Una veintena de damnificados por los terremotos de 2011 negaron este martes que se haya resuelto el pago de las ayudas por alquileres para el realojo y reconstrucción de sus viviendas tras el abono en junio de los 900.000 euros que adeudaba el Estado.
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Reunidos en el Ayuntamiento aseguraron que ese dinero no ha llegado a todos y recordaron que la Administración central les sigue debiendo otros 230.000 euros más para los que ni siquiera hay consignación presupuestaria.
Por eso los afectados piden que el Ayuntamiento les adelante esa cantidad de fondos municipales y luego la reclame al Estado, para terminar con el sufrimiento y la indefensión que dicen padecer 13 años después.
Balbina Piqueras, que aún no tiene resuelto su expediente para el abono del alquiler durante dos años, aseguró que «mientras haya una persona sufriendo y luchando no es justo que digan que todo ha terminado» y añadió que «es increíble que tengamos que seguir empujando a la Administración más cercana para que ande» en defensa de sus intereses. Reclamó al Ayuntamiento «empatía», porque «ha vivido nuestro sufrimiento», para que «dejemos de sentirnos víctimas».
Otro de los afectados, Antonio Ibáñez, reconoció que «queremos descansar, es agotador, pero tenemos que seguir luchando». En su caso hay dos expedientes abiertos por reconstrucción, uno como heredero de la casa de su madre, ya fallecida, y otro en representación de su tía, de 82 años. «Nos deben el 50% de la reconstrucción y alquileres, hay préstamos detrás», a los que quieren poner fin con el pago de las ayudas que les adeudan.
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El portavoz de IU-Podemos-AV, Pedro Sosa, que acompañó a los damnificados, resaltó que «las familias se han sentido muy dolidas con las últimas declaraciones» del alcalde, Fulgencio Gil, y del consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo, cuando afirmaron que «sus problemas se habían solucionado». Decenas de ellas, lamentó, siguen presas de la burocracia.
Aseguró que «es intolerable que 13 años después no se cierre de una vez por todas este episodio» y pidió a Gil que «se vaya a Murcia y a Madrid y no vuelva hasta que no tenga atada una solución definitiva al problema para el 100% de las familias afectadas».
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Sosa afirmó que decenas de damnificados han muerto sin poder ver reconstruidas sus viviendas o pagando préstamos, pólizas y rehipotecas ante la «injustificable lentitud y descoordinación» de las administraciones estatal y regional.
En el Pleno municipal de junio el PP y Vox presentaron una moción para reclamar al Gobierno central que apruebe una modificación presupuestaria para poder saldar los 230.000 euros pendientes a los damnificados.
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La Comunidad mueve ficha
La directora general de Arquitectura y Vivienda de la Comunidad Autónoma, María Dolores Gil, participó este martes en Madrid en una reunión multilateral con técnicos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en la que reivindicó las ayudas pendientes para los damnificados del terremoto. Gil explicó que tras haber abonado en junio los 900.000 euros en ayudas pendientes «aún quedarían por pagar 26 expedientes» que «se corresponden con casos con errores que se están subsanando o de titulares que han fallecido y en los que sus descendientes están haciendo el cambio de titularidad».
Estos casos suman indemnizaciones por 233.168 euros que corresponde pagar exclusivamente al Estado y que afectan a 47 beneficiarios. La directora general señaló que «la Administración regional ha cumplido tras haber contabilizado y pagado las cantidades mencionadas y es hora de que el Gobierno de Pedro Sánchez haga lo propio y ultime los pagos de los expedientes pendientes». La Consejería de Fomento ha pedido al Ministerio que acelere al máximo la transferencia.
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