Las granjas porcinas deberán situarse a 1,5 kilómetros del núcleo de las pedanías de Lorca

El Ayuntamiento tiene previsto aprobar, en un pleno que se celebrará este mes, una modificación parcial del Plan General de Ordenación Municipal para impedir la construcción de granjas porcinas a menos de 1,5 kilómetros del núcleo urbano y periurbano de las pedanías. Esa misma distancia separará las explotaciones ganaderas de edificios públicos como colegios o consultorios médicos. Lo adelantó a LA VERDAD el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Luis Ruiz, que explicó que con esta modificación de la norma el Ayuntamiento quiere acabar con el «agravio comparativo» que ha afectado a las pedanías respecto al casco urbano en la conciliación del uso ganadero y residencial del suelo. Hasta ahora, la normativa urbanística solo contemplaba esa distancia de kilómetro y medio para las granjas respecto al casco urbano, pero no respecto a los núcleos habitados de las pedanías, donde la separación mínima es de mil metros. «Queremos equiparar las distancias, para que los residentes de las diputaciones no se sientan vecinos de segunda».

El Ayuntamiento ha celebrado durante los últimos meses mesas de diálogo con representantes del sector ganadero y con los vecinos, con el fin de conseguir el mayor consenso «y buscar el equilibrio» entre sus posiciones antagónicas. Los ganaderos defienden la importancia estratégica de su sector en la economía local, mientras los vecinos de las pedanías rechazan tener que convivir con los malos olores y las molestias de las explotaciones intensivas de porcino. Diversos colectivos vecinales emprendieron hace años una cruzada contra la proximidad de las granjas a sus casas y han protagonizado manifestaciones y concentraciones para hacerse oír. Están agrupados en tres colectivos: Stop cebaderos junto a viviendas, Espartaria, tierras altas y Salvemos El Consejero.

Junto a la distancia mínima a viviendas también es objeto de controversia la ampliación de las granjas ya existentes. El Ayuntamiento negociará con el sector los supuestos en los que se podrán ampliar las granjas, en función de la tipología de la explotación y del entorno natural o social en el que se ubiquen. «Tenemos que ir marcando objetivos», dijo Ruiz, que señaló que «no se puede criminalizar al sector ganadero, porque es fundamental para la comarca» pero consideró necesaria una regularización del tema de las granjas, que permita garantizar la tranquilidad de los vecinos que residen en las pedanías, y para eso son necesaria unas «reglas de juego claras y sin agravios comparativos».

Con estos cambios urbanísticos el equipo de gobierno (PSOE-Cs) también cumple un compromiso electoral, explicó el concejal socialista, que criticó que el anterior ejecutivo municipal del PP «no quisiera enfrentarse al problema y solo se limitara a echar balones fuera». Reconoció que «no es fácil» conseguir el equilibrio entre las exigencias vecinales y las del sector, pero afirmó que hay que «abordarlas, ponerlas encima de la mesa y llegar a acuerdos» entre las partes.

IU-Verdes apoyará en el Pleno la iniciativa del equipo de gobierno, según anunció a LA VERDAD la concejal Gloria Martín. Su grupo municipal ha ejercido el activismo en esta causa en los últimos años apoyando las reclamaciones vecinales. IU ha sido el partido más crítico con las ampliaciones de las granjas en las pedanías del norte y considera que esa práctica es una amenaza al entorno natural. «Creemos que la modificación urbanística es un avance significativo para blindar las poblaciones y permitirá a los vecinos diversificar su economía de forma sostenible», dijo Martín.

Citó como ejemplo la pedanía norteña de Doña Inés donde los vecinos quedarían «sitiados» por las explotaciones ganaderas si los empresarios del sector que han adquirido terrenos en los últimos meses para construir granjas porcinas llevan a cabo sus planes. «El modelo ha cambiado, ya no son los pequeños cebaderos de toda la vida, son explotaciones industriales». Añadió que esa actividad ganadera en los pueblos es «insostenible».

Las protestas vecinales por la proximidad de las granjas a las viviendas se iniciaron de forma organizada en 2004 cuando 200 vecinos de las pedanías altas se manifestaron ante las puertas del Ayuntamiento para denunciar la proliferación de cebaderos junto a sus casas. El entonces alcalde, Miguel Navarro, del PSOE, se comprometió con los afectados a revisar la normativa vigente. Anunció la creación de una comisión tripartita con vecinos, ganaderos y técnicos municipales para llegar a acuerdos, aunque no llegó a materializarse en aquel momento.

No fue hasta 2016 cuando, bajo el gobierno del Partido Popular, se constituyó una mesa de conciliación de los usos ganadero y residencial del suelo en la huerta de Lorca, en coincidencia con el aumento de las protestas y de la presión vecinal.