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Juan José López Pacheco, fundador de Terra Fecundis, en Marsella. afp

La Justicia francesa multa con más de 80 millones de euros a la empresa murciana Terra Fecundis

El tribunal de Marsella condena a la entidad por fraude en los contratos de trabajadores agrícolas extranjeros

ep

Murcia

Viernes, 10 de junio 2022, 12:16

La Justicia francesa condenó este viernes a la empresa murciana Terra Fecundis a pagar más de 80 millones de euros (85 millones de dólares) por fraude en los contratos de trabajadores agrícolas extranjeros en violación de las normas laborales.

El tribunal de Marsella, que tenía que fijar ahora los intereses civiles, condenó a la empresa a abonar esta cantidad millonaria a la seguridad social para «reparar el perjuicio financiero», provocado por no abonar las cotizaciones y contribuciones sociales debidas. «Es una decisión muy satisfactoria pero también frustrante porque los trabajadores agrícolas que no se atreven a actuar por miedo a represalias no obtendrán una reparación directa», dijo el abogado del sindicato CFDT, Vincent Schneegans.

De 2012 a 2015, Terra Fecundis envió a más de 26.000 trabajadores agrícolas, oriundos en su mayoría de Ecuador y de otros países de Sudamérica, a propiedades agrícolas del sur y del sureste de Francia. «Se trata del caso más importante de fraude a la seguridad social juzgado en Francia», aseguró el abogado del organismo Urssaff para la región Provenza-Alpes-Costa Azul, Jean-Victor Borel, durante el proceso en mayo de 2021.

El 8 de julio, la Justicia ya condenó a la empresa, oficialmente con sede en Murcia (sureste de España), a 500.000 euros de multa por «dumping» laboral. A tres dirigentes se les impuso 100.000 euros de multa y una pena de cuatro años de prisión en suspenso. A la compañía se la condenó por incumplir la legislación europea sobre trabajadores desplazados, que permite a empresas a enviar a su personal a otro país europeo para misiones limitadas en el tiempo.

Aunque Terra Fecundis pagó a estos trabajadores con el salario mínimo francés, abonó sus cotizaciones sociales en España, donde son un 40% inferiores, por lo que esta mano de obra resultaba más barata y rentable para los agricultores franceses. El juicio sacó además a relucir las precarias condiciones laborales de los temporeros. A algunas de las explotaciones las llamaban «Guantánamo», en referencia al centro de detención estadounidense en Cuba, o «La Cárcel», señaló el presidente del tribunal en la audiencia.

«Las cotizaciones fueron pagadas en España»

Tras conocer la condena, Terra Fecundis sostuvo que «este es un tema político entre los gobiernos español y francés, que deberán resolver entre ambos». En un comunicado, la empresa señaló que «las cantidades que reclama la Administración francesa ya fueron pagadas en España en tiempo y forma, en los términos fijados por la normas comunitarias de coordinación de los sistemas de seguridad social».

«Nosotros siempre hemos cumplido escrupulosamente con la normativa española, francesa y comunitaria. Si los órganos judiciales europeos en los próximos años finalmente ratificasen oficialmente en última instancia esta decisión, deberá ser el Estado español quien abone cualquier cantidad a Francia, ya que no es posible a una empresa pagar dos veces en dos países distintos», indicó Terra Fecundis. Además, la firma consideró que «esta sentencia no añade absolutamente nada nuevo» y sigue «esperando a que se pronuncien los órganos comunitarios superiores, lo cual es de esperar que aún pueda demorarse años».

La firma anuncia que recurrirá y reclama al Estado que intervenga

Los socios de Terra Fecundis ya planean recurrir la sentencia. El abogado Sergio Marco, que se encarga de la defensa de uno de los socios de la firma, avanza la decisión y sostiene que «nos parece un verdadero atentado a principios de la Unión Europea porque esas cantidades fueron pagadas a la Seguridad Social Española». Tras conocer la decisión del tribunal francés, esta parte subraya que «entendemos que la abogacía del Estado o la de la seguridad social española debería intervenir en el proceso para hacer valer las cotizaciones sociales de los trabajadores en España, que es el lugar donde residían los trabajadores donde han cobrado sus prestaciones y han recibido su asistencia sanitaria».

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