El 'caso Koldo' salpica al cartagenero que preside Puertos del Estado

La mención a Rodríguez en las diligencias del 'caso Koldo' es circunstancial, pues no ocupaba este cargo durante el aparente fraude en la compra de mascarillas en marzo de 2020, en plena pandemia de covid-19, ya que el presidente era Francisco Toledo. Tampoco ha sido vinculado con la red delictiva por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Pero la defensa del contrato de 20 millones de euros, por 8 millones de tapabocas, que Rodríguez Dapena hizo en febrero de 2022 ante la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) desembocó ayer en la destitución de Álvaro Sánchez Manzanares como secretario general del organismo portuario. El presidente de Puertos del Estado aseguró que este organismo público no había «tenido relación alguna» con varias compañías de la trama y con el empresario Víctor de Aldama, el comisionista compinchado con Koldo.

Pero el ministro Óscar Puente apartó ayer a Sánchez Manzanares, tras desvelar 'El Mundo' que la respuesta oficial de Rodríguez Dapena a la Onif se contradice con la documentación intervenida por la Guardia Civil y afirma que la cúpula de Puertos del Estado mintió. Correos electrónicos y mensajes de WhatsApp prueban que Sánchez contactó con Aldama y otros investigados.

Al no relevar a Rodríguez, el ministro vino a respaldarlo, al entender quizás que fue engañado por su subordinado. Pero Puente, quien reclamó sin éxito la dimisión de Ábalos como diputado del PSOE por su responsabilidad política al no vigilar a Koldo (el exministro se pasó al Grupo Mixto), ha encargado una investigación interna.

«La elección como proveedor de la mercancía adquirida no se debió a la participación de estas mercantiles y persona señalada como intermediarios, de los que se desconocía su existencia hasta la fecha o su posible vinculación con la mercantil adjudicataria. Todo lo relacionado con el expediente de contratación indicado se llevó a cabo exclusivamente con la mercantil Soluciones de gestión y apoyo a empresas SL», indicó Rodríguez Dapena a la Onif, una entidad de la Agencia Tributaria, integrada a su vez en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Así consta en el sumario judicial, al que ha tenido acceso LA VERDAD.

Precisamente, la titular de este ministerio, María Jesús Montero, afirmó ayer en el Senado que «los contratos fueron legales y los procedimientos, correctos». Y, como respuesta a las peticiones de dimisión del PP, trató así de limitar a Koldo –a quien Ábalos situó como vocal del Consejo Rector de Puertos del Estado–, el escándalo: «Es evidente que una persona se ha aprovechado de la relación de confianza para su beneficio propio en el peor momento de la pandemia; una persona presuntamente miserable se ha aprovechado del dolor y de la situación durante la pandemia».

En todo caso y aunque el secretario general de Puertos del Estado no está imputado, Puente decidió su cese por «pérdida de confianza». Esto coloca a Álvaro Rodríguez en la situación más incómoda desde que la exministra Raquel Sánchez lo nombró presidente, en noviembre de 2021. Ello, sin contar la toma de declaración que, según varios medios, agentes de la UCO realizaron a personal de Puertos del Estado y en la que él habría estado presente. Este diario pidió información a Puertos del Estado y al Ministerio, pero no respondieron. Saura ha negado tajantemente cualquier relación con la trama y haber planeado enchufar al hermano de Koldo.

En el plano judicial, juega a favor de Álvaro Rodríguez Dapena que la UCO lo descartó como «intermediario» de la trama corrupta, y en concreto de Víctor de Aldama (presidente del Zamora CF y mediador en el rescate estatal a Air Europa por 475 millones de euros). Señaló como tal al hasta ayer secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares. Los agentes dudaron de Rodríguez por un pinchazo telefónico a Koldo, al que se oye usar el apelativo «Alvarito». La Guardia Civil centró sus sospechas en Sánchez por una conversación con Koldo y porque firmó una «Declaración de usuario final» sobre las mascarillas.

La gestión de Rodríguez está en vuelta en la polémica también por la justificación del contrato de las mascarillas ante el Tribunal de Cuentas. Según 'La Razón', en 2022 este emitió un informe según el cual Puertos del Estado contrató a Soluciones de gestión y apoyo a empresas SL sin acreditar su solvencia técnica. Además, se acogió a la normativa de emergencia por la covid-19 para no pedir ofertas a otras compañías. Sí lo hicieron Adif y Correos.