Condenan a Lorca a 1,1 millones por los convenios urbanísticos «trampa»

El concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Lorca, Fulgencio Gil, informó de que la problemática provocada por los convenios urbanísticos "trampa" en Suelo Inadecuado para el Desarrollo Urbanístico (SIDU), aprobados en solitario por el PSOE en 2005, sufrió un nuevo e importante revés en los últimos días, al recibir el Consistorio la noticia de una nueva sentencia condenatoria en firme que acarrea un golpe de 1.108.867,20 euros contra los lorquinos.

Esta condena procede del convenio firmado en su momento con Gran Hábitat de Valladolid SL y Grupo Riquelme, que se suponía que se desarrollaría en la diputación de Zarcilla de Ramos, sobre una superficie de 80 millones de metros cuadrados y estando previsto que se construyeran hasta un máximo de 14.274 viviendas.

Gil explicó que el trabajo legal en este asunto por parte del Ayuntamiento "ha centrado sus objetivos en reducir la cantidad que tenía que devolver a los promotores, así como ahorrar en la condena que se le imponía por intereses y costas, logrando con su labor un ahorro cercano a los 150.000 euros, recibiendo una condena testimonial en costas".

El edil de Economía anticipó que desde el Ayuntamiento se solicitó el establecimiento de un plan de pagos que permita el abono de esta condena de forma fraccionada a lo largo de un periodo de 5 años, ya que es la única alternativa posible.

"De otra manera, el Consistorio no podría encajar el varapalo económico que conlleva el abono de estas cantidades de un solo golpe, quebrantando profundamente la estabilidad económica y financiera de todo el Ayuntamiento y afectando a los servicios municipales que esta institución presta a los ciudadanos", explicó.

El concejal de Economía informó, además, de que, "como las malas noticias nunca vienen solas, a la nueva condena de 1,1 millones se ha sumado en los últimos días la interposición de una nueva demanda por parte de los promotores de otro convenio urbanístico más, concretamente el rubricado en su momento con la mercantil Comercial Ryszards, que exige ahora que se le devuelva un total de 1.482.095".

"Estamos hablando de una operación que se previó ejecutar en la pedanía de Almendricos, sobre una superficie superior a los 2,7 millones de metros cuadrados y suponiendo la construcción de más de 5.000 viviendas", añadió.

Gil señaló que, dada la sentada jurisprudencia establecida por los tribunales sobre la devolución de las cantidades de estas operaciones urbanísticas, el Ayuntamiento trabajará igualmente en ahorrar el máximo posible a las arcas municipales, reduciendo el impacto económico que supondría cargar con intereses y costas judiciales derivadas de estos procesos.

El concejal manifestó que los convenios urbanísticos constituyen "el mayor problema del Ayuntamiento en estos momentos, viéndose empeorada la situación de forma paulatina", y quiso dejar constancia de que la información sobre la nueva condena y la interposición de otra demanda contra el Ayuntamiento por este asunto llegó al Consistorio "coincidiendo con el desarrollo de la reciente campaña electoral, pero no se ha querido hacer pública hasta hoy para evitar interferir en la opinión pública".

"Se trata de una decisión adoptada dentro de la línea de moderación y objetividad que el Gobierno municipal mantiene al respecto, trasladando, eso sí, toda la información a todos los lorquinos", concluyó.