La Justicia considera irregular el servicio de Podología de los centros de mayores del IMAS

Los usuarios de los centros sociales de personas mayores Cartagena I, Molina de Segura y Murcia II, dependientes del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), se quedarán durante meses sin podólogo a raíz de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Murcia que obliga a cambiar el actual modelo con que se ofrece el servicio, por no ajustarse a lo fijado en la ley. El fallo da así la razón al Colegio de Podólogos de la Región, que interpuso un recurso contra los procesos de licitación en estos tres centros. Pero las implicaciones de la resolución judicial pueden ir más allá, porque el resto de centros sociales de personas mayores del IMAS -17 en total- ofrecen esta atención exactamente en los mismos términos, haciendo uso de una fórmula que para el Contencioso Administrativo vulnera de manera flagrante la Ley de Contratos del Sector Público.

El IMAS adjudica el servicio de Podología mediante la figura del denominado contrato administrativo especial. Fija la tarifa que el profesional cobra a los pacientes, establecida en un máximo de 12 euros por consulta, y le cede el espacio para que pueda prestar la asistencia. En la sentencia, el juez subraya que el cobro directo del profesional al usuario es incompatible con el contrato utilizado, y recuerda además que la podología «es un servicio sanitario», lo que también impide que pueda ofrecerse a través de esta fórmula contractual. El Colegio, que ha estado representado ante el Contencioso por el abogado Paulo López-Alcázar, denuncia que el IMAS equipara la podología con los servicios de peluquería o cafetería que pueden encontrarse en estos centros.

Aunque este modelo es común a los 17 centros sociales de personas mayores del IMAS, fuentes de la Consejería de Familia e Igualdad señalan que, por el momento, solo se anularán los contratos en Cartagena I, Molina de Segura y Murcia II, dado que la sentencia se circunscribe a estos tres procesos de licitación (los impugnados por el Colegio). El IMAS «ha iniciado los trámites administrativos para resolver esos contratos», explican estas fuentes. «En este momento, se ha solicitado a los tres adjudicatarios que nos remitan la estimación de perdidas para fijar la indemnización. Una vez efectuado este trámite, se resolverá el contrato y el servicio dejará de prestarse en esos centros», detallan. A partir de ese momento, «el IMAS procederá a una nueva licitación, respetando e incluyendo todas las prescripciones que se contienen en la sentencia».

Esto significa que pueden pasar meses hasta que Molina de Segura, Cartagena I y Murcia II recuperen el servicio de Podología. La Consejería no aclara, además, qué fórmula utilizará para volver a ofertar esta atención. En la sentencia, el juez insta a «prestar a los residentes el servicio de otra manera, bien mediante un servicio de concesión administrativa o bien mediante la contratación de un profesional podólogo, o bien en régimen ambulatorio».

El Colegio Oficial advierte a la Consejería de que, a la luz de la sentencia, no tendrá más remedio que modificar el modelo actual en los 17 centros de mayores del IMAS. «Si no lo hacen, tendremos que ir impugnándolos uno a uno», lamenta Andrés Jesús Márquez, presidente de la institución colegial.

Los profesionales denuncian que, con el modelo tumbado por el Contencioso Administrativo, el IMAS ha ofrecido durante años un servicio sanitario sin asumir costes y vulnerando la legislación. «Somos sanitarios, y se nos tiene que contratar como tales», advierte Márquez, que recuerda que el IMAS sí tiene a fisioterapeutas en plantilla. Pero la Administración no solo se ha ahorrado la contratación de podólogos, sino que incluso ha sacado un beneficio, ya que durante años cobró un canon del 10% de las tarifas que se cobraban a los pacientes. El canon ha sido eliminado de las últimas adjudicaciones tras un recurso presentado por el Colegio.

Los precios cobrados a los pacientes, de 12 euros como máximo por un servicio básico de quiropodia (corte, limado de uñas y delaminación de callos y durezas), son considerados por el Colegio una «competencia desleal», ya que el precio de mercado no baja de 20 euros. La Consejería de Familia, sin embargo, subraya que el objetivo de estas tarifas es «facilitar el acceso de las personas mayores a este servicio», especialmente las más desfavorecidas.

La Administración defiende la legalidad del modelo utilizado y añade que «todos los centros en los que se presta este servicio cuentan con la correspondiente autorización sanitaria». Recalca, además, que «las ofertas de licitación garantizan la libre concurrencia».