La Justicia prepara un plan de choque por la suspensión en un mes de unas 3.500 diligencias

Otorgar la máxima prioridad a las jurisdicciones social, mercantil y civil, cuyos órganos judiciales podrían llegar a ser reforzados incluso con magistrados y personal procedente de otros juzgados y salas, es una de las principales medidas de choque que se están diseñando ya desde el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) con el objetivo de superar, en el menor plazo posible, los perniciosos efectos de todo tipo que se van a derivar de la crisis del coronavirus. Así lo avanzó a LA VERDAD el presidente de esta institución, Miguel Pasqual del Riquelme, quien señaló que desde la declaración del estado de alarma se viene trabajando intensamente para tratar de impedir que los juzgados y tribunales murcianos, muy sobrecargados desde hace décadas, acaben totalmente colapsados cuando esta situación de excepción se supere definitivamente, en las próximas semanas o meses.

La consideración de «prioritarios» que se pretende otorgar a los órganos judiciales de esas jurisdicciones social, civil y mercantil se justifica, en palabras de Pasqual del Riquelme, por la necesidad de atender con particular interés «a las situaciones más sensibles» que sin duda se derivarán de esta crisis, como son las que afectarán a los trabajadores y empresas más castigados por la ralentización de la actividad económica, que se traducirá en miles de demandas por despido, reclamaciones de cantidad, litigios con la Seguridad Social, concursos de acreedores, pleitos entre mercantiles, reclamaciones a las aseguradoras...

Tales medidas tienen su base, así, en la voluntad de otorgar una respuesta relativamente rápida a todas esas situaciones y contribuir a resolver, en la medida de lo posible, las situaciones sociales más acuciantes.

Pasqual del Riquelme aseguró que, desde su responsabilidad institucional, también es partidario de seguir avanzando en el proceso de hiperespecialización de los jueces «por materias», que ya se inició hace unos años y que tiene uno de sus más vivos reflejos en los juzgados especializados en las cláusulas suelo. Estos órganos se han desvelado capaces de resolver miles de asuntos –por ser muy parecidos entre sí, por no decir prácticamente idénticos– en unos plazos sensiblemente más reducidos que si las demandas estuvieran repartidas entre todos los juzgados de Primera Instancia, que tienen que atender a cuestiones muy diversas.

Aunque otras posibles medidas de choque se escapan de su competencia y entran de lleno en el ámbito legislativo, el máximo representante de los juzgados y tribunales murcianos abogó por acometer reformas normativas en distintos ámbitos, como serían las que permitirían actuar sobre la llamada 'litigiosidad masa'. Con ello sería posible resolver en bloque pleitos muy similares en su contenido, como los de las cláusulas suelo, con decenas de miles de asuntos atascando los juzgados, o los que previsiblemente se derivarán en los próximos meses de las reclamaciones por el índice de referencias de los préstamos hipotecarios (IRPH).

También apostó el presidente del TSJ por impulsar la oralidad de las resoluciones, de manera que estas se puedan dictar 'in voce' en la misma sala de vistas y no sea necesario incluir en las sentencias una amplia motivación si no van a ser objeto de un recurso, como ocurre con todas las que ahora se cierran por conformidad entre las partes.

Partiendo del principio que establece que cualquier crisis, por dura que sea, es siempre una oportunidad, Pasqual del Riquelme cree que se deben aprovechar estos malos momentos para acometer importantes reformas en el funcionamiento de la Administración de Justicia, con el objetivo de lograr una mayor eficacia y agilidad en su respuesta. Esto va a ser fundamental en los próximos meses si se tiene en cuenta que, con la suspensión decretada para todos los actos procesales que no son urgentes, la Administración de Justicia en la Región va a aplazar en este primer mes bajo el estado de alarma más de 3.500 juicios y comparecencias que ya estaban señaladas. Un enorme volumen de trabajo que vendrá a sumarse a unos juzgados y tribunales que, en su inmensa mayoría, ya arrastraban un importante atasco antes de esta crisis.

Para paliar en la medida de lo posible este aluvión de actuaciones pendientes que caerá sobre los juzgados cuando se levanten las restricciones por el coronavirus, la plantilla de magistrados, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios sigue trabajando estos días, muchos de ellos desde sus domicilios, e incluso se están dictando y notificando sentencias y otras resoluciones, aunque ahora los plazos para las partes no corren.

Del mismo modo, se han constituido grupos de trabajo y análisis de jueces de lo civil, penal, social y contencioso, que están tratando de unificar criterios de actuación para resolver asuntos similares y dar respuesta uniforme a las nuevas situaciones que se avecinan. «El Estado de Derecho no cierra; se adapta», advierte el presidente del TSJRM, quien asegura que todos están «trabajando, produciendo y aprendiendo de esta situación nueva».

Pese a todo, admite que por muchas medidas que se puedan ir adoptando, «va a ser durísimo para la Justicia en todas las comunidades, pero particularmente en la Región de Murcia» por el importante déficit de medios humanos y materiales que ya venía arrastrando.

Pero los esfuerzos del TSJ en estos días no solo se centran en preparar la estructura judicial para encajar el golpe que tenga que llegar, sino que en estas tres primeras semanas ya se han asumido algunas medidas de urgencia para evitar la parálisis de sistema judicial y garantizar la respuesta a los asuntos más urgentes. Así, con la plantilla de 1.600 funcionarios se han establecido unos turnos rotatorios de unos 200 empleados, que son los que se podría decir que están «en sus puestos», aunque con las últimas restricciones una parte de ellos trabaje virtualmente desde sus domicilios.

El resto están localizados en sus domicilios, teletrabajando igualmente con asuntos pendientes de sus juzgados, aunque por razones de seguridad y de protección de datos confidenciales existen por el momento importantes restricciones de acceso al sistema de gestión procesal, el denominado Minerva. Esa circunstancia está impidiendo que se pueda trabajar virtualmente –'en remoto'– con la misma libertad que desde los despachos y dependencias oficiales, aunque Pasqual del Riquelme afirma que se están buscando fórmulas para permitir un acceso más amplio.

Para otras soluciones y medidas de mayor alcance habrá que estar, como afirma el presidente del TSJ, a la espera de lo que se decida a nivel nacional.