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La Concejalía de Consumo de Lorca alertó este viernes del aumento en las reclamaciones por cambios de compañía en electricidad y gas derivados de llamadas comerciales engañosas que confunden a los consumidores. La concejala Belén Díaz aseguró que «muchos usuarios nos consultan tras haber cambiado de compañía sin ser plenamente conscientes de las condiciones de los nuevos contratos».
La concejala hizo balance de la actividad de la Oficina Municipal de Consumo (Omic) en los últimos seis meses en los que los ciudadanos presentaron 437 reclamaciones y realizaron más de 1.100 consultas. Subrayó que este servicio municipal consigue resolver la mayoría de las reclamaciones de forma favorable para los ciudadanos y evita que tengan que recurrir a la vía judicial.
Dijo que la Omic «juega un papel fundamental» en la protección de los derechos de los consumidores ya que facilita la búsqueda de soluciones, traslada los expedientes a los organismos competentes o los remite a la Junta Arbitral de Consumo de la Región de Murcia. En el último semestre se celebraron diez audiencias de arbitraje en la sede de Lorca.
Según la edil, los consumidores lorquinos recuperaron un total de 50.000 euros en devoluciones, anulaciones de deuda, cambios de aparatos, cancelaciones de contrato y reparaciones en garantía durante este periodo. Añadió que esta cifra «podría incrementarse considerablemente» ya que la mitad de los expedientes tramitados están aún en proceso de resolución.
El sector servicios concentró la mayoría de las reclamaciones, con 321 expedientes, incluyendo academias de enseñanza, seguros, préstamos, servicios financieros, suministros básicos, transporte y hostelería. Las reclamaciones sobre productos y bienes sumaron 115 expedientes, entre los que destacan problemas con muebles, ordenadores, electrodomésticos, telefonía, vehículos, textil, calzado, vivienda, juguetería y librería.
Se resolvieron 114 expedientes por reclamaciones relacionadas con problemas en la telefonía móvil, fija e internet, electricidad, gas y agua y 39 relacionados con servicios financieros y préstamos personales o hipotecarios. Otros 32 casos estaban relacionados con seguros de hogar, vida, vehículos, viajes y aparatos electrónicos.
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