La jueza de la tragedia de Atalayas descarta otra vez investigar a cargos municipales

Ya lo hizo en marzo del pasado año y vuelve a insistir. La jueza de la tragedia de Atalayas tiene claro que la actuación del Ayuntamiento de Murcia en el incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros, en el que fallecieron 13 personas, no fue determinante. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia descarta la petición de una de las acusaciones particulares para que fuesen citados como investigados varios responsables municipales. «Habiéndose descartado por ahora que la actuación administrativa tuviera una relación causal con el incendio», argumenta la magistrada, estas declaraciones no proceden.

La jueza, concretamente, da carpetazo a la petición de una de las partes para que pasasen por el juzgado, en calidad de investigados, el jefe del servicio técnico de Obras y Actividades, el jefe del servicio de Prevención de Incendios y la jefa de la sección de Disciplina -que instruyó expedientes por falta de licencias a Fonda Milagros-, entre otros.

En mayo de 2024 la jueza ya desestimó abrir una pieza separada sobre la responsabilidad de políticos y técnicos. Rechazó la solicitud de algunos familiares, quienes presentaron ante la Audiencia Provincial un recurso, pendiente de resolver. Según la jueza, que ahora deberá decidir sobre la querella, la intervención municipal «puede calificarse como más o menos afortunada, pero no es manifiestamente o clamorosamente ilegal». La instructora deja clara su decisión, aunque expone que ésta se aplicará «sin perjuicio» de lo que, en su caso, pueda acordarse una vez resueltos esos recursos.

Esta no es la única petición que la magistrada ha descartado en los últimos días. La jueza niega además la petición de otra de las acusaciones particulares que exigía que se ordenase a las compañías aseguradoras que consignasen de manera inmediata la cuantía indemnizatoria que cubra todos los daños y perjuicios generados las víctimas y familiares de los mismos.

El letrado José Manuel Muñoz -que representa a cuatro de las trece víctimas del trágico incendio- ya denunció hace unos meses que estas compañías «han concertado unos seguros ruinosos que no garantizan la actividad asegurada». La instructora recuerda la fase procesal en que se encuentra el procedimiento y remarca que «no se les puede obligar a las compañías aseguradoras a consignar cuantía indemnizatoria en forma de pago, hasta que no conste que efectivamente son deudoras previa condena en sentencia penal».

La jueza descarta, asimismo, abrir una pieza separada por un presunto delito de estafa contra estas compañías, como había solicitado una de las acusaciones particulares. «Es sabido», subraya, «que no se admite por nuestra jurisprudencia investigaciones introspectivas».

En un auto, al que LA VERDAD ha tenido acceso, la jueza además cierra la puerta a la personación del sindicato Manos Limpias como acusación popular. La personación de este grupo ya se rechazó en noviembre de 2023, pero el sindicato recurrió. La jueza recuerda que en este caso la actuación municipal no está bajo la lupa -al menos de momento- y subraya que «no se puede contemplar la existencia de una víctima colectiva, grupal y difusa» que justifique la presencia de esta acusación.

La jueza del 'caso Teatre' ha denegado, además, en los últimos días la petición realizada por UGT para que se solicitase a las discotecas el listado de trabajadores que estaban dados de alta el día del incendio y se indagasen las condiciones en las que estos prestaban su labor. La magistrada considera suficiente las indagaciones realizadas por la Policía en este sentido y subraya que no existen «por ahora indicios de que hubiera más, siendo sus manifestaciones suficientemente ilustrativas para con los hechos, en los que precisamente lo que se investiga son las medidas de seguridad existentes y no la legalidad o no en su contratación». Esos hechos, incide, deberían, en todo caso, indagarse en un proceso aparte.

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