El Ayuntamiento exigió ayer al Ministerio para la Transición Ecológica el desbloqueo de los proyectos para construir las presas de laminación de las ramblas de Nogalte, Béjar y Torrecilla y el canal de evacuación de la de Biznaga, planificados tras la inundación de San Wenceslao de septiembre de 2012 con el fin de reducir el impacto de nuevas crecidas. El alcalde, Fulgencio Gil, dijo que es «un insulto» el argumento del Ministerio de que el retorno económico de las inversiones no está justificado. Para Gil esas infraestructuras hidráulicas son «el salvavidas» de los vecinos de pedanías como Campillo, Torrecilla y Purias, ante futuras DANA.
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El alcalde afirmó que el Ayuntamiento no consentirá que siga habiendo «proyectos aparcados» y anunció que recurrirá a «protestas, manifestaciones, a la solicitud de reuniones con el ministro y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS)», además de «abrir los frentes jurídicos que creamos oportunos» para el «desbloqueo inmediato» de las obras.
El PSOE calificó de «oportunismo repugnante» la declaración pública de Gil y el concejal José Luis Ruiz cuestionó su «pertinencia en un momento en que la Comunidad Valenciana y Albacete sufren las consecuencias de la DANA». Afirmó que el PP conoce que los proyectos de la rambla de Biznaga y la presa de Béjar «están en proceso de desbloqueo» gracias a la labor de la Confederación Hidrográfica del Segura, que ya presentó una propuesta que fue inicialmente rechazada por la Consejería de Medio Ambiente.
El alcalde advirtió además ayer de que la CHS ha establecido una zona de potencial riesgo de inundación en un tramo de más de cinco kilómetros en las pedanías de La Escucha y Purias que afecta a más de 300 propiedades catastrales. Aseguró que este anuncio fue publicado el 2 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado y que el plazo para presentar alegaciones finaliza el 3 de diciembre. Censuró que los afectados no hayan sido informados de esta nueva delimitación que les afecta mediante notificaciones individuales.
Por ello el Ayuntamiento va a abrir de inmediato en la Concejalía de Urbanismo una oficina de atención al ciudadano para asesorar a los afectados a la hora de presentar sus alegaciones ante la CHS. Gil manifestó también que esta nueva figura de la zona de potencial riesgo de inundaciones es en realidad una «expropiación encubierta» de terrenos, que se suma a las afecciones en propiedades de la huerta que han quedado marcadas por otras figuras de restricción urbanística como las zonas de flujo preferente. Estas limitaciones dejan inutilizadas esas tierras y van a causar pérdidas millonarias para los propietarios. «Compartimos la preocupación del Ministerio para la Transición Ecológica» por delimitar las zonas de riesgo pero «hay que hacerlo con garantías», manifestó. Con carácter previo «necesitamos que haya un deslinde del dominio público hidráulico que marque con claridad cuáles son los cauces naturales» de las ramblas de la Torrecilla, Alta, Barranco de Burruezo, Béjar, Biznaga y Nogalte para «garantizar la seguridad jurídica de los vecinos de esa zona de huerta. Para el regidor frente a esa opción la solución alternativa y más viable «es construir las presas que paren las riadas» y que la CHS proceda a la limpieza y dragado de las ramblas y a la eliminación de la vegetación que invade los cauces.
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