Por una Justicia de calidad

Hoy, por primera vez en la historia de nuestro país, los jueces y fiscales de España estamos en huelga. En junio de 2017, en lo que constituyó un hito único, las cuatro asociaciones judiciales elaboraron un catálogo de medidas y propuestas esenciales para la necesaria mejora de la Justicia. Fueron suscritas por más de 1.200 Juntas de Jueces, y algunas Salas de gobierno de Tribunales Superiores de Justicia, contaron con la adhesión a título individual de más de 3.500 jueces y magistrados, y asumidas por las tres asociaciones de fiscales.

El objeto de las propuestas es reforzar tres pilares fundamentales del sistema judicial: 1. La independencia judicial. 2. La modernización de la Administración de Justicia. 3. Las condiciones profesionales de jueces y fiscales.

En relación a la independencia judicial, de forma unánime, venimos reivindicando, desde largo tiempo atrás, la necesidad de acabar con la percepción de politización de la Judicatura, que se ha inoculado, como un mal virus, en gran parte de la sociedad española. Exigimos que se reforme el sistema de elección de los vocales del CGPJ que provienen de la carrera judicial, y que se reponga el sistema primario que se estableció en 1980, en virtud del cual los jueces y magistrados, mediante voto emitido libremente, elegían a sus representantes. Este sistema fue fulminado en 1985, haciéndose célebre la frase 'Montesquieu ha muerto'. Principio de división de poderes que fue rematado en el año 2012, cuando se anuló toda forma de participación de los jueces en la designación de vocales, que desde entonces viene siendo realizada exclusivamente por el poder legislativo. Además, se ha de incrementar y reforzar la independencia del Ministerio Fiscal al que se ha de dotar de autonomía presupuestaria propia.

Respecto a la modernización de la Administración de Justicia, es urgente y necesario que se determine y apruebe un plan de inversión suficiente y prolongado en el tiempo destinado a conseguir un servicio público que asegure una respuesta judicial de calidad, rápida y eficaz, pues solo así se garantiza el pleno ejercicio de los derechos fundamentales. Debe incrementarse el número de jueces y fiscales, equiparando la ratio a la media europea, pues nos encontramos en los puestos de cola, en comparación con los países de nuestro entorno, siendo necesarias convocatorias de, al menos, 250 plazas anuales, en los próximos cuatro años.

Este incremento de recursos humanos debe conllevar la correspondiente ampliación de la planta judicial, que debe elevarse para afrontar la excesiva litigiosidad existente, dado que en los últimos tiempos el número de nuevas unidades judiciales creadas ha sido muy escaso. El propio CGPJ ha puesto de manifiesto que más de 730 unidades judiciales tienen una carga de trabajo superior al 150% de la que razonablemente podrían asumir.

Ha de mejorarse la implantación del expediente judicial electrónico para que constituya una verdadera herramienta útil y adecuada para el correcto ejercicio de la función jurisdiccional, y no un lastre que entorpezca, diariamente, la labor de jueces y fiscales, a los que se les ha de dotar de los medios técnicos apropiados para el ejercicio de su función, optimizando la utilización de las nuevas tecnologías. Y, en tanto no se establezcan los recursos personales y materiales necesarios, exigimos la suspensión o derogación del sistema de plazos máximos de instrucción establecido en el año 2015.

Por último, en relación al reforzamiento de las condiciones profesionales de jueces y fiscales, es urgente establecer unas cargas máximas de trabajo que garanticen una actuación judicial de calidad, y que permitan implantar, en caso de ser superadas, medidas preventivas que salvaguarden la salud de los afectados. También reclamamos la recuperación del régimen de vacaciones y permisos de antes de la reforma de 2012, así como la equiparación al resto de miembros de la Función Pública, en el ejercicio de determinados permisos y licencias, como el de paternidad, sin que esté justificado el trato discriminatorio que vienen sufriendo jueces y fiscales.

Y demandamos la convocatoria de la mesa de retribuciones, ante el flagrante incumplimiento por parte del Ministerio de su constitución, para la revisión y actualización de las retribuciones de la carrera judicial y fiscal, para adecuarlas a la responsabilidad propia de la función jurisdiccional, en aspectos tan esenciales como la remuneración de la función de guardia, la recuperación de los derechos económicos perdidos con los recortes salariales del año 2010 y la dignificación de la pensión de jubilación.

Estas propuestas han sido comunicadas hasta la saciedad a las autoridades que, constitucional y legalmente, tienen atribuidas las competencias para su aprobación e implantación, y, si bien en un primer momento todas ellas fueron acogidas, las tibias reuniones realizadas no han dado el resultado esperado, por lo que, ante lo que consideramos una situación ya insostenible, los jueces y fiscales, desde el pasado 5 de abril, hemos decidido realizar una serie de paros semanales (durante los últimos cuatro jueves) de una hora, para poner de manifiesto el crítico estado de la Administración de Justicia. Paros que, ante la falta de respuestas concretas, han culminado con la realización de una jornada de huelga en el día de hoy. Por una Justicia de calidad.