El TSJ lamenta «las querellas meramente propagandísticas» de algunos partidos políticos

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Miguel Pasqual del Riquelme, criticó, durante su intervención en el acto de apertura del año judicial, la instrumentalización que se hace de la administración. Concretamente se refirió al «uso interesado y meramente táctico que de la jurisdicción penal hacen en ocasiones tanto partidos políticos y asociaciones constituidas a su sombra, como particulares que se arrogan unilateralmente la defensa del interés público».

Remarcó que «lo hacen unas veces mediante la interposición de denuncias y querellas meramente propagandísticas, cuya vida útil se agota en la fotografía de los denunciantes ante la puerta del juzgado con la denuncia sellada en sus manos». Y en otras ocasiones, precisó, «mediante la sistemática personación en actuaciones penales, instrumentalizando el ejercicio de la acusación popular para desgastar al rival político y mantener viva en el tiempo una imputación que es luego esgrimida como munición en la lucha partidista».

Con su «actitud justiciera impostada», lamentó Pasqual del Riquelme, los denunciantes «hacen un uso indebido y abusivo de los tribunales y consumen en su propio y a veces espurio interés los siempre escasos recursos y energías del sistema judicial».

El presidente del TSJ también hizo alusión en su intervención al bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y advirtió de que esta situación tiene consecuencias negativas en el día a día de los juzgados murcianos.

Según precisó, «de las cinco plazas judiciales de nombramiento discrecional por el CGPJ, dos tienen ya vencido el plazo de nombramiento (las presidencias de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia desde los meses de marzo y junio, respectivamente), lo que nos aboca a una anómala situación de interinidad». A ello se suma, explicó, que el próximo diciembre, la jubilación del magistrado de designación autonómica dejará incompleta, con solo dos magistrados, la Sala Civil y Penal del TSJ, sin posibilidad de provisión de dicha plaza hasta que se produzca la renovación del CGPJ.

«La experiencia nos demuestra que el sistema democrático presenta una gran fortaleza cuando afronta ataques externos, pero que es al tiempo muy vulnerable cuando son las propias instituciones o quienes las encarnan las que dejan de creer en ellas mismas, las instrumentalizan o las someten a intereses o procedimientos ajenos a los cauces decisionales preestablecidos por el ordenamiento jurídico», remarcó. «No debería ser necesario recordar a nuestros legisladores y a los partidos políticos la dimensión procedimental que está en la esencia del sistema democrático. Ni la ideología, ni la oportunidad política deberían alterar dichos cauces, tiempos y procedimientos. Eso, en Democracia, simplemente no puede ser».

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