La Ley de Restauración de la Naturaleza pone en guardia al campo por sus posibles restricciones

El sector ve el futuro reglamento como otra vuelta de tuerca del Pacto Verde Europeo y de la estrategia de La Granja a la Mesa. A falta de conocer la redacción final del documento, las organizaciones agrarias consideran, 'a priori' que los objetivos son muy estrictos, con un endurecimiento de la agenda verde europea. Coag Región de Murcia ha solicitado que se paralice la tramitación en Bruselas hasta que se conozcan las consecuencias reales en el campo; mientras que UPA coincide en que las restricciones serán mayores en aquellas zonas con algún grado de protección en las que se desarrolle alguna actividad agropecuaria. El hecho de que no se conozcan las consecuencias reales que tendrá en el campo, hace que el sector se encuentre más preocupado y a la defensiva.

El nuevo reglamento, que se considera una de las iniciativas más ambiciosas de la UE en materia de biodiversidad, ha provocado un duro debate en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, que se encuentra totalmente dividida. A favor de la ley están el Grupo Socialista Europeo, liberales y otros partidos de izquierdas, con el apoyo de asociaciones ecologistas; y en contra se han posicionado el Grupo Popular Europeo, nacionalistas y euroescépticos, que respaldan la postura del sector agrícola y tratan de vetar el reglamento. En la sesión del pasado jueves se produjo un primer empate de 44 votos a favor y 44 en contra, aunque se sigue votando debido a que hay más de 300 enmiendas parciales. El resto se volverá a votar el día 27, y entonces se conocerá el borrador, que pasará a los demás órganos comunitarios.

El Grupo Socialista Europeo señala que no se penaliza al sector agro e indica que se ha suprimido el recorte del 10% del regadío en el territorio de la Unión, como figuraba en los primeros documentos. La norma será aprobada previsiblemente durante la presidencia española del Consejo de la UE. El objetivo de esta propuesta de reglamento, que se presentó hace justo un año, consiste en recuperar los ecosistemas degradados en toda la UE y, en particular, aquellos que tienen mayor potencial para capturar y almacenar carbono. Establece que los Estados miembros deberán poner en marcha medidas de restauración que, en conjunto, cubran, para 2030, al menos el 20 % de las zonas terrestres y marítimas de la Unión y, para 2050, todos los ecosistemas que necesiten restauración, indica el Ministerio para la Transición Ecológica.

Marca asimismo una serie de objetivos específicos para la restauración de ecosistemas terrestres, costeros y de agua dulce; ecosistemas marinos y urbanos; conectividad de ríos y de las funciones naturales de las llanuras de inundación; poblaciones de insectos polinizadores; ecosistemas agrícolas y forestales. Igualmente, incorpora la obligación para los Estados miembros de desarrollar planes nacionales de restauración para implementar las obligaciones de la norma.

Si esta ley se aprueba, los gobiernos nacionales deberán promulgar leyes que protejan todos los hábitats y, probablemente, no solo aquellos que estén incluidos en la Red Natura 2000. La Comisión Europea considera urgente actuar porque la naturaleza sufre «un declive alarmante» con más del 80% de los hábitats en mal estado de conservación. Estima asimismo que el 70% de los suelos se encuentran en «condiciones insalubres» y que las tierras de cultivo están «severamente erosionadas», lo cual acarrea unas pérdidas de productividad agrícola de 1.250 millones de euros al año.

El presidente regional de Coag, José Miguel Marín, se reunió el lunes en San Javier con el eurodiputado del Grupo Popular Juan Ignacio Zoido, a quien solicitó que se paralice la nueva ley, así como otros reglamentos comunitarios que introducen «trabas insalvables para la actividad agraria».

El eurodiputado socialista murciano Marcos Ros Sempere señala que no todo el Grupo Popular Europeo se opone a este reglamento. Aconsejó esperar a la redacción final porque, recalcó, «se dicen muchas cosas que no son ciertas, como que se van a cargar los costes de restauración a los sectores agrícola y pesquero. No es así, sino que lo asumirán los organismos públicos». Indica que también se ha suprimido la medida con la que se pretendía eliminar el 10% de la superficie agrícola. «La agricultura no sufre con esta ley, que solo incide en los espacios que están protegidos, como la Red Natura 2000. Hay ayudas previstas al sector agrícola para adaptarse al cambio climático, se pretende eliminar la erosión que sufren los suelos y fomentar la polinización», añade Ros.

Los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea respaldaron ayer esta ley, a la cual han agregado flexibilidades adicionales en su aplicación nacional, informa EP. A pesar de ser todavía insuficiente para España, se ve como un paso adelante. «El texto que hoy tenemos delante está por debajo de lo que a nosotros nos hubiera gustado y aún así es un paso adelante significativo que permitirá seguir trabajando y sumando voluntades», manifestó la ministra Teresa Ribera.

La orientación general ha salido adelante con un apoyo mayoritario de los Veintisiete, aunque Polonia, Italia, Finlandia y Suecia han votado en contra al aludir «profundas preocupaciones» en la aplicación nacional de la norma; mientras que Austria, Bélgica y Países Bajos se han abstenido. «No hay nadie en esta sala que tenga problemas graves con la propuesta, lo cual es una extremadamente buena noticia», dijo el vicepresidente para el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans. Y añadió estar entristecido por la batalla política generada en torno a la ley a raíz del rechazo del Partido Popular Europeo.