afectados y dijo que, como la madre de Méndez, muchos damnificados han muerto sin poder ver reconstruidas sus casas y «continuaron pagando préstamos, pólizas o rehipotecas hasta que fallecieron», pese a que cumplían todos los requisitos y se amoldaron a los procedimientos marcados para poder cobrar el dinero.
Sosa criticó la «injustificable lentitud y descoordinación» entre las administraciones autonómica y estatal, que «deberían estar más atentas a un colectivo tan amplio de gente sencilla, cuya calidad de vida se ha visto mermada por esta ineficiencia política». Recordó que las ayudas tenían carácter de pago anticipado y que los afectados presentaron hace años toda la documentación que acreditaba que habían terminado las obras. A pesar de ello «siguen presos de la burocracia», lamentó.
Los Presupuestos Generales del Estado de 2022 incluyeron una partida de 45.000 euros para terminar de abonar las ayudas para el alquiler a 13 familias y los de este año incorporaron otra de 900.000 euros para liquidar el pago de las ayudas de reconstrucción pero los damnificados no las han cobrado, afirmó Sosa.
Otro de los afectados, Pedro Miñarro, confirmó que los vecinos se han unido en una plataforma y que no se van a rendir hasta que consigan su objetivo. Balbina Piqueras consideró que «merecemos un respeto, queremos cerrar heridas y pasar página». Relató que su marido falleció hace ocho años sin haber percibido el dinero y afirmó que «no nos pueden pedir que tengamos más paciencia, ya hemos tenido bastante. Queremos que nos den lo que se nos concedió».
El alcalde, Fulgencio Gil, expuso que «no hay excusa» para que no se paguen las ayudas y criticó la «lentitud» del Gobierno central. Pese a que carece de competencias en este asunto, el Ayuntamiento está «haciendo lo posible por desbloquear la situación» y requerirá la colaboración de todas las administraciones.
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