El laberinto burocrático de las ayudas

El doble terremoto de 2011 pulverizó las áreas residenciales del casco urbano de Lorca y casi 2.000 familias perdieron su casa. Sin reponerse del 'shock', tuvieron que enfrentarse a un nuevo calvario para reconstruir o reparar sus hogares: el de la burocracia.

Los seísmos afectaron al 80% del parque inmobiliario de Lorca, generaron 33.200 partes de siniestro y obligaron a demoler 1.798 viviendas. El Consorcio de Compensación de Seguros abonó a los damnificados 487 millones de euros en concepto de indemnizaciones, pero ese dinero no cubrió todos los daños y los que no tenían seguro no fueron indemnizados.

Con los escombros aún en las calles, se creó una Comisión Mixta formada por el Gobierno central, el regional y el Ayuntamiento para valorar y cuantificar las subvenciones que se iban a otorgar para reconstruir y rehabilitar, para el alquiler por necesidades de realojo y para reponer enseres. En la última década ese organismo ha aprobado subvenciones por 80,9 millones de euros cofinanciadas al 50% por los Gobiernos de España y Murcia. Se han resuelto hasta el momento 16.078 expedientes de solicitud, el 99,86% de los presentados por los damnificados.

Al margen del sector público, la sociedad civil se volcó con la ciudad, a la que llegó un importante caudal de donaciones económicas de empresas y particulares. Conciertos y pruebas deportivas sirvieron para recaudar fondos. Se creó la Mesa Solidaria, integrada por el Ayuntamiento y las ONG para canalizar esas ayudas, que alcanzaron los 6,8 millones de euros y que llegaron a 4.000 familias.

El dinero sirvió para adelantar el alquiler a los damnificados que tuvieron que ser realojados mientras esperaban las subvenciones públicas. También se atendieron las necesidades básicas de familias excluidas de los decretos de ayudas e incluso se financiaron prótesis para los heridos.

La gestión de las ayudas para reconstruir provocó las quejas de los damnificados desde el primer momento. La Asamblea de Afectados por los Terremotos convocó manifestaciones para exigir a las administraciones la agilización de los trámites y esas protestas permitieron aprobar nuevos decretos de simplificación.

Para 5.307 familias, las ayudas públicas supusieron el inicio de una maraña burocrática en la que algunas aún siguen atrapadas. El proceso de justificación de ese dinero, 32 millones de euros, se inició en 2017, seis años después de los terremotos. La Comunidad Autónoma remitió cartas a los beneficiarios en las que les daba unos días de plazo para demostrar documentalmente el uso dado al dinero y les instaba a su devolución con intereses en caso contrario. Muchos de ellos no disponían ya de las facturas y en otros casos las empresas que realizaron las obras habían desaparecido.

Una ley aprobada 'ad hoc' en la Asamblea Regional en 2018 pareció poner fin al conflicto al simplificar al máximo la justificación de las ayudas y prorrogar un año el plazo para acreditarlas, pero en octubre de ese año los damnificados comenzaron a recibir requerimientos de embargo de sus cuentas corrientes y de sus viviendas por no haber devuelto las ayudas. Cerca de 600 decidieron luchar unidos en la Plataforma de Afectados y medio centenar de ellos se encerraron una semana en el Ayuntamiento para exigir la devolución de las cantidades embargadas, la paralización de los expedientes de reintegro, el archivo de las ayudas prescritas y la aplicación de la ley aprobada meses antes que permitía justificar el uso dado al dinero mediante un procedimiento simplificado. Los embargos fueron paralizados.

En abril de 2020, el Gobierno regional zanjó con un decreto-ley el proceso burocrático de las reparaciones y en noviembre comunicó por carta el archivo de los expedientes. El 6 de mayo, en vísperas del aniversario, aprobó otro decreto para archivar los de reconstrucción y liquidar la cuestión de forma definitiva.

Alfonso Lizarán recibió 9.500 euros para reparar su casa y tuvo que devolverlos años después con un 40% de recargo. Destinó la mitad de su pensión a pagar en cuotas mensuales de 560 euros los 14.000 que le reclamó la Comunidad porque si no lo hacía «me quitaban la casa», reconoce. Acaba de saldar la deuda y ha perdido en todas las instancias judiciales pese a que asegura haber acreditado la ejecución de la obra con facturas.

Neva Victoria Struch, comerciante, está arruinada. Los daños en su tienda fueron tasados en 47.000 euros, recibió 5.600 del Consorcio de Compensación de Seguros y 8.000 de la ayuda pública. Los 33.000 restantes corrieron de su cuenta mediante la ampliación de la hipoteca de su casa y de un préstamo personal.

La Administración regional le reclama 14.000 euros porque las facturas aportadas no tienen validez. Sigue a la espera de que su caso se resuelva en los juzgados. «Mi abogado me da pocas esperanzas pero si hace falta iré al tribunal europeo porque no es justo».

Hipólita Lafuente, de 90 años, ha recuperado la alegría desde que le notificaron hace dos meses que su expediente estaba cerrado. «Su caso fue muy injusto porque tenía factura, solo que pagó en efectivo porque así se lo pidió la empresa que realizó la obra y debería haberlo hecho mediante transferencia», explica su sobrina, María Dolores Quiñonero. Le han reintegrado hace unas semanas el dinero que ella devolvió con intereses.

No ha tenido tanta suerte Beatriz García. Su expediente recurrido sigue abierto y bajo amenaza de embargo si no devuelve a la Administración los 12.000 euros de ayudas y otros 2.000 en concepto de recargos e intereses de demora. Su vivienda sufrió daños muy graves porque «cedieron las vigas centrales», pero no pudo justificar una parte de las ayudas porque la empresa que realizó la obra se disolvió.

Pese a que la mayoría de expedientes de solicitud de ayudas presentados a la Comisión Mixta están resueltos, quedan algunos casos puntuales que solventar, como el abono de alquileres a damnificados de los seísmos que necesitaron realojo ante el estado de ruina en que quedaron sus casas. Es el caso de Domingo Lázaro, al que las administraciones le deben 8.000 euros. «Soy pensionista, parte del dinero se lo debo a un familiar y lo tengo que devolver», asegura.

Cuando el proceso está casi concluido, la portavoz de la Plataforma de Afectados, Gloria Martín, concejal de IU-V, se muestra «satisfecha porque la unión y la perseverancia de los vecinos ha hecho que las administraciones se dieran cuenta de que hay que adaptar las normas a la realidad». Reconoce que la complejidad de la reconstrucción «desbordó todas las previsiones, hubo buena intención por solucionar el drama pero la realidad nos comió a todos».

Para Martín, se han solucionado la mayoría de los casos; el 15% de los expedientes han quedado sin resolver, pero «lo considero un éxito». Alaba la «sensibilidad» del exconsejero de Fomento, Patricio Valverde, que puso todo de su parte para facilitar la justificación de las ayudas, labor que ha continuado su sucesor, José Ramón Díez de Revenga, hasta dar «carpetazo definitivo» al proceso.

Díez de Revenga reconoce también que el proceso «no ha sido fácil». Explica que «nuestra prioridad era solucionar el complejo entramado administrativo y legal que regulaba esas enrevesadas subvenciones cuya normativa estatal y amplia casuística complicaba su tramitación y resolución definitiva».

Para el consejero de Fomento, los cambios legislativos adoptados por el Ejecutivo regional, así como la simplificación administrativa, han sido claves para cerrar el capítulo de las ayudas tras «demasiado tiempo abierto».