El gobierno local desiste de ejercer la acusación particular por el asalto al Pleno de Lorca

Añadió que los dos policías locales que habían reclamado responsabilidad civil por las agresiones sufridas durante el asalto van a llegar a un acuerdo con la defensa de los investigados para resarcir esa responsabilidad con una indemnización, por lo que «es más innecesaria aún la presencia del Ayuntamiento» en el procedimiento como parte denunciante.

El caso se ha instruido en el Juzgado de Primera Instancia número 7 y su anterior titular, Cristina Ojados, decidió en febrero prorrogar seis meses más el plazo porque aún no se habían practicado las diligencias acordadas en plazo. A solicitud de la Fiscalía, en junio prestó declaración en calidad de investigado Francisco Román, expresidente de Adespolorca, una de las entidades organizadoras de la manifestación de ganaderos que terminó en el asalto al edificio municipal en el que se iba a celebrar el pleno. Román ya había declarado como testigo el 5 de abril de 2022. También declaró el mes pasado como testigo Pedro Díaz Jódar, el conductor del vehículo de megafonía que anunció por la ciudad y las pedanías la manifestación en los días previos por encargo de los convocantes. Estas últimas declaraciones se han realizado ante el juez Patricio Arribas, que sustituye en el juzgado número 7 a Ojados. Arribas ha finalizado la instrucción un año y medio después de su inicio mediante auto de transformación en procedimiento abreviado y ha dado traslado a las partes para que formulen sus escritos.

Una de las partes ha recurrido el auto y, además, la Audiencia Provincial debe resolver todavía un recurso de apelación presentado por el abogado Pedro Montes, que representa a tres de los investigados, para que se repitan las declaraciones que realizaron ante la jueza el 7 de noviembre cuatro ganaderos. Él no pudo asistir a los interrogatorios por un juicio en otra provincia aunque no se suspendieron las declaraciones y «se vulneró el derecho de defensa de mis representados». Si se estima el recurso «lo hecho después se tirará a la basura, habremos perdido un año y medio», dijo a LA VERDAD. Aseguró que la sentencia por este caso se puede demorar cuatro o cinco años.