'El Karateka' provoca un altercado en la Audiencia al enfrentarse a la fiscal

El presidente de la Sala, el magistrado Abdón Díaz, lo ha cortado de raíz cuando el procesado ha negado a voz en grito que fuese el poseedor real de las 12 casas repartidas por la Región de Murcia en las que la Policía se incautó de 281 kilos de marihuana y de más de 300.000 euros en metálico. Según él, dinero procedente de un préstamo que le habían hecho para montar una empresa de cobros.

Después pidió disculpas al hacer uso de su derecho a la última palabra y negó que el arsenal de armas y municiones hallado en uno de esos domicilios, por el que también está procesado, fuese suyo.

También desmintió las afirmaciones de la fiscal, Maribel Neira, que le atribuye un sofisticado entramado de dispositivos de seguridad en una casa para controlar los movimientos en torno a ella.

Para el procesado, a nadie se le habría ocurrido hacer eso de haber tenido relación con ese domicilio, situado frente a su casa en la pedanía murciana de Aljucer, y solo se limitó a instalar una cámara de seguridad en esta última por la ola de robos que se había producido en la zona.

También criticó en varias ocasiones a la fiscal por oponerse a la práctica de las pruebas que a lo largo de los dos años que lleva en prisión han presentado sus abogados para acreditar su inocencia.

Al negar que liderara ninguna organización criminal, indicó que en entre los números de teléfono de su móvil no figuraba ninguno de los demás investigados por los mismos hechos.

También negó que esté tras las amenazas que un testigo protegido y otras personas aseguran que han recibido como intimidación.

Para la fiscal, en 'El Karateka' coinciden todas las circunstancias personales que aconsejan que siga en prisión más tiempo, como riesgo de fuga, historial delictivo y gravedad de los hechos por los que está procesado, por lo que se ha opuesto a que la abandone previo pago de fianza, por elevada que esta fuera.

En la vista, su defensa y la de otros ocho implicados en la conocida como 'Operación Pitón', se han opuesto a esa prórroga, aunque la fiscal ha explicado que no se opondría a la salida bajo fianza y con medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la personación periódica en los juzgados para quienes no ocupaban puestos elevados en la presunta organización criminal.